18.04.10
IMANOL VILLA |
El Correo
Entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX se organizó un movimiento cuyo principal objetivo era acabar de una vez por todas con los privilegios de Bilbao
En 1795, con la firma de la Paz de Basilea, el ejército revolucionario francés abandonó el País Vasco. Atrás quedaban unos meses llenos de tensiones, contradicciones, traiciones, patriotismo y penoso realismo. La invasión de las tropas de la Convención había puesto en evidencia el tan preciado mecanismo foral de defensa del territorio. Un desastre total. La falta de previsión, la poca profesionalidad de los mandos, la escasa implicación de la población y las prisas con las que se intentó hacer frente a la invasión hicieron que el Ejército Foral se pareciera más a una caricatura soldadesca que a una fuerza seria y consistente para defender el territorio. Y es que todo fue un cúmulo de despropósitos que se concretó en negativas al reclutamiento, deserciones masivas, falta de material militar, escasez de médicos... Vizcaya fue la excepción en todo este desaguisado, ya que llegó a armar a más de 5.200 hombres. Todo un logro para un territorio de 116.000 almas que no sirvió para nada. Semejante espectáculo de improvisación e ineficacia constante se completó con la obra destructiva de los franceses que, a la postre, disparó de tal forma el gasto público que situó al País Vasco y sobre todo a Vizcaya al borde de una seria y preocupante crisis económica.
Nobleza rural
El aumento de la deuda obligó a revisar el sistema fiscal con la finalidad de aumentar la recaudación. Pero, ¿cómo? y ¿a quién? Para la burguesía mercantil, que fue la que inicialmente se salió con la suya, no cabía la menor duda: los jauntxos tenían la obligación de cargar con la mayor parte de los gravámenes fiscales. Sin embargo, la situación cambió a finales de 1797 cuando entró en escena un prohombre del Señorío llamado Simón Bernardo de Zamácola. Liderados por él, la nobleza rural propuso una revisión del sistema impositivo. Tras duras discusiones, en las que no faltaron ni amenazas ni coacciones, los comerciantes bilbaínos se avinieron a aceptar la imposición de un sistema fiscal encaminado a gravar los intercambios mercantiles. ¿Cómo había sido posible que Bilbao cediera a las presiones de los jauntxos? El responsable había sido Zamácola que amenazó a la villa con revisar los libros del Consulado, pues había conseguido un permiso de la Corona para poder hacerlo. Y claro, «como esto repugnaba tanto a los comerciantes, dixeron que querían más bien consentir los nuevos arbitrios», escribió Murga el particular cronista de lo que por entonces ocurrió.
Lejos de tranquilizarse los ánimos, la tensión aumentó con el paso del tiempo. En 1800, con el objeto de recaudar un donativo para el rey, las Juntas Generales votaron una prórroga de los impuestos, lo cual sentó muy mal a Bilbao. Era un insulto y una humillación. ¿Hasta cuándo debían de pagar ellos una deuda que consideraban era de todo el Señorío? No se quejaban sin fundamento. La presión fiscal que sufría la villa había provocado una retracción de la actividad comercial muy seria. Sin embargo, las protestas de los comerciantes bilbaínos no fueron tenidas en cuenta. Detrás de aquella desesperante situación estaba Zamácola, quien no tardó en dar su golpe de gracia. En 1800, propuso acabar de una vez por todas con el poderío económico de Bilbao. Para ello planteó la construcción de un nuevo puerto a orillas de la ría que habría de recibir todos los privilegios que hasta ese momento ostentaba en exclusiva la villa. La propuesta fue un auténtico mazazo. Por vez primera en la historia, Bilbao estaba en peligro.
«Yugo insoportable»
La voz de Zamácola sonó desafiante y poderosa en las Juntas. «Tiempo es ya de sacudir ese yugo insoportable», exclamaba enérgico aquel líder decidido a terminar de una vez por todas con el poderío bilbaíno. Seducidos ante su arrojo los junteros votaron a favor de su propuesta. Al mismo tiempo se iniciaron negociaciones con Madrid para obtener los correspondientes permisos. El 31 de diciembre de 1801, Manuel Godoy, Ministro Universal de Carlos IV, firmó la autorización para iniciar las obras del nuevo puerto que, en su honor, habría de llamarse Puerto de la Paz. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. En 1804, cuando Zamácola y los suyos ya daban por segura la derrota por siempre de Bilbao, estalló un motín en el que se vieron implicadas varias anteiglesias de los alrededores de la Villa.
¿Por qué se alzaban las anteiglesias contra Zamácola? Al parecer se había corrido la noticia de que a cambio del permiso para la construcción del puerto, Zamácola había negociado la posible incorporación de los vizcaínos al servicio militar de la Corona. Obviamente semejante decisión vulneraba el fuero por lo que no cabía otra reacción que la revuelta. Pero, ¿por qué se dio a conocer entonces ese supuesto acuerdo que, en verdad, no había sido tal? Indudablemente, la burguesía bilbaína tuvo mucho interés en manipular los contenidos del acuerdo entre Zamácola y Godoy que solamente se habían centrado en una posible ampliación de las fuerzas municipales de orden público, cosa que muchos interpretaron como la antesala del servicio militar obligatoria. Fue una jugada maestra. Zamácola y la nobleza rural pasaron de ser héroes a traidores.
Tanto odiaba la nobleza rural a Bilbao que estuvieron dispuestos a poner en peligro competencias forales con tal de doblegar a la villa. Ese fue su error, porque en ningún momento los bilbaínos dieron por perdida la partida. Jugaron sus cartas con habilidad y soliviantaron a quienes mejor podían desbancar los planes de Zamácola, es decir, los aldeanos, por ser ellos su principal soporte. Ellos fueron los que acabaron con el sueño del Puerto de la Paz y, sin pretenderlo, dieron la victoria a Bilbao.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100418/vizcaya/venganza-zamacola-20100418.html
domingo, 18 de abril de 2010
No es el franquismo, es la Transición
18.04.10
JAVIER ZARZALEJOS |
El Correo
«Garzón ha querido ser el brazo judicial de una poderosa corriente deslegitimadora del pacto constituyente que, sobre todo, debe su presencia corrosiva en la política española a un Gobierno empeñado en ensombrecer el pacto constitucional»
Cada cierto tiempo, como si tuviera que administrarse una dosis de recuerdo, una izquierda de médula sectaria e iracunda destapa sus frustraciones más oscuras poniendo a prueba los límites del sistema democrático. El acto en apoyo de Baltasar Garzón celebrado en la Universidad Complutense entra en esta categoría como un episodio a la vez inquietante, deprimente y patético. Patéticos esos gritos de 'no pasarán', la pura farsa como forma en que la tragedia se repite. Patética la pasión de los que siguen empeñados en revivir a Franco para tener una segunda oportunidad de reescribir un relato que no acepta el sentido de la reconciliación nacional ni asimila la experiencia sin precedentes de libertad y prosperidad ganada desde ese acuerdo colectivo de futuro.
Lo deprimente de lo visto y escuchado en esa algarada donde se perdió -porque de eso se trataba- todo sentido de la medida y de la razón radica en comprobar el retroceso histórico en el que estamos, en términos de convivencia y vertebración cívica. Por ejemplo, ninguno de los antecesores de Méndez y Toxo habría secundado semejante discurso de deslegitimación de nuestro sistema democrático. No menos deprimente resulta que una ardiente defensora de las atrocidades de ETA, Hebé de Bonafini, perversión andante de una causa noble, haya podido sentirse exaltada a través del aplauso a las 'madres de la Plaza de Mayo' presentes en el acto. Pero difícilmente puede extrañar que, en semejante situación, la calumnia, la manipulación argumental y la deslegitimación de instituciones neurálgicas del sistema constitucional convirtieran el acto de marras en una subasta al alza para ver quién la decía más gorda.
Hay que agradecer a los promotores del espectáculo el valor de éste para clarificar las cosas. Eso de que Garzón quería someter a juicio al franquismo no es más que una coartada sin recorrido. También que él sea la garantía de que se abran fosas en satisfacción de las pretensiones amparadas por la ley de los descendientes de víctimas. Lo que Garzón realmente ha querido es sentar en el banquillo es a la Transición democrática y, con ella, al pacto constitucional. Que al hacerlo haya prevaricado o no, lo decidirá el Tribunal Supremo. En este empeño, es verdad que Garzón no está sólo. De hecho, el magistrado de la Audiencia Nacional ha querido ser el brazo judicial de una poderosa corriente deslegitimadora del pacto constituyente que ha ido ampliando sus espacios en la historiografía y la opinión publicada pero que, sobre todo, debe su presencia corrosiva en la política española a un Gobierno empeñado desde sus primeros pasos en ensombrecer el pacto constitucional proyectando sobre él como una sombra una legitimidad histórica anclada en la II República que sería la genuinamente democrática.
Presentar la Transición como un fraude y el consenso constitucional como una debilidad colaboracionista con el franquismo es un disparate incendiario que, sin embargo, el Gobierno contempla, cuando menos, con simpatía y tolera mientras hace números. «La tensión nos conviene», confesaba Rodríguez Zapatero a su entrevistador en la campaña electoral de 2008, en confidencia recogida por uno de esos micrófonos furtivos que suelen traicionar a los políticos. Si ésa es la conveniencia en la que cree Rodríguez Zapatero, nada mejor que lo que está pasando. Se busca de nuevo inhabilitar al PP -es decir, a la alternativa de gobierno representativa hoy de más de diez millones de votantes- con el estigma del franquismo, estimular a un electorado en desafección y movilizar a lo más extremo de la izquierda de la que depende la suerte electoral del socialismo. Para Rodríguez Zapatero, aquello de que las elecciones se ganan en el centro es otra reliquia de la Transición que él sigue dispuesto a desmentir cortejando a esa amalgama de izquierda extrema y nacionalismo radical sobre la que cree tener un atractivo carismático.
Lo que no deja de resultar paradójico es que esta irresponsable demasía interpela también a toda esa izquierda que es coautora del pacto constituyente y que dedicó sus mejores elogios a la ley de amnistía como logro histórico, según recuerda el testimonio abrumador de las hemerotecas. Esa izquierda cuyo triunfo en el 82 cerró la Transición con la madurez democrática de la alternancia y que gobernó durante casi catorce años sin sentir los apremios revisionistas de sus sucesores años después. Descontada la cabalgada de los comunistas a posiciones de hace sesenta años, esa izquierda necesaria calla, tal vez arrollada por un revisionismo que la deja reducida al humillante papel de colaboradora en la pervivencia camuflada del franquismo.
Referirse a los magistrados del Tribunal Supremo como cómplices de torturadores y acusar al máximo órgano judicial de ser instrumento del fascismo español es algo más que un desvarío. Es la obra de demasiados pirómanos satisfechos con la excitación que les producen los fuegos que están alentando. Cuidado. Que digan a qué casilla de salida quieren que volvamos. Porque si llegamos a creernos que la Transición fue un fraude, que el Tribunal Supremo es instrumento del fascismo y que el consenso constitucional fue una trampa del franquismo para perpetuarse, entonces que nadie se extrañe de que otros, necesitados más que nunca de legitimación, reclamen para sí la propiedad histórica e intelectual del disparate. Y, en ese punto, será la farsa la que se recree como drama.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100418/opinion/franquismo-transicion-20100418.html
JAVIER ZARZALEJOS |
El Correo
«Garzón ha querido ser el brazo judicial de una poderosa corriente deslegitimadora del pacto constituyente que, sobre todo, debe su presencia corrosiva en la política española a un Gobierno empeñado en ensombrecer el pacto constitucional»
Cada cierto tiempo, como si tuviera que administrarse una dosis de recuerdo, una izquierda de médula sectaria e iracunda destapa sus frustraciones más oscuras poniendo a prueba los límites del sistema democrático. El acto en apoyo de Baltasar Garzón celebrado en la Universidad Complutense entra en esta categoría como un episodio a la vez inquietante, deprimente y patético. Patéticos esos gritos de 'no pasarán', la pura farsa como forma en que la tragedia se repite. Patética la pasión de los que siguen empeñados en revivir a Franco para tener una segunda oportunidad de reescribir un relato que no acepta el sentido de la reconciliación nacional ni asimila la experiencia sin precedentes de libertad y prosperidad ganada desde ese acuerdo colectivo de futuro.
Lo deprimente de lo visto y escuchado en esa algarada donde se perdió -porque de eso se trataba- todo sentido de la medida y de la razón radica en comprobar el retroceso histórico en el que estamos, en términos de convivencia y vertebración cívica. Por ejemplo, ninguno de los antecesores de Méndez y Toxo habría secundado semejante discurso de deslegitimación de nuestro sistema democrático. No menos deprimente resulta que una ardiente defensora de las atrocidades de ETA, Hebé de Bonafini, perversión andante de una causa noble, haya podido sentirse exaltada a través del aplauso a las 'madres de la Plaza de Mayo' presentes en el acto. Pero difícilmente puede extrañar que, en semejante situación, la calumnia, la manipulación argumental y la deslegitimación de instituciones neurálgicas del sistema constitucional convirtieran el acto de marras en una subasta al alza para ver quién la decía más gorda.
Hay que agradecer a los promotores del espectáculo el valor de éste para clarificar las cosas. Eso de que Garzón quería someter a juicio al franquismo no es más que una coartada sin recorrido. También que él sea la garantía de que se abran fosas en satisfacción de las pretensiones amparadas por la ley de los descendientes de víctimas. Lo que Garzón realmente ha querido es sentar en el banquillo es a la Transición democrática y, con ella, al pacto constitucional. Que al hacerlo haya prevaricado o no, lo decidirá el Tribunal Supremo. En este empeño, es verdad que Garzón no está sólo. De hecho, el magistrado de la Audiencia Nacional ha querido ser el brazo judicial de una poderosa corriente deslegitimadora del pacto constituyente que ha ido ampliando sus espacios en la historiografía y la opinión publicada pero que, sobre todo, debe su presencia corrosiva en la política española a un Gobierno empeñado desde sus primeros pasos en ensombrecer el pacto constitucional proyectando sobre él como una sombra una legitimidad histórica anclada en la II República que sería la genuinamente democrática.
Presentar la Transición como un fraude y el consenso constitucional como una debilidad colaboracionista con el franquismo es un disparate incendiario que, sin embargo, el Gobierno contempla, cuando menos, con simpatía y tolera mientras hace números. «La tensión nos conviene», confesaba Rodríguez Zapatero a su entrevistador en la campaña electoral de 2008, en confidencia recogida por uno de esos micrófonos furtivos que suelen traicionar a los políticos. Si ésa es la conveniencia en la que cree Rodríguez Zapatero, nada mejor que lo que está pasando. Se busca de nuevo inhabilitar al PP -es decir, a la alternativa de gobierno representativa hoy de más de diez millones de votantes- con el estigma del franquismo, estimular a un electorado en desafección y movilizar a lo más extremo de la izquierda de la que depende la suerte electoral del socialismo. Para Rodríguez Zapatero, aquello de que las elecciones se ganan en el centro es otra reliquia de la Transición que él sigue dispuesto a desmentir cortejando a esa amalgama de izquierda extrema y nacionalismo radical sobre la que cree tener un atractivo carismático.
Lo que no deja de resultar paradójico es que esta irresponsable demasía interpela también a toda esa izquierda que es coautora del pacto constituyente y que dedicó sus mejores elogios a la ley de amnistía como logro histórico, según recuerda el testimonio abrumador de las hemerotecas. Esa izquierda cuyo triunfo en el 82 cerró la Transición con la madurez democrática de la alternancia y que gobernó durante casi catorce años sin sentir los apremios revisionistas de sus sucesores años después. Descontada la cabalgada de los comunistas a posiciones de hace sesenta años, esa izquierda necesaria calla, tal vez arrollada por un revisionismo que la deja reducida al humillante papel de colaboradora en la pervivencia camuflada del franquismo.
Referirse a los magistrados del Tribunal Supremo como cómplices de torturadores y acusar al máximo órgano judicial de ser instrumento del fascismo español es algo más que un desvarío. Es la obra de demasiados pirómanos satisfechos con la excitación que les producen los fuegos que están alentando. Cuidado. Que digan a qué casilla de salida quieren que volvamos. Porque si llegamos a creernos que la Transición fue un fraude, que el Tribunal Supremo es instrumento del fascismo y que el consenso constitucional fue una trampa del franquismo para perpetuarse, entonces que nadie se extrañe de que otros, necesitados más que nunca de legitimación, reclamen para sí la propiedad histórica e intelectual del disparate. Y, en ese punto, será la farsa la que se recree como drama.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100418/opinion/franquismo-transicion-20100418.html
viernes, 16 de abril de 2010
La tregua basura
16.04.10
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ |
El Correo
«Si ETA declarase el eufemismo del alto el fuego, EA abriría sin cortapisas sus listas a activos de Batasuna no tan contaminados como Otegi o sucedáneos. Se obligaría al Estado a usar el bisturí en el cuerpo del nacionalismo vasco»
El tiempo no es caprichoso en sus coincidencias. Al momento en que la Audiencia Nacional determinaba la absolución de los imputados en el 'caso Egunkaria' seguía otro en el que se divulgaba una nueva esperanza de Batasuna respecto a que ETA declare eso que se viene en denominar un alto el fuego.
La absolución de los imputados por la no acreditada relación entre ETA y 'Egunkaria' demuestra que la hipótesis de investigación, inicialmente planteada por la Guardia Civil, no se ha podido traducir en evidencias con peso probatorio. Y los tribunales de justicia condenan en función del conjunto de pruebas, de manera que en un proceso penal no es válido lo que sepamos sino aquello que pueda quebrar la presunción de inocencia de los acusados. Todavía queda un pieza de enjuiciamiento separada sobre 'Egunkaria', relativa a sus presuntas irregularidades económicas.
El fallo judicial sobre 'Egunkaria' es digno de hacernos reflexionar. Alrededor de la sentencia absolutoria se ha dirimido sobre la constitucionalidad de clausurar un medio de comunicación. En realidad parece que el argumento está desenfocado, pues los conceptos se han mezclado en la mente y en los discursos no se sabe si por apasionamiento democrático o por patinaje semántico. Es natural defender la inconstitucionalidad de cerrar un medio de comunicación. Igual de inconstitucional es intervenir comunicaciones telefónicas de ciudadanos. Sin embargo, tanto clausurar una empresa como intervenir las comunicaciones pasan a ser perfectamente constitucionales cuando ambos actos se producen por vía jurisdiccional y tutelados por un juez de garantías, que además de un juez de investigación es lo que acaba siendo un juez instructor. Es decir que, para ser precisos y no perdernos por los cerros de Úbeda, en su momento no se cerró un medio de comunicación sino que se clausuró una empresa dedicada a la comunicación por su presunta implicación en actividades terroristas. Y esa clausura vino respaldada por un juez de garantías, que en su momento y en su independencia valoró los indicios presentados por los investigadores y consideró que eran suficientes para adoptar medidas provisionales de seguridad contra los imputados y contra los medios, presuntamente en aquel momento, puestos por los imputados al servicio de una causa terrorista.
En cuanto a las esperanzas puestas por Batasuna en lo que eufemísticamente conocemos como una tregua, lo cierto es que el panorama se presenta complicado para ETA. Hay que entender que cualquier movimiento de la banda terrorista en torno a una tregua, en este momento, tiene una instrumentación estratégica que a todos se hace obvia: devolverse a las instituciones a través de Batasuna. El razonamiento instrumental sería que, cesando ETA su actividad, los mecanismos de ilegalización o desactivación de listas electorales perderían su punto de anclaje. A todas luces es un razonamiento absurdo, puesto que, habiendo colgado el cartel de tregua o no, ETA continuaría activa como organización terrorista. De esta manera, los circuitos de verificación de cualquier asociación con ETA de candidaturas ilegalizables continuarían en plena vigencia... y un Otegi o cualquier otro de similar perfil entrarían muy suavemente en la ilegalización… si es que en ese momento no permanecen aún en prisión.
Otro supuesto electoral para instrumentar la tregua sería la apertura de Eusko Alkartasuna. La hipótesis de trabajo sería que, declarando ETA el eufemismo del alto el fuego, EA abriría sin cortapisas sus listas a activos de Batasuna no tan contaminados como Otegi o sucedáneos. Y una vez instalada Batasuna en una oferta electoral de EA como plataforma abertzale, se obligaría al Estado a actuar contra ella sufriendo el desgaste mediático de usar el bisturí en el cuerpo del nacionalismo vasco.
En sentido estricto, para la recuperación por ETA de su presencia electoral no basta un alto el fuego ni el formato de una tregua. La condena de Batasuna o el romper con ETA no van a producirse. De manera que, si el Estado se mantiene firme jurídica y procedimentalmente, nos podríamos encontrar con candidaturas anuladas en medio de una enésima tregua torticera de ETA. Aun así, lo bueno de las estrategias es que casi siempre hay alternativas… si se tiene la voluntad de buscarlas.
Una alternativa razonable tiene que ver con el mismo formato de la tregua. De nuevo, un ejercicio de ingeniería semántica. ETA se ha descapitalizado en las treguas… es decir, en este momento una tregua de ETA es como un bono basura… nadie lo compraría. Considerando la situación, sería incluso una garantía para afinar todavía más los mecanismos de supervisión de listas electorales a fin de no dejarse flecos como los últimos, puesto que el riesgo de infiltración de una ETA basura en las instituciones se multiplicaría.
Ahora bien, imaginemos que no se trata de un alto el fuego ni de una tregua, sino de una suspensión indefinida y completa de la actividad de ETA para promover la búsqueda de la independencia de Euskadi exclusivamente por vías políticas. Atención a las palabras: suspensión, indefinida, completa, promover, independencia, políticas. Y acompañar esa declaración de un gesto… seguro que se les ocurre alguno. Una Batasuna más o menos descontaminada de perfiles pesados tendría relativamente sencillo incardinarse en una lista de EA y el tiempo de una legislatura daría para verificar el proceso de desactivación etarra.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100416/opinion/tregua-basura-20100416.html
La tregua basura (II)
03.07.10
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ |
El Correo
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ |
El Correo
«Si ETA declarase el eufemismo del alto el fuego, EA abriría sin cortapisas sus listas a activos de Batasuna no tan contaminados como Otegi o sucedáneos. Se obligaría al Estado a usar el bisturí en el cuerpo del nacionalismo vasco»
El tiempo no es caprichoso en sus coincidencias. Al momento en que la Audiencia Nacional determinaba la absolución de los imputados en el 'caso Egunkaria' seguía otro en el que se divulgaba una nueva esperanza de Batasuna respecto a que ETA declare eso que se viene en denominar un alto el fuego.
La absolución de los imputados por la no acreditada relación entre ETA y 'Egunkaria' demuestra que la hipótesis de investigación, inicialmente planteada por la Guardia Civil, no se ha podido traducir en evidencias con peso probatorio. Y los tribunales de justicia condenan en función del conjunto de pruebas, de manera que en un proceso penal no es válido lo que sepamos sino aquello que pueda quebrar la presunción de inocencia de los acusados. Todavía queda un pieza de enjuiciamiento separada sobre 'Egunkaria', relativa a sus presuntas irregularidades económicas.
El fallo judicial sobre 'Egunkaria' es digno de hacernos reflexionar. Alrededor de la sentencia absolutoria se ha dirimido sobre la constitucionalidad de clausurar un medio de comunicación. En realidad parece que el argumento está desenfocado, pues los conceptos se han mezclado en la mente y en los discursos no se sabe si por apasionamiento democrático o por patinaje semántico. Es natural defender la inconstitucionalidad de cerrar un medio de comunicación. Igual de inconstitucional es intervenir comunicaciones telefónicas de ciudadanos. Sin embargo, tanto clausurar una empresa como intervenir las comunicaciones pasan a ser perfectamente constitucionales cuando ambos actos se producen por vía jurisdiccional y tutelados por un juez de garantías, que además de un juez de investigación es lo que acaba siendo un juez instructor. Es decir que, para ser precisos y no perdernos por los cerros de Úbeda, en su momento no se cerró un medio de comunicación sino que se clausuró una empresa dedicada a la comunicación por su presunta implicación en actividades terroristas. Y esa clausura vino respaldada por un juez de garantías, que en su momento y en su independencia valoró los indicios presentados por los investigadores y consideró que eran suficientes para adoptar medidas provisionales de seguridad contra los imputados y contra los medios, presuntamente en aquel momento, puestos por los imputados al servicio de una causa terrorista.
En cuanto a las esperanzas puestas por Batasuna en lo que eufemísticamente conocemos como una tregua, lo cierto es que el panorama se presenta complicado para ETA. Hay que entender que cualquier movimiento de la banda terrorista en torno a una tregua, en este momento, tiene una instrumentación estratégica que a todos se hace obvia: devolverse a las instituciones a través de Batasuna. El razonamiento instrumental sería que, cesando ETA su actividad, los mecanismos de ilegalización o desactivación de listas electorales perderían su punto de anclaje. A todas luces es un razonamiento absurdo, puesto que, habiendo colgado el cartel de tregua o no, ETA continuaría activa como organización terrorista. De esta manera, los circuitos de verificación de cualquier asociación con ETA de candidaturas ilegalizables continuarían en plena vigencia... y un Otegi o cualquier otro de similar perfil entrarían muy suavemente en la ilegalización… si es que en ese momento no permanecen aún en prisión.
Otro supuesto electoral para instrumentar la tregua sería la apertura de Eusko Alkartasuna. La hipótesis de trabajo sería que, declarando ETA el eufemismo del alto el fuego, EA abriría sin cortapisas sus listas a activos de Batasuna no tan contaminados como Otegi o sucedáneos. Y una vez instalada Batasuna en una oferta electoral de EA como plataforma abertzale, se obligaría al Estado a actuar contra ella sufriendo el desgaste mediático de usar el bisturí en el cuerpo del nacionalismo vasco.
En sentido estricto, para la recuperación por ETA de su presencia electoral no basta un alto el fuego ni el formato de una tregua. La condena de Batasuna o el romper con ETA no van a producirse. De manera que, si el Estado se mantiene firme jurídica y procedimentalmente, nos podríamos encontrar con candidaturas anuladas en medio de una enésima tregua torticera de ETA. Aun así, lo bueno de las estrategias es que casi siempre hay alternativas… si se tiene la voluntad de buscarlas.
Una alternativa razonable tiene que ver con el mismo formato de la tregua. De nuevo, un ejercicio de ingeniería semántica. ETA se ha descapitalizado en las treguas… es decir, en este momento una tregua de ETA es como un bono basura… nadie lo compraría. Considerando la situación, sería incluso una garantía para afinar todavía más los mecanismos de supervisión de listas electorales a fin de no dejarse flecos como los últimos, puesto que el riesgo de infiltración de una ETA basura en las instituciones se multiplicaría.
Ahora bien, imaginemos que no se trata de un alto el fuego ni de una tregua, sino de una suspensión indefinida y completa de la actividad de ETA para promover la búsqueda de la independencia de Euskadi exclusivamente por vías políticas. Atención a las palabras: suspensión, indefinida, completa, promover, independencia, políticas. Y acompañar esa declaración de un gesto… seguro que se les ocurre alguno. Una Batasuna más o menos descontaminada de perfiles pesados tendría relativamente sencillo incardinarse en una lista de EA y el tiempo de una legislatura daría para verificar el proceso de desactivación etarra.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100416/opinion/tregua-basura-20100416.html
La tregua basura (II)
03.07.10
ANDRÉS MONTERO GÓMEZ |
El Correo
viernes, 9 de abril de 2010
La máquina del terrorismo y la mujer bomba
09.04.10
SALAH SEROUR | DOCTOR EN FILOLOGÍA ÁRABE. DIRECTOR DE ECSOM-EL FARO
El Correo
Tras casi seis años de relativa calma, las explosiones han regresado al corazón de la capital rusa. El 29 de marzo, Moscú se despertó bajo la sombra de dos nuevos atentados en el metro, obra de dos mujeres suicidas que provocaron una horrorosa masacre con decenas de muertos y heridos.
¿Qué significa la implicación de estas mujeres en actos terroristas? Parece ser que nos muestra cómo cada vez hay más mujeres inocentes integradas en organizaciones terroristas islámicas, y dispuestas a realizar operaciones salvajes tras haber sido amaestradas en un ambiente de violencia y odio hacia todo lo demás. El acto terrorista hace pensar que, al igual que una industria se centra en la producción de sus materiales, la máquina del discurso religioso extremista está en continua fabricación de terroristas, suicidas y, ahora también, mujeres bomba.
Ya sea en Europa o en los países árabes e islámicos, se celebran cada año numerosos coloquios con diferentes nombres pero con un mismo fin: discutir qué está ocurriendo con el terrorismo islámico. Pero siempre lo hacen desde fuera. La mayoría de las aportaciones son meros acercamientos que no tienen en cuenta la realidad intelectual que hay detrás del escenario político. Esta realidad tendría que ser, sin embargo, la base principal del análisis, en cuanto que fue el germen del terrorismo islámico actual y que aún sigue siendo su fuente de alimentación principal.
Es inútil, por tanto, que en esas reuniones de altos mandatarios sigan siendo los síntomas lo único que se quiere arreglar y no la raíz del origen, su esencia, eso que se escapa de la percepción y que es el mayor riesgo, aquello que hace que cada día más individuos estén dispuestos a inmolarse y poner fin a sus vidas y a las vidas de gentes inocentes al servicio de la solución de unos conflictos que no les afectan a ellos personalmente. Y es que el discurso religioso extremista islámico no empieza por el suicidio ni por la mujer bomba, sino por unos hombres cultos que han sabido trabajar y enriquecer el odio a su alrededor. Detrás se encuentra toda una teoría intelectual que se asienta sobre una gran investigación.
Por ello, habría que analizar la difusión de estas ideas en las escuelas, en las actividades extraescolares. También en las mezquitas o en las bibliotecas donde no hay un control real. Incluso se encargan de difundir estas ideas organizaciones benéficas que asumen la distribución de bienes y saberes a la vez que se encargan de que éstos no lleguen a sus opositores. El acto terrorista islámico está siempre precedido de unos pasos teóricos dentro de un marco de pensamiento organizado basado en la difusión de las ideas y en la influencia de las acciones. Son además organizaciones capaces de gestionar administrativamente las campañas y de movilizar actos en diversas partes del mundo. En efecto, no estamos ante unas mujeres que se ponen bombas, sino ante un extremismo intelectual sobre el que se basan los actos terroristas cada vez más abundantes.
En un proceso tan complejo como éste, el tiempo juega un papel muy importante en la difusión de la ideología, de manera que es casi imposible destruir en pocos meses un pensamiento que lleva propagándose y enriqueciéndose durante siglos. La táctica, por tanto, no puede derrotar a la estrategia y el trabajo a corto plazo no puede competir con la labor pausada y labrada durante años. Así las cosas, lo único posible sería empezar a pensar en acabar con la máquina, con el fabricante, y no con su producto.
Y en esta línea, ¿qué hacer con el hiyab? Ante todo, una mujer que lleve el hiyab tendrá que permitir quitárselo por motivos de seguridad. Esta mujer tiene que pensar que muchas mujeres bomba esconden su armamento bajo el hiyab y que, también por su propia seguridad, tendrá que dejar comprobar si alguna mujer está armada. Para llegar a poner fin a la intimidación, hay que facilitar a las fuerzas de seguridad su labor de investigación para que puedan asegurarse de que todo está bien y de que no existe ningún riesgo para los demás. Aunque muchas veces lo más peligroso no se encuentra bajo el hiyab, sino en la mente, una herramienta de la que se están valiendo las organizaciones extremistas y que se convierte en la más destructiva e inmoral de todas.
«A veces la vida de uno puede salvar la de muchos. Pero en las guerras la vida de muchos, inútilmente entregada, no sirve de nada. Y al final todo se pacta y se queda como estaba, y sólo se quedan los muertos en la tierra: es el gran tributo de la necedad y del orgullo». (Jesús Camarero. 'Crítica de la razón impura', Vitoria, Arteragin, 2003).
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100409/opinion/maquina-terrorismo-mujer-bomba-20100409.html
SALAH SEROUR | DOCTOR EN FILOLOGÍA ÁRABE. DIRECTOR DE ECSOM-EL FARO
El Correo
Tras casi seis años de relativa calma, las explosiones han regresado al corazón de la capital rusa. El 29 de marzo, Moscú se despertó bajo la sombra de dos nuevos atentados en el metro, obra de dos mujeres suicidas que provocaron una horrorosa masacre con decenas de muertos y heridos.
¿Qué significa la implicación de estas mujeres en actos terroristas? Parece ser que nos muestra cómo cada vez hay más mujeres inocentes integradas en organizaciones terroristas islámicas, y dispuestas a realizar operaciones salvajes tras haber sido amaestradas en un ambiente de violencia y odio hacia todo lo demás. El acto terrorista hace pensar que, al igual que una industria se centra en la producción de sus materiales, la máquina del discurso religioso extremista está en continua fabricación de terroristas, suicidas y, ahora también, mujeres bomba.
Ya sea en Europa o en los países árabes e islámicos, se celebran cada año numerosos coloquios con diferentes nombres pero con un mismo fin: discutir qué está ocurriendo con el terrorismo islámico. Pero siempre lo hacen desde fuera. La mayoría de las aportaciones son meros acercamientos que no tienen en cuenta la realidad intelectual que hay detrás del escenario político. Esta realidad tendría que ser, sin embargo, la base principal del análisis, en cuanto que fue el germen del terrorismo islámico actual y que aún sigue siendo su fuente de alimentación principal.
Es inútil, por tanto, que en esas reuniones de altos mandatarios sigan siendo los síntomas lo único que se quiere arreglar y no la raíz del origen, su esencia, eso que se escapa de la percepción y que es el mayor riesgo, aquello que hace que cada día más individuos estén dispuestos a inmolarse y poner fin a sus vidas y a las vidas de gentes inocentes al servicio de la solución de unos conflictos que no les afectan a ellos personalmente. Y es que el discurso religioso extremista islámico no empieza por el suicidio ni por la mujer bomba, sino por unos hombres cultos que han sabido trabajar y enriquecer el odio a su alrededor. Detrás se encuentra toda una teoría intelectual que se asienta sobre una gran investigación.
Por ello, habría que analizar la difusión de estas ideas en las escuelas, en las actividades extraescolares. También en las mezquitas o en las bibliotecas donde no hay un control real. Incluso se encargan de difundir estas ideas organizaciones benéficas que asumen la distribución de bienes y saberes a la vez que se encargan de que éstos no lleguen a sus opositores. El acto terrorista islámico está siempre precedido de unos pasos teóricos dentro de un marco de pensamiento organizado basado en la difusión de las ideas y en la influencia de las acciones. Son además organizaciones capaces de gestionar administrativamente las campañas y de movilizar actos en diversas partes del mundo. En efecto, no estamos ante unas mujeres que se ponen bombas, sino ante un extremismo intelectual sobre el que se basan los actos terroristas cada vez más abundantes.
En un proceso tan complejo como éste, el tiempo juega un papel muy importante en la difusión de la ideología, de manera que es casi imposible destruir en pocos meses un pensamiento que lleva propagándose y enriqueciéndose durante siglos. La táctica, por tanto, no puede derrotar a la estrategia y el trabajo a corto plazo no puede competir con la labor pausada y labrada durante años. Así las cosas, lo único posible sería empezar a pensar en acabar con la máquina, con el fabricante, y no con su producto.
Y en esta línea, ¿qué hacer con el hiyab? Ante todo, una mujer que lleve el hiyab tendrá que permitir quitárselo por motivos de seguridad. Esta mujer tiene que pensar que muchas mujeres bomba esconden su armamento bajo el hiyab y que, también por su propia seguridad, tendrá que dejar comprobar si alguna mujer está armada. Para llegar a poner fin a la intimidación, hay que facilitar a las fuerzas de seguridad su labor de investigación para que puedan asegurarse de que todo está bien y de que no existe ningún riesgo para los demás. Aunque muchas veces lo más peligroso no se encuentra bajo el hiyab, sino en la mente, una herramienta de la que se están valiendo las organizaciones extremistas y que se convierte en la más destructiva e inmoral de todas.
«A veces la vida de uno puede salvar la de muchos. Pero en las guerras la vida de muchos, inútilmente entregada, no sirve de nada. Y al final todo se pacta y se queda como estaba, y sólo se quedan los muertos en la tierra: es el gran tributo de la necedad y del orgullo». (Jesús Camarero. 'Crítica de la razón impura', Vitoria, Arteragin, 2003).
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100409/opinion/maquina-terrorismo-mujer-bomba-20100409.html
domingo, 4 de abril de 2010
El pueblo elegido
04.04.10
IMANOL VILLA |
El Correo
Los mitos sobre los orígenes de los vascos nacieron de una interpretación muy particular e interesada de la historia para la defensa de sus fueros y privilegios
En 1526 se produjo la reforma del Fuero Viejo de Vizcaya. Nació así el llamado Fuero Nuevo cuya novedad más llamativa y de gran trascendencia en el futuro fue la que hizo desaparecer las diferencias jurídicas entre los diferentes estamentos. A partir de ese momento, el abismo que separaba a labradores e hidalgos desapareció. Aquel nuevo ordenamiento foral reconocía la hidalguía universal. Al mismo tiempo comenzó un proceso por el cual no sólo se reafirmaba la particularidad de los habitantes del País Vasco, sino que comenzó una búsqueda de fórmulas para justificar de un modo indiscutible tan interesante estatus. Para ello nada mejor que la historia. Ésta iba a convertirse en el argumento de peso para validar y solidificar un privilegio que, a la postre, ayudaría a afirmar el propio régimen foral de los vascos. De su manipulación surgieron los mitos, todos ellos tendentes a configurar un pasado lleno de glorias en el que la nobleza vasca adquirió el grado de consustancialidad con respecto a la naturaleza de sus habitantes. En esta línea uno de los mitos que mayor proyección tomó forma a mediados del siglo XVIII -aunque ya se venía elaborando desde el XVI-, gracias a la obra de Fontecha y Salazar publicada por la Diputación de Vizcaya. En ella se afirmaba que «Túbal (&hellip), quinto hijo de Jafet, nieto del Santo Patriarca Noé (&hellip), fue el primero que vino a España con su mujer (&hellip), por el año 1800 de la Creación del Mundo, 131 ó 142 años después del Diluvio Universal y 2.130 años del Nacimiento de Nuestros Redentor Jesu-Christo». Importantes eruditos señalaban que Túbal «llegó a los Pirineos y Tierras de los Vascones (&hellip) y de allí se derramaron y repartieron sus gentes por otras provincias». Es decir, los vascos eran los descendientes originarios de un personaje bíblico. Eran los hijos de Túbal.
Origen bíblico
A partir de este mito y de una lectura muy interesada y parcial de los escritos de Estrabón, que afirmó que los vascos tenían «cierta divinidad innominada», se construyó la afirmación de que los vascos, mucho antes de que llegara el cristianismo, ya profesaban una religión monoteísta en la que, incluso, veneraban la cruz, en clara referencia al lauburu. Túbal no sólo introdujo a sus descendientes en la verdadera religión, sino que también les enseñó el euskera que aparecía así como el idioma del Paraíso. El mito se completó con añadidos de otros autores que establecieron que los vascos, a diferencia de los judíos, no traicionaron el pacto ya que no colaboraron con la crucifixión de Cristo. De todo esto se derivó su estatus como pueblo elegido, ya que ellos recibieron el cristianismo en tiempos apostólicos. Este origen bíblico sin tacha alguna hizo que algunos autores, entre ellos Larramendi, señalaran que la nobleza de los vascos, pobladores originarios de España, fuera la mejor y más pura. Sobre los habitantes del País Vasco recaía la original pureza de la raza española en contraposición a la contaminación que se había producido en el resto de la Península por la entrada de otros pueblos tales como celtas, fenicios, griegos, cartagineses.
Esta versión histórica sobre el origen de los vascos ganó enteros durante el siglo XVIII, espoleada por la política uniformizadora de los Borbones. Se hizo necesario encontrar argumentos que hicieran imposible acabar con la particularidad de las provincias vascongadas. Qué mejor para ello que echar mano de la Biblia y convertir a los vascos en un pueblo colocado en su tierra por deseo expreso de Dios al mismo tiempo que señalaba que todos ellos se habían elevado como los primeros depositarios de una fe religiosa que se había anticipado con mucho a la nueva alianza establecida por Cristo. ¿Quién podía discutir unos privilegios otorgados por el mismísimo Dios? Era, por ello, un argumento definitivo ante el que no cabía discusión alguna. Ni siquiera la duda porque ella conducía directamente hacia la herejía.
De ese modo, los fueros -ese compendio de libertades, usos y costumbres- habían sido concedidos por el mismísimo nieto de Noé o, a lo sumo, por alguno de sus descendientes. Eran, por consiguiente, el cuerpo legal más auténtico de España. El origen de la organización perfecta que, gracias a la salvaguardada pureza de los vascos, mantenía una funcionalidad encomiable. La defensa de esa legislación suponía el mantenimiento de los pilares originales de España.
Jaun Zuria
Otro de los mitos que surgió del tronco argumental anterior fue el del «cantabrismo». Según esta teoría, los vascos aparecían identificados con los antiguos cántabros que se enfrentaron ferozmente a Roma. Habían defendido lo que era suyo y, a la postre, consiguieron gracias a las capitulaciones, mantener sus tierras y sus leyes. Tras ese intento de los romanos ningún otro invasor pisó suelo vasco. Ejército alguno logró dominar o conquistar a los habitantes de las Vascongadas que consiguieron así mantener su pureza de raza, sus costumbres, sus usos, sus fueros y su lengua. Según este planteamiento no fue difícil encajar el mito del primer Señor de los vizcaínos, Jaun Zuria, pues a él, y de forma libre y voluntaria, los habitantes de Vizcaya le eligieron como su guía para que los defendiera frente al invasor siempre a cambio del respeto de sus usos y costumbres.
Así, desde Túbal hasta la figura de Jaun Zuria y la idea del pacto, se elaboraron más mitos históricos que, elevados a la categoría de dogmas, permitieron interpretar el pasado vasco en clave de legitimidad indiscutible y sentar argumentos históricos para defender a ultranza tanto los fueros como la naturaleza particularista de los vascos.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100404/vizcaya/pueblo-elegido-20100404.html
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La leyenda de Jaun Zuria
21.02.10
IMANOL VILLA |
El Correo
Lejos de las crónicas y los documentos históricos, los mitos y las leyendas han intentado explicar el origen y las libertades del que se conoce como Señorío de Vizcaya
Personaje real o imaginario? ¿Origen de los fueros y libertades vascas? ¿Fabulación de cronistas y literatos a través del tiempo? ¿Producto de la historia o de la leyenda? La figura de Jaun Zuria fue durante mucho tiempo controvertida. Motivo de polémica entre historiadores, escritores y políticos, el legendario primer Señor de Vizcaya ocupa un lugar en el acervo de tradiciones, leyendas y mitos del País Vasco. De su existencia no hay pruebas documentales. Las primeras noticias con continuidad sobre los señores de Vizcaya las encontramos a partir de 1040 con Iñigo López, que primero estuvo a las órdenes del rey de Pamplona y en 1076 pasó a depender del monarca castellano Alfonso VI. Con anterioridad, los expertos señalan que en el siglo X existió un conde de Vizcaya llamado Momo que, al parecer, estaba a las órdenes del reino de Navarra. Eso es lo que cuenta la historia. ¿Y Jaun Zuria? ¿Qué pruebas hay de su existencia? Ninguna. Todo indica que aquel Señor Blanco fue un producto imaginario que surgió de la necesidad de explicar el origen que la institución tuvo en tierras vizcaínas, además de justificar a través de su persona las libertades y fueros del territorio. Verdad o mentira, lo cierto es que a lo largo del tiempo el debate abierto alrededor de su persona ha sido abundante. ¿Es posible que tras la leyenda se esconda una verdad histórica?
Sangre en Arrigorriaga
La primera referencia escrita sobre Jaun Zuria se encuentra en la obra 'Livro das Linhagens', del conde portugués don Pedro Alfonso, hijo bastardo del rey don Dionís. El libro en cuestión no es más que una recopilación de linajes de las casas nobiliarias portuguesas de los siglos XIII y XIV, aunque también recoge varias leyendas basadas en tradiciones locales que servían a las familias nobles para demostrar sus antiquísimos orígenes. De ahí que la referencia sobre Jaun Zuria haya que considerarla como el recurso a una leyenda genealógica a beneficio de los que entonces eran los señores de Vizcaya, don Juan Núñez de Lara y su mujer, doña María de Haro. Según el conde, tiempo atrás los vizcaínos estaban obligados a pagar tributo a un conde asturiano llamado Moniño el cual había amenazado con usar la violencia si no se cumplía su mandato. Poco después arribó a costas vizcaínas un barco en el que viajaba el hermano del rey de Inglaterra. Su nombre era Froom. Enterado de la amenaza de la que eran objeto los hombres y mujeres de aquella tierra, les desveló su condición y se prestó a ayudarles a cambio de convertirse en su señor. Así se hizo. Cuando el conde asturiano reclamó el pago del tributo, Froom le contestó que viniera él a cogerlo si se atrevía. Don Moniño no se lo pensó. «Juntó gentes el Conde, y Froom con sus vizcaínos le salió al encuentro cerca de la aldea de Vusuria, adonde el Conde quedó vencido y muerto con gran parte de su ejército. Por la mucha sangre que se derramó allí, se dio al campo el nombre de Arrigorriaga, que en Vascuence quiere decir piedras bermejas».
Un siglo después, Lope García de Salazar retomó la leyenda, aunque esta vez con mayor complejidad en cuanto a personajes y escenarios. En 1454, el citado García de Salazar escribió la 'Crónica de Siete Casas de Vizcaya y Castilla', en la que contó el nacimiento de Jaun Zuria. Según el noble vizcaíno, hubo un día en el que un barco que llevaba a una hija legítima del rey de Escocia llegó a Mundaka. La infanta decidió quedarse «y que, estando allí, durmió con ella en sueños un diablo que llaman en Bizcaya Culebro, Señor de Casa, y que la empreñó y destas dos cosas no se sabe cual dellas fue más cierta; pero como quiera que fue, la infanta fue preñada y parió un hijo que fue ome mucho hermoso y de buen cuerpo y llamáronle don Zurián, que quiere dezir en castellano don Blanco».
La narración continúa hasta llegar al pacto entre los vizcaínos y Jaun Zuria, ya que éste les guió en la batalla que mantuvieron con un hijo del rey de León, el cual había atacado y arrasado el territorio hasta Bakio. La posterior batalla, a la que también acudió el señor de Durango, Sancho Astegas, tuvo lugar cerca de Bilbao, en un lugar conocido como Padura. La victoria final fue para los vizcaínos, que persiguieron a los derrotados hasta el árbol de Luyando. En esta versión de García de Salazar también se dice que la sangre vertida fue tanta que al lugar de la batalla lo llamaron desde entonces Arrigorriaga. Tras la victoria, los vizcaínos proclamaron a Jaun Zuria su Señor.
Después de estas dos versiones, la figura de Jaun Zuria viajó en el tiempo y se acomodó a las circunstancias de cada momento. Especial auge tuvo tras las guerras carlistas y la posterior abolición de los fueros. Así, escritores como Antonio de Trueba o Vicente Arana rememoraron a aquel Señor Blanco, al que elevaron como la figura que hizo posible el principio de un tiempo de libertades que a finales del siglo XIX se daban por perdidas. También Sabino Arana recreó el hecho, aunque, curiosamente, prescindió de Jaun Zuria. Para él lo fundamental fue que los vizcaínos combatieron en la batalla de Arrigorriaga en el 888 por sus libertades.
Sea como fuere, la legendaria figura de Jaun Zuria ha devenido con el tiempo en una leyenda. Un mito con el que muchos intentaron explicar el principio del Señorío vizcaíno y del que se carece por completo de pruebas documentales. Y es que, posiblemente, como señala Jon Juaristi, «la leyenda de Jaun Zuria fue el fruto de una síntesis entre genealogías ficticias, tradiciones folclóricas y temas muy difundidos en las literaturas medievales europeas. Es decir, llegó a ser lo que acaso, inconfesadamente, fuera siempre: Literatura».
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100221/vizcaya/leyenda-jaun-zuria-20100221.html
La sentencia silenciada
04.04.10
JAVIER ZARZALEJOS |
El Correo
«La condena de ETA ha de ser tanto de sus medios como de sus fines, esos fines que Batasuna, sus organizaciones antecesoras y sus sucesoras han representado y querido imponer desde la coacción y el miedo que ETA viene sembrando»
El 30 de junio de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitía una histórica sentencia en la que desestimaba íntegramente las alegaciones de las diversas marcas electorales de ETA (Batasuna y Herri Batasuna) contra su ilegalización, declarando conforme al Convenio Europeo de protección de los derechos humanos la disolución de estas organizaciones y la propia Ley de Partidos en que aquélla se fundamenta.
Un gran jurista, experto en el sistema europeo de derechos humanos, denomina este fallo del Tribunal de Estrasburgo «la sentencia silenciada». Y tiene razón. Sorprende que una sentencia que contiene una doctrina de extraordinaria relevancia en la definición de elementos centrales de nuestro sistema democrático no haya sido objeto del tratamiento académico y de la asimilación política que merece.
Es verdad que la sentencia tuvo impacto. Era una apabullante reivindicación de la iniciativa tomada por el Gobierno del Partido Popular en 2002, en el marco del Pacto Antiterrorista. El nacionalismo vasco planteó una oposición frontal con su conocido discurso deslegitimador de la democracia española. Otros jugaban con discursos garantistas colocando palos en las ruedas del engranaje legal que debía poner fin a la presencia en la política democrática de los representantes de ETA.
Pero, sin duda, la sentencia de Estrasburgo dice mucho más de lo que se supone y éste parece un momento oportuno para que no siga silenciada sino que, por el contrario, se la deje hablar y la escuchemos.
En efecto, la vida de Arnaldo Otegi en prisión se ha convertido en lo más parecido a un 'reality show', que se programa en las portadas de los periódicos para ver -¡qué pesadez!- si estamos más cerca o no de la metamorfosis del preso en pacificador. Por su parte, Patxi López, como salido de una máquina del tiempo, hacía una insólita declaración después del asesinato del gendarme Jean-Serge Nérin que nos retrotraía décadas, instando a la izquierda abertzale (¿radical, histórica, ilegalizada?, vaya usted a saber) a pronunciarse, como si todo lo que ya han dicho -y lo que han dejado de decir- resultara prescindible. Y, por último, el viernes de la semana pasada, el Gobierno, como de costumbre, anuncia que va a hacer lo que había negado que fuera necesario, esto es, afinar algunos instrumentos legales para evitar que marcas electorales de ETA puedan comparecer en las próximas elecciones municipales y forales. Si lo lograran, la reforma propuesta contempla que los cargos electos sean revocados si posteriormente se ilegaliza el partido o coalición que los presentó -como ha ocurrido con ANV, por ejemplo- y aquéllos no rechazan la violencia terrorista de manera «notoria y fehaciente».
Si ésta es ahora la cuestión, la del rechazo a la violencia de ETA, hay que recordar que la doctrina del Tribunal de Estrasburgo es mucho más exigente que ese criterio de rechazo verbal de la actividad terrorista donde se sitúa el 'ábrete Sésamo' que franquearía el paso a las instituciones a los que han dedicado su vida a acabar con ellas.
Una exigencia que el TEDH hace muy explícita al afirmar que un partido político puede promover un cambio de la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado, con dos condiciones. La primera, que «los medios utilizados al efecto deben ser desde todo punto de vista legales y democráticos». La segunda, que «el cambio propuesto debe ser en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales. De lo que resulta -continúa el Tribunal- que un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respete una o varias reglas de la democracia o que persiga su destrucción o el desconocimiento de los derechos y libertades que aquélla reconoce, no puede prevalerse de la protección del Convenio contra las sanciones infligidas por estos motivos».
Batasuna y compañía no fueron ilegalizadas por querer la independencia. Semejante ridiculez ya ha decaído. Tampoco lo fueron únicamente por no condenar el terrorismo. De la misma manera, no basta con una condena de los medios -violentos- que deje a salvo el proyecto totalitario que ETA promueve. Y Batasuna es ese proyecto. Condenar la violencia de ETA es renunciar a ese proyecto totalitario. De lo contrario, tendríamos que admitir que los etarras serían perfectamente integrables en el sistema democrático si no fuera por su tendencia a matar. O, por la misma razón, Batasuna no habría tenido que ser ilegalizada porque en el reparto de papeles no le tocaba disparar.
No todas las ideas son legítimas aunque se expresen pacíficamente. Precisamente, la sentencia de Estrasburgo desmiente este tópico, que no es cierto ni siquiera en un sistema democrático como el español que, a diferencia de otros modelos de la llamada 'democracia militante', no exige adhesión de los partidos a determinadas cláusulas constitucionales.
La condena de ETA -sin perífrasis- no sólo debe afectar a lo que ETA hace, sino también a lo que ETA es: un proyecto incompatible con el sistema democrático. Sin violencia, ese proyecto seguiría siendo incompatible. Han de darse esas dos condiciones que el TEDH fija inequívocamente. La condena de ETA ha de ser tanto de sus medios como de sus fines, esos fines que Batasuna, sus organizaciones antecesoras y sus sucesoras han representado y han querido imponer desde la coacción y el miedo que ETA viene sembrando.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100404/opinion/sentencia-silenciada-20100404.html
JAVIER ZARZALEJOS |
El Correo
«La condena de ETA ha de ser tanto de sus medios como de sus fines, esos fines que Batasuna, sus organizaciones antecesoras y sus sucesoras han representado y querido imponer desde la coacción y el miedo que ETA viene sembrando»
El 30 de junio de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitía una histórica sentencia en la que desestimaba íntegramente las alegaciones de las diversas marcas electorales de ETA (Batasuna y Herri Batasuna) contra su ilegalización, declarando conforme al Convenio Europeo de protección de los derechos humanos la disolución de estas organizaciones y la propia Ley de Partidos en que aquélla se fundamenta.
Un gran jurista, experto en el sistema europeo de derechos humanos, denomina este fallo del Tribunal de Estrasburgo «la sentencia silenciada». Y tiene razón. Sorprende que una sentencia que contiene una doctrina de extraordinaria relevancia en la definición de elementos centrales de nuestro sistema democrático no haya sido objeto del tratamiento académico y de la asimilación política que merece.
Es verdad que la sentencia tuvo impacto. Era una apabullante reivindicación de la iniciativa tomada por el Gobierno del Partido Popular en 2002, en el marco del Pacto Antiterrorista. El nacionalismo vasco planteó una oposición frontal con su conocido discurso deslegitimador de la democracia española. Otros jugaban con discursos garantistas colocando palos en las ruedas del engranaje legal que debía poner fin a la presencia en la política democrática de los representantes de ETA.
Pero, sin duda, la sentencia de Estrasburgo dice mucho más de lo que se supone y éste parece un momento oportuno para que no siga silenciada sino que, por el contrario, se la deje hablar y la escuchemos.
En efecto, la vida de Arnaldo Otegi en prisión se ha convertido en lo más parecido a un 'reality show', que se programa en las portadas de los periódicos para ver -¡qué pesadez!- si estamos más cerca o no de la metamorfosis del preso en pacificador. Por su parte, Patxi López, como salido de una máquina del tiempo, hacía una insólita declaración después del asesinato del gendarme Jean-Serge Nérin que nos retrotraía décadas, instando a la izquierda abertzale (¿radical, histórica, ilegalizada?, vaya usted a saber) a pronunciarse, como si todo lo que ya han dicho -y lo que han dejado de decir- resultara prescindible. Y, por último, el viernes de la semana pasada, el Gobierno, como de costumbre, anuncia que va a hacer lo que había negado que fuera necesario, esto es, afinar algunos instrumentos legales para evitar que marcas electorales de ETA puedan comparecer en las próximas elecciones municipales y forales. Si lo lograran, la reforma propuesta contempla que los cargos electos sean revocados si posteriormente se ilegaliza el partido o coalición que los presentó -como ha ocurrido con ANV, por ejemplo- y aquéllos no rechazan la violencia terrorista de manera «notoria y fehaciente».
Si ésta es ahora la cuestión, la del rechazo a la violencia de ETA, hay que recordar que la doctrina del Tribunal de Estrasburgo es mucho más exigente que ese criterio de rechazo verbal de la actividad terrorista donde se sitúa el 'ábrete Sésamo' que franquearía el paso a las instituciones a los que han dedicado su vida a acabar con ellas.
Una exigencia que el TEDH hace muy explícita al afirmar que un partido político puede promover un cambio de la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado, con dos condiciones. La primera, que «los medios utilizados al efecto deben ser desde todo punto de vista legales y democráticos». La segunda, que «el cambio propuesto debe ser en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales. De lo que resulta -continúa el Tribunal- que un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respete una o varias reglas de la democracia o que persiga su destrucción o el desconocimiento de los derechos y libertades que aquélla reconoce, no puede prevalerse de la protección del Convenio contra las sanciones infligidas por estos motivos».
Batasuna y compañía no fueron ilegalizadas por querer la independencia. Semejante ridiculez ya ha decaído. Tampoco lo fueron únicamente por no condenar el terrorismo. De la misma manera, no basta con una condena de los medios -violentos- que deje a salvo el proyecto totalitario que ETA promueve. Y Batasuna es ese proyecto. Condenar la violencia de ETA es renunciar a ese proyecto totalitario. De lo contrario, tendríamos que admitir que los etarras serían perfectamente integrables en el sistema democrático si no fuera por su tendencia a matar. O, por la misma razón, Batasuna no habría tenido que ser ilegalizada porque en el reparto de papeles no le tocaba disparar.
No todas las ideas son legítimas aunque se expresen pacíficamente. Precisamente, la sentencia de Estrasburgo desmiente este tópico, que no es cierto ni siquiera en un sistema democrático como el español que, a diferencia de otros modelos de la llamada 'democracia militante', no exige adhesión de los partidos a determinadas cláusulas constitucionales.
La condena de ETA -sin perífrasis- no sólo debe afectar a lo que ETA hace, sino también a lo que ETA es: un proyecto incompatible con el sistema democrático. Sin violencia, ese proyecto seguiría siendo incompatible. Han de darse esas dos condiciones que el TEDH fija inequívocamente. La condena de ETA ha de ser tanto de sus medios como de sus fines, esos fines que Batasuna, sus organizaciones antecesoras y sus sucesoras han representado y han querido imponer desde la coacción y el miedo que ETA viene sembrando.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100404/opinion/sentencia-silenciada-20100404.html
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