lunes, 24 de febrero de 2014

La derrota del vencedor

EL PAÍS 24/02/14 AURELIO ARTETA



· Las medidas nacionalistas pasan por democráticas solo por ser pacíficas

Con vistas al final de ETA, mientras la parte nacionalista moderada se contenta con su mero desarme, la más radical ni siquiera se aviene todavía a renegar de su curriculum asesino. ¿Cómo no sacar de ello una lección? Si se ha ganado la batalla contra el terrorismo (aún sin confirmar del todo), en España estamos perdiendo la guerra declarada por el nacionalismo étnico. Tal vez porque muy pocos la perciben o militan en esta guerra. Como si los atentados etarras hubieran sido tan sólo repugnantes excepciones criminales, no se repara lo suficiente en que nacían de unos presupuestos rechazables, aun cuando los compartieran muchos ciudadanos. Algunos tememos que congratularse de aquel éxito enmascare la debilidad moral del presente y sus desastrosos efectos futuros.

Se dice una y otra vez que ETA ha sido al fin derrotada por la democracia. Demasiada retórica. Se añade que ETA ha perdido frente a la sociedad española, pero dudo que eso pueda pregonarse asimismo de la sociedad vasca en general. Uno cree que el terrorismo ha sido derrotado de la única forma que debía serlo: por la fuerza pública del Estado al que retaba. ¿O acaso alguien había imaginado, a costa de estrechar el terreno de la contienda, que una banda armada podía vencer hoy a un Estado? Pero detrás del desafío terrorista, que absorbía toda la atención, se estaba librando otro combate más hondo de naturaleza nacionalista. Además de sus comandos clandestinos, el terrorista ha contado con numerosos representantes civiles; y, junto a su aparato militar, ha dispuesto de otro político e ideológico. Derrotado policialmente, ¿no habrá salido sin embargo ganador en estos otros combates…? Eludir esa pregunta sería prueba de complacido simplismo o de cobarde escapada; a la postre, de rendición.

Así que resulta un tanto aventurado sostener que ETA se ha ido sin ganancia alguna, porque nada se le ha pagado ni nada le debemos por retirarse. Que no haya conseguido sus objetivos máximos no significa que se ha conformado con otros insignificantes. Al decir de algún padre de la Constitución, fue su siniestra presencia la que propició el reconocimiento al País Vasco de los privilegios forales (llamados “derechos históricos”). La amenaza que el terror representaba ha sido blandida por los nacionalistas cada vez que exigían, y obtenían, alguna concesión del Gobierno central de turno. Es verdad que la autodeterminación de Euskadi aún no se ha llevado a cabo y que las Fuerzas de Seguridad no se han marchado del país, pero ambas reivindicaciones las reclama ahora abiertamente el propio lehendakari. Y, sobre todo, ¿quieren un síntoma certero de que la banda no ha fracasado?: los apoyos electorales de sus partidos herederos han crecido, y con ello los puestos institucionales que hoy ocupan. Después de sacudir el árbol, había que recoger los frutos.

· Que la banda terrorista no ha fracaso lo demuestra el apoyo electoral a sus partidos herederos

Prácticamente borrada ETA, y según aquellos simplificadores, entre nosotros ya sólo reina sin rival la democracia; así de sencillo. Y la democracia no es otra cosa que el sometimiento a la regla de la mayoría, bien fácil. Nada de debatir la razón y justicia de las propuestas públicas ni denunciar los derechos humanos vulnerados, porque basta contar los votos. De suerte que casi todos los políticos y comentaristas han reiterado que lo único perverso del terrorismo era su violencia, pero no las premisas etnicistas que la animaban y justificaban. Puesto que en Euskadi se sucedieron las extorsiones y las bombas, lo primero era acabar con ello; pero lo simultáneo fue también adoptar a diario medidas que, tan sólo por ser pacíficas, pasaban por irreprochables. Por eso, como los afiliados del PNV no cometían atentados (aunque a menudo exculparan a sus autores) y sus prohombres eran elegidos a través del sufragio, ese nacionalismo parecía democrático. De hecho era ante todo pacífico, y de un pacifismo más que sospechoso cuando protegía a los violentos.

Por lo demás, no es seguro que los voceros de que la democracia ha ganado la partida contribuyeran mucho a este triunfo. Esa victoria no estriba en lograr que los violentos renuncien a sus ideas, nos explican, sino en que las defiendan sólo con la palabra. Para ello no hacía falta, sin embargo, renunciar a las nuestras ni admitir esas ideas que escinden a la sociedad entre nativos y ciudadanos y la abocan al enfrentamiento. Quedarse en ser antiterrorista no equivale a ser demócrata, al menos en el sentido más propio de este adjetivo. En realidad, los simplificadores comulgaron con unas cuantas políticas de corte antidemocrático, aunque tuvieran el aval mayoritario. Igual que los socialistas catalanes, muchos de los nuestros hablaban en prosa nacionalista sin saberlo. Incluso cuando han encabezado el Gobierno o gestionado la educación, ¿se ha escuchado de los socialistas vascos algún argumento de peso, pongamos por caso, contra la patente ilegitimidad de la política lingüística?

Más bien se diría que no acabamos de entender la naturaleza misma del nacionalismo triunfante. Todavía nos cuesta aceptar que el carácter político, y no sólo criminal, del terrorismo convertía a sus crímenes en bastante más abominables que los ordinarios. Aún se sorprenden muchos cada vez que los partidos abertzales, de derecha o de izquierda (?), manifiestan su unidad familiar desde la creencia en la primacía de los derechos de su nación sobre los demás derechos.

· Es una ingenuidad creer que todo el problema vasco se agotaba en el ejercicio del terror

Pues no vayan a confundirse: el terrorismo no ha sido en Euskadi la forma exclusiva de control social ni la principal fuente del temor ciudadano. En Cataluña, sin ir más lejos, ni siquiera era preciso. Mucho más extendida ha sido la presión grupal ejercida por ese abertzalismo imperante que se recrea en su disparatada aureola progresista. Para la inmensa mayoría, el sentimiento opresivo no era tanto el miedo al pistolero como al vecino o al colega. Es el miedo de cada cual a quedarse solo lo que ha impregnado la atmósfera en Euskadi y, a mi entender, semejante control pervive bajo múltiples rituales. ¿Cómo se explica, si no, que se acepten sin rechistar esos baremos para el empleo público en la Universidad o en Sanidad en los que la lengua real de muy pocos cuenta desmesuradamente como mérito (o como requisito) para plazas cuyo cometido no exige su conocimiento? ¿Qué grado de sumisión al ambiente se requiere para que la mayoría de castellanohablantes fuerce a sus hijos a cursar el modelo de enseñanza en euskera?

No parece que estas cosas les preocupen en exceso a quienes se contentan con esa derrota de ETA. Más bien son ellos los que “contra ETA vivían mejor”, porque condenar la violencia terrorista era lo más fácil, incluso lo obvio; no exigía gran esfuerzo intelectual ni un elevado riesgo personal. Mucho más costoso era entonces —y lo sigue siendo ahora— resistir las simplezas y desmanes de la tribu nacionalista, la infección de los dogmas reinantes, la complicidad de tanto ciudadano indiferente, etc.

Por tanto, ¿a quién beneficia esta ingenuidad de suponer que todo el problema vasco se agotaba en el ejercicio del terror y que, acabado éste, ya no hay problemas? Al que siempre ha favorecido: al creyente en la causa nacionalista, no al defensor de la democrática.

Aurelio Arteta es catedrático de Filosofía Moral de la Universidad del País Vasco y autor de Mal consentido. La complicidad del espectador indiferente (Alianza, 2010).

domingo, 19 de enero de 2014

Por la paz, una pancarta

JAVIER ZARZALEJOS

EL CORREO 19/01/14


Cuando se habla de la derrota de ETA por el Estado de Derecho, en el mejor de los casos, miran a otra parte



El PNV ha dado dos explicaciones de su protagonismo en la manifestación a favor de los presos de ETA del pasado día 11. La primera, doméstica beligerante y guerrera, hablaba de la necesidad de «parar los pies al Estado» después de que el magistrado Eloy Velasco prohibiera la primera convocatoria que había hecho ‘Tantaz Tanta’. Los jeltzales se adelantaban en la imagen a los portavoces de Sortu que, para mejorarla, tuvieron que acudir a las artes marciales y jactarse de haber ganado al Estado aprovechando su propio impulso, no hace falta aclarar que siempre represivo.

Pero la segunda explicación ya iba dirigida al gran público, y a los que dentro del público nacionalista la imagen de renovada confraternización con la izquierda abertzale les daba, digamos, mal rollo. Tiempo atrás, cuando el PNV se movilizaba en compañías mucho más recomendables, sus líderes ya aclaraban que se equivocaban los que creían que lo hacían contra ETA. No, lo hacían por la paz.

Hay otros ejemplos recientes de cómo el PNV siempre se sacrifica por la paz. El diputado general vizcaíno dejaba claro hace unos días que «no se daban las condiciones» para que la selección española de fútbol jugara en el nuevo San Mamés como equipo local en la Eurocopa de 2020. El lehendakari amplió la tesis aclarando que quien jugaría como equipo local sería el equipo de Euskadi. ¿Sectarismo? No, sería impensable en mentes tan elegantes. Sólo el afán de evitar líos que, sin duda, se producirían el día del partido (de fútbol).

Por la paz también en este incansable esfuerzo, el PNV advertía esta misma semana que si el PP y el PSOE persisten en sus objeciones al plan (ni que decir tiene que el plan es de paz), está dispuesto a seguir adelante con el apoyo de Bildu.

La paz ha exigido mucho esfuerzo al PNV. Por la paz se opusieron a la ley de partidos y a la posterior ilegalización de Batasuna y de las demás marcas políticas de ETA. Por eso, cuando se habla de la derrota de ETA por el Estado de Derecho, en el mejor de los casos, miran a otra parte. Las exigencias de la paz requirieron de los nacionalistas oponerse también a la ley de cumplimiento íntegro de las penas. Tampoco les parecía bien que expusiéramos a ETA y a sus cómplices políticos al control internacional de sus movimientos y su dinero incluyéndolos en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos o que se trasladase ese instrumento legal a la Unión Europea.

Un tiempo antes, el PNV se vio apremiado a moverse por la paz ya que nadie más lo hacía. Y de ese sacrificio por la paz nació el pacto de Estella y luego el plan Ibarretxe y el pacífico frente nacionalista por la paz, con la apacible Batasuna.

Es verdad que el destino ha querido premiar este continuo esfuerzo por la paz del PNV con la inmunidad que acompaña a los héroes, lo que ha permitido a este partido seguir trabajando incansablemente por la paz mientras compañeros de escaño o de corporación de otros partidos –PP, PSOE, UPN– no podían hacerlo porque eran asesinados, perseguidos y expulsados de la vida pública. Gracias a estar investido de esta misión providencial, un partido como el PNV, que tanto ha arriesgado por la paz, ha podido mantener su poder prácticamente incólume durante más de tres décadas en todos los niveles de gobierno.

Esta aparente contradicción entre el riesgo extremo que los nacionalistas han asumido por la paz y la preservación indemne de su militancia, de sus estructuras y de su poder no debería dar lugar a malévolas interpretaciones. Se explica fácilmente si se piensa en los términos del papel histórico que el PNV tiene asignado.

Hay detalles, sin embargo, que pueden producir cierta perplejidad. Por ejemplo, que la regla sea que cada vez que el PNV anuncia que se va a mover por la paz, la foto con la izquierda abertzale es cuestión de horas, los periódicos reservan espacio y los dirigentes ahora de Sortu, antes de Batasuna, despejan la agenda. Tampoco se entiende bien, a la luz del esfuerzo permanente por la paz, que ésta sea en la visión jeltzale como la cesta de cerezas: no puedes sacar la paz sin que ésta se lleve enganchado más nacionalismo. Seguramente nos falta perspectiva histórica para poder desentrañar esta estrategia que por su sutileza escapa a nuestro rudimentario intelecto, de ahí que éste, a veces, nos lleve a ceder a la tentación de poner en duda la integridad de algunas actitudes del PNV.

De hecho, hay quien considera que esta versatilidad del PNV que le habilita un día para marchar por el asfalto y al siguiente para pisar la alfombra es funcional para la paz y que si eso conduce a que sea el PNV el que marque sin contradicción la referencia de la nueva, y tan vieja, centralidad en la política vasca con Sortu a un lado, y el PSOE y PP a otro, pues qué le vamos a hacer.

Lo importante es que el PNV siga trabajando por la paz como hasta ahora, es decir, promoviendo manifestaciones con la izquierda abertzale, descalificando las operaciones judiciales contra las estructuras de ETA, denunciando en el Parlamento vasco la «gravedad» de estas, avanzando con Bildu en el «plan de paz» frente a las posiciones de los partidos democráticos y –por si faltaran los gerundios– preparando el escenario para una revisión del régimen autonómico que sólo los irremediablemente crédulos pueden esperar que se mueva en parámetros constitucionales.

sábado, 18 de enero de 2014

San Mamés y el diputado

JUAN CARLOS SANCHO DIRECTOR DE IBERKONZERT

EL CORREO 18/01/14


Si se pudiese cuantificar la pérdida de tiempo causada por el fanatismo nacionalista, veríamos que los vascos nos pasamos la mayor parte del tiempo tirando el nuestro a la basura



No había vuelto a escribir desde que ETA dejó de asesinar, y nuestro lehendakari del fracasado plan hizo mutis por el foro, salvo algún artículo suelto motivado por la famosa Conferencia de Paz de San Sebastián. Recuerdo que en aquella ocasión, entre otras cosas escribí: «Reunidos en San Sebastián por invitación de los colaboradores y simpatizantes de la parte causante del conflicto, y después de escuchar exclusivamente sus alegaciones, hemos tomado la decisión de dejar en libertad provisional bajo fianza a los vascos no nacionalistas. La fianza se fija en el total cumplimiento de las exigencias de los terroristas. Y para que así conste a los efectos oportunos, bla, bla, bla… Firmado y rubricado, Kofi Annan y cía. Ha pasado el tiempo… y ustedes mismos… No había vuelto a escribir porque para pagar el pan que me alimenta, el traje que me cubre y la hipoteca de la mansión que habito, necesito unos medios económicos que no me aporta esto que ahora hago, ya que nunca cobro por lo que considero una obligación moral como ciudadano de este maltratado país.

Pero la tenacidad de la estupidez ha vuelto a rebasar lo soportable y aquí me tienen de nuevo, haciendo amigos…

Si se pudiese cuantificar la pérdida de tiempo causada por el fanatismo nacionalista, así como por la torpeza y cobardía de nuestros gobernantes, veríamos que los vascos nos pasamos la mayor parte de la vida, tirando el nuestro a la basura. Cuarenta años de sufrimiento para estar todavía poniendo en duda cosas tan elementales como el derecho de las víctimas a reclamar justicia. Cuarenta años con cerca de mil asesinatos, cientos de miles de vidas destrozadas, un país éticamente anestesiado y los culpables de esta tragedia, los liberticidas y sus cómplices, sin asumir un ápice de responsabilidad y arrepentimiento por el daño causado.

A todo esto, quienes han gobernado este país durante el tiempo de silencio, de razones impuestas por la fuerza y el miedo, tan felices; como si aquí no hubiese pasado nada, y además con prisas para el «borrón y cuenta nueva». No es de extrañar entonces que cualquier decisión de la justicia, cualquier medida del Gobierno central que impida a los fascistas burlarse del sufrimiento de las víctimas, suponga para ellos un atentado contra el «proceso de disolución» de ETA, ese grupo de falangistas con txapela a los que en los años de plomo siempre disculpaban y a quienes ahora quieren dar la absolución a toda prisa.

Y es que necesitan de inmediato ese final sin revisión, ese limbo vasco en el que brille por su ausencia la condena social de los asesinos, cómplices y beneficiarios de la barbarie. Su objetivo fundamental es eludir responsabilidades en las mil noches de los cristales rotos, y en definitiva, borrar de la memoria colectiva su responsabilidad por tanto sufrimiento.

Por eso ahí les tienen metiendo a gente buena y noble en una manifestación por el derecho de los liberticidas, cuando no han movido nunca un solo dedo ante el dolor y sufrimiento de una gran parte de su pueblo.

De todos modos el nacionalismo no es culpable, como tampoco lo fue con anterioridad el franquismo, porque como dijo Edmund Burke, «para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada», y en este país podemos presumir de gastronomía, de que el Athletic y la Real van bien en la liga y de muchas otras cosas, pero de espíritu de rebeldía social ante la tiranía, nada de nada.

Y hablando de fútbol, habrán tenido noticias de las declaraciones del diputado general de Bizkaia, ante la posibilidad de que el estadio de San Mamés se convierta en sede de la Eurocopa 2020.

Y es que, satisfecho del índice de paro y la boyante situación económica que atravesamos, no se le ocurre otra cosa que tender puentes con el resto de España para atraer el turismo y facilitar la labor de ventas de nuestras empresas. ¿Cómo? De la mejor manera posible: aireando a los cuatro vientos que su opinión es «que España no venga, y si eso supone que San Mamés no es sede de la Eurocopa 2020, que no lo sea porque hay cosas más importantes que salvaguardar», despreciando que ese año Bilbao y su entorno tengan unos ingresos por turismo nada desdeñables además de la promoción de la ciudad para el futuro. Luego este lumbreras se preguntará por qué a la Hacienda foral no le llega el presupuesto y tirará del manual de instrucciones del PNV: Madrid nos roba; la bota de Madrid nos oprime, y continuará acudiendo con asiduidad tan feliz a comerse un chuletón al Batzoki, con el resto de su equipo de científicos.

Como las consecuencias las paga el taxista que se pasa la vida haciendo cola en el aeropuerto esperando la llegada de viajeros, que ni llegan, ni se les espera. Como las consecuencias las paga el dueño y empleados de la tienda de la esquina, los restaurantes, hoteles, cafeterías, comercio en general… Como las consecuencias de su torpeza las pagamos los empleadores y empleados que no recibimos la ‘sopa boba’ de sus subvenciones. Como las consecuencias las paga en definitiva Juan Pueblo, ellos seguirán a lo suyo, sin importarles un bledo nuestra ruina.

Pero descuiden que aquí no cambiará nada. Llegarán las próximas elecciones y todo seguirá igual. Franco veraneó treinta y cuatro años en San Sebastián; éstos por lo menos ochenta.

viernes, 17 de enero de 2014

La soberanía delegada

JOSU DE MIGUEL BÁRCENA, ABOGADO Y PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL

EL CORREO 17/01/14




Aburrimos a los lectores señalando que Cataluña está en un pretendido proceso constituyente y que ninguna de las reglas constitucionales en vigor sirven prácticamente para explicar nada. En esta línea, el Parlament acaba de aprobar una resolución, que llegará en breve a las Cortes Generales en forma de proposición de ley, para que estas, utilizando el art. 150.2 de la Constitución, deleguen en aquél la competencia para convocar el referéndum del 9 de noviembre. Esta era una de las propuestas que había realizado el Consejo de Transición Nacional, órgano dedicado al creacionismo jurídico para sacar adelante el proyecto independentista en marcha desde hace más de un año y medio.

En realidad, el movimiento es la clave del proyecto de Mas y Junqueras. Adaptando las reglas de las lecciones históricas hegelianas a la revolución nacionalista, se piensa que quemando una serie de etapas se llegará al objetivo final casi por inercia. Bueno, en la España del siglo XXI la secesión de un territorio puede llegar por hartazgo de la parte contraria, pero por inercia ya sabemos que no funcionan los procesos históricos, si no que se lo pregunten a la izquierda abertzale. Y la resolución pidiendo una delegación de competencias forma parte del plan perfectamente pensado, que por cierto ya estaba implícito en el primer informe del Consejo de Transición Nacional: hay que ir cosechando negativas del Estado, para cargarse de razones y en su momento, mediante las correspondientes elecciones plebiscitarias, declarar la independencia. Lo que pase después, ya no es competencia de los políticos catalanes, probablemente tampoco de los españoles: es cosa de multitudes y de un orden de las cosas aleatorio.

La pregunta a la que hay que responder, en todo caso, es a la siguiente: ¿puede delegarse la competencia del Estado para realizar referéndums (art. 92 y 149.1.32ª CE) en una comunidad autónoma mediante el art. 150.2 CE? Aquí se alude al ejemplo británico, que no sirve, porque por aquellas tierras no existe constitución escrita y la soberanía reside en el Parlamento, y a algunas decisiones discutibles, pero inevitables, tomadas durante el proceso de formación de las comunidades autónomas, como aquella en la que las Cortes suplantaron a la provincia de Almería para convalidar el referéndum de acceso a la autonomía andaluza. Aquel desliz, propio de los inicios de cualquier experiencia constitucional de nueva planta, serviría hoy para legitimar una visión menos rigorista de las exigencias constitucionales que rodean la formación de la ley en España y el proceso soberanista en Cataluña.

El art. 150.2 CE señala que el Estado podrá, mediante ley orgánica, delegar (o transferir) las facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de delegación o transferencia. El artículo en cuestión, base de la propuesta del Parlamento catalán es, para empezar, un sinsentido jurídico. Supone una vía de escape, como ya supo ver Alfonso Guerra en el periodo constituyente, para desmontar el sistema de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Sistema, por otro lado, constitucionalmente tasado. Por esta vía, dependiendo de la afinidad entre el ministro de turno y el político autonómico que pasaba por allí, se han ido vaciando de contenido algunas de las competencias que por definición pertenecían (o deberían pertenecer) a todo Estado que se precie. Todo, mediante el simple expediente de una ley orgánica.

Lo importante es señalar que la materia que se pretende delegar, la realización de una consulta independentista, no parece ser una competencia delegable. No tanto (o no solo) por los problemas formales que ello pueda plantear, sino porque lo que se puede estar delegando es la propia soberanía del pueblo español, algo que solo puede cambiarse, como mínimo, mediante reforma constitucional. Rajoy ha dicho alguna cosa interesante al respecto: en lo que a él atañe, no puede disponer, como presidente del Gobierno y líder del partido mayoritario en las Cortes, de la soberanía del pueblo español. Algunos políticos catalanes señalan día sí y día también, que el pueblo catalán es soberano. La incongruencia de esta afirmación no se residencia en lo que legítimamente pueda pensar quien ha diseñado una estrategia política o un programa ideológico, sino en que no se entiende muy bien por qué el pueblo catalán puede ser soberano y el español tiene que dejar de serlo. Es esta una lógica decimonónica, que como bien sabemos, explotó durante la I Guerra Mundial.

Para evitar el desastre que se avecina, solo cabe esperar y desear una gran rectificación por parte del independentismo. Entiéndase, nadie puede obligar a que dejen sus objetivos políticos legítimos, pero resulta claro que una decisión tan importante tendría que tomarse después de una reflexión colectiva de varios años, basada en el acuerdo y encuadrada en una reforma constitucional global que permitiera dos cosas esenciales: que los ciudadanos catalanes tengan una alternativa real en torno a otras vías que puedan explorarse, como por ejemplo la opción federal, y que puedan tomar una decisión sobre un escenario negociado en el que se sepa, a ciencia cierta, qué pasará el día después de la independencia en lo que respecta a su modus vivendi. Quienes conocen la práxis histórica del secesionismo saben, sin embargo, que esta resulta una posibilidad muy remota.

miércoles, 15 de enero de 2014

Comunicación y política

ROGELIO ALONSO

EL CORREO 15/01/14


La actual política antiterrorista presenta déficits que evocan los que el PP tanto criticó en la oposición



La última filtración de Interior evidencia cómo algunos dirigentes eluden responsabilidades por sus decisiones políticas minimizándolas como meros errores de comunicación. La dimisión del jefe de prensa intenta tapar que el grave error de comunicación era, además, una seria negligencia política que permitió la destrucción de pruebas en una importante operación colocando una innecesaria presión sobre la policía y el juez. El precipitado anuncio de las detenciones es el último ejemplo de los problemas de comunicación y política de ese ministerio. El error comunicativo no puede ocultar que la política que lo ha hecho posible es la que debe cuestionarse en primer lugar: el afán por anteponer la búsqueda de impacto mediático a la necesaria prudencia que requieren complicadas investigaciones policiales y judiciales sobre las que solo debería informarse tras su conclusión. En otros países los políticos no tienen conocimiento de las operaciones hasta su finalización, evitando así la tentación de politizar el trabajo policial. Sin embargo, el ministro ha persistido en una peligrosa política.

En agosto de 2012 anunció en rueda de prensa una de las operaciones «más importantes contra Al-Qaida» al detener a tres «elementos operativos de Al-Qaida extremadamente peligrosos con explosivo suficiente para volar un autobús». La euforia del ministro contrastaba con la preocupación de los profesionales que detuvieron a sospechosos sobre los que los servicios extranjeros habían alertado. Las detenciones eran necesarias al temerse que pudiera perderse su rastro. Sin embargo, las declaraciones del ministro, además de alarmistas, eran imprudentes, pues se carecía del material probatorio para avalarlas. Inicialmente el juez solo envió a prisión a uno de los detenidos ante la falta de pruebas. En las horas siguientes la policía tuvo que buscar contra reloj pruebas judicializables que permitieran su ingreso en prisión. Meses después, los tres fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Ahora se ha vuelto a colocar la misma innecesaria presión sobre la Guardia Civil y el juez, perjudicando una investigación que el Ministerio vendió antes de hora de forma irresponsable.

En contra de lo que algunos políticos piensan, una mala política no deja de serlo porque la comunicación oculte sus carencias. Como Hannah Arendt observó, para algunos políticos una parte de la política consiste en fabricar imágenes y la otra en hacer creer a la gente en ellas. La comunicación deja de ser persuasión para incurrir en manipulación cuando esa construcción de marcos reproduce falsedades, afectando así a la credibilidad de los políticos. En dos años de legislatura el ministro del Interior no acierta ni en la comunicación ni en la política, como muestran las constantes polémicas que ha provocado y los demoledores índices de desaprobación que las encuestas constatan.

Comenzó el ministro elogiando en diciembre de 2011 a sus predecesores en el Gobierno socialista al destacar su trabajo «ejemplar» al frente del Ministerio. Continuó recibiendo en privado al propio Zapatero. Estos errores no lo eran solo de comunicación, pues alimentaban la desconfianza de un electorado que durante años escuchó durísimas críticas a la política antiterrorista de quienes ahora eran curiosamente elogiados. Hoy el Gobierno sigue sin poder disipar las dudas sobre una política antiterrorista que ha generado amplia desconfianza no solo por la comunicación de la misma, sino por sus importantes déficits en cuestiones clave que evocan los que el PP tanto criticó en la oposición.

Tampoco fue solo un error de comunicación el anuncio en abril de 2012 del ‘plan de reinserción’ que bajó el listón para autorizar los traslados a cárceles del País Vasco. Los presos, viendo que el Gobierno rebajaba sus exigencias al flexibilizar un aspecto de su política penitenciaria, lo definieron como «el primer paso de otros pasos». Sin embargo, Gobierno y Ministerio, al ser criticados solo asumieron, insuficientemente, que el plan se había comunicado mal a la sociedad. La excarcelación de Bolinaga resultó muy dañina para la credibilidad del Gobierno al presentarse como obligado a favorecer al etarra sin que la ley le obligara realmente a ello. Muchos vieron en ese trato de favor una injusticia, una inmoralidad y un engaño. Difícilmente podía la comunicación tapar una decisión política tan nefasta para un Gobierno que actuaba como sus predecesores: aparentando una firmeza que ocultaba lo contrario.

Lo mismo ocurrió con la sentencia de Estrasburgo, pues el Gobierno demostró falta de voluntad política e ineficacia para evitar una condena que agudizó la desconfianza de los ciudadanos. El propio ministro contribuyó a aumentar la alarma social al enfatizar su indignación por la excarcelación de criminales que tildó de muy peligrosos mientras se declaraba «impotente». El célebre «llueve mucho» del presidente tras la sentencia evidenció una desidia política que se intentó tapar con las fotografías con las víctimas del terrorismo. Su eficacia fue limitada, pues las acciones del Gobierno revelaban demasiadas incoherencias entre su discurso asegurando determinación y sus insuficientes actuaciones.

Algo similar ocurrió con las declaraciones de ministro y secretario de Estado al expulsarse de Noruega a la cúpula etarra. El suceso no probaba, al contrario de lo que subrayó el Gobierno, que este no negociaba con ETA. Tampoco demostraba que negociaba. Lo que sin duda alguna demostraba era que tres terroristas en busca y captura no habían sido detenidos, restando credibilidad a los reiterados pronunciamientos de los responsables de Interior al asegurar que «el Estado no baja la guardia» y que a los etarras se les perseguirá «allá donde se encuentren». Estos y muchos otros comportamientos confirman que la falta de confianza en el Gobierno surge tanto de la propia política antiterrorista como de la forma de comunicarla. Comunicación y política son inseparables.

martes, 14 de enero de 2014

La sombra de Lizarra tras una pancarta

JESÚS PRIETO MENDAZA, ANTROPÓLOGO Y PROFESOR

EL CORREO 14/01/14


No puedo entender que un partido considerado moderado pueda, catorce años después, abrir de nuevo aquella gran trinchera en el seno de la sociedad vasca



Bien. Ya pasó. La torpeza policial, o la inacción, en términos políticos, del Gobierno de Mariano Rajoy propició la primera convocatoria de manifestación. Prohibida (por un juez vasco, no lo olviden ustedes) la manifestación nº1 no se celebró, y gracias a un interesante, casi rocambolesco, juego político se convocó la manifestación nº2. La marcha del sábado por las calles de Bilbao se celebró, fue un éxito rotundo y congregó a un importantísimo número de personas. Bien ¿Y ahora qué?

El lema escogido, ‘Derechos Humanos. Acuerdo. Paz’, fue, sin duda, un título aséptico en el que toda la sociedad vasca puede caber. ¡Que digo la sociedad vasca! La sociedad española, la sociedad europea y la propia comunidad internacional pueden suscribir este lema. Sin embargo, y no creo estar descubriendo nada, sabemos que quienes han dado coartada, durante décadas, a los asesinos y a los creadores del término «socialización del sufrimiento» han sido unos magníficos gestores de la perversión del lenguaje, tanto que ésta ha calado, cual persistente sirimiri, en una parte importante de la sociedad vasca. Todos sabemos que los tres conceptos fundamentales (Derechos Humanos, acuerdo y paz) alegados para la marcha no tienen igual significación para Andoni Ortuzar que para Laura Mintegi, para un miembro de Gesto por la Paz que para el ‘Carnicero de Mondragón’, para un militante cristiano de base que para Martín Garitano. Pero marcharon juntos, sin flirteos incómodos pero unidos bajo un mismo palio simbólico, que, en definitiva, puede ser un objetivo final compartido por la Umnah (comunidad mundial islámica) nacionalista. De esta forma unos caminaron en silencio y otros, por el contrario, entendieron que la amnistía (sin arrepentimiento y sin colaboración en la resolución de casos sin esclarecer) era sinónimo de paz, y así se hicieron oír.

Quienes me conocen, en especial los amigos nacionalistas que me van quedando (otros, poco a poco, han decidido que mi amistad no tiene el RH requerido) saben de mis críticas hacia el comportamiento del PNV durante la manifestación posterior al asesinato de Jorge Buesa y Jorge Diez Elorza, en febrero de 2000. Durante más de diez años he afirmado, en mis artículos o ponencias, que aquel fue el mayor error del PNV en su historia. Pues bien, hoy me asalta la duda, ya no sé si fue un error o una acción deliberadamente planificada a tenor de la repetición del sábado. No puedo creer que un partido considerado moderado (eso que en términos coloquiales se denomina ‘gente de orden’) pueda, catorce años más tarde, abrir de nuevo aquella gran trinchera en el seno de la sociedad vasca. No puedo entenderlo, si no es por la llamada atávica de unos orígenes míticos. No puedo comprender que obvien la falta de una parte, minoría significativa, de la sociedad vasca: quien no se siente nacionalista, o, al menos, no como ellos.

El mismo sábado, me topé en la escalera de casa con un vecino, víctima de ETA. Su padre, farmacéutico militar, fue asesinado en Durango en el año 1980. Pudo llevar escolta, pudo pagar el chantaje que le pedían, pero no lo hizo. Decía que no podía caer en la indignidad. Que no podía poner en peligro la vida de un joven escolta, que no podía entregar un dinero que pudiera servir para asesinar a otras personas, que prefería morir él que poner en riesgo la vida de otros. Así fue, aquel padre de familia cayó asesinado de un tiro en la nuca por alguien que le consideraba ajeno al grupo de los escogidos para la redención patria. Su esposa, no pudo recuperarse del golpe, falleció unos años más tarde. El sábado mi vecino, con lágrimas en los ojos, volvía de un cerro cercano sito en un parque del vitoriano barrio de San Martín: allí había encendido una vela en recuerdo de su padre. No le dije nada. Entre tanta indignidad travestida de virtud, me pareció un hermoso gesto. Tan sólo le puse una mano en el hombro.

Mis artículos suelen resultar incómodos. Lo sé. No comparto la falta de iniciativa, que no significa concesión, del Gobierno de la nación. No comparto los exabruptos de ciertos tertulianos, más próximos a la ultraderecha que a una opinión objetiva. No comparto la visión de una gran Euskal Herria pura y homogénea. No comparto los deseos de venganza (una parte minúscula) de algunas asociaciones de víctimas. No comparto tantas cuestiones aquí en juego. Pero aun siendo crítico con numerosas de estas actuaciones, no puedo aprobar que se prime más el mantenimiento de cotas de poder, en clave nacionalista, junto a la indignidad, que la cohesión social de un País Vasco plural en el que podamos caber todos, con dignidad.

¿Acaso alguien, el sábado, se acordaba transitando por las calles de Bilbao del gran ejemplo de dignidad de este farmacéutico de Durango?

lunes, 6 de enero de 2014

Los desafíos de 2014

JAVIER TAJADURA TEJADA

EL CORREO 06/01/14


No puede considerarse seriamente como una respuesta aquella que se limita a recordar lo obvio: que la independencia de Cataluña es inconstitucional, y, sobre todo, una insensatez.



El año que comenzamos tiene una fuerte carga simbólica. Por un lado, se conmemora el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, de la Guerra civil europea (1914-1945) que supuso el fin de la hegemonía de nuestro continente. Por otro, y ciñéndonos en este caso a España, se celebra el final de la Guerra de Sucesión a la Corona que –tras morir Carlos II sin descendencia– enfrentó a los partidarios de los Borbones y a los defensores de la causa de los Habsburgo. Aunque Mallorca no capituló hasta 1715, la rendición de Barcelona se produjo en 1714. Se trata de dos conflictos de muy diferente naturaleza. El iniciado en 1914 es el paradigma de una guerra entre naciones que compiten por los recursos económicos (materias primas y mercados) y consecuencia inexorable de la conjunción entre el nacionalismo político y la expansión colonial. La Guerra de Sucesión, por el contrario, se produjo en un momento en el que las naciones como sujetos históricos no existían, y fue un conflicto dinástico que enfrentó a las dos familias más poderosas de Europa. En todo caso, los ecos de estos enfrentamientos se proyectan con especial intensidad en el presente, y nos señalan los principales desafíos a los que nos enfrentamos los españoles en el año que comenzamos.

El centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial coincide con un año electoral europeo. En primavera, los europeos elegiremos a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, en unas elecciones decisivas en las que concurre una doble circunstancia. Por un lado, nunca el Parlamento Europeo había tenido tanto poder, y su actividad tanta relevancia para la vida de los ciudadanos, como el que vamos a elegir en 2014. Por otro, nunca había sido tan grande el riesgo de que los enemigos del proceso de integración europea (nacionalistas y populistas) obtuvieran un amplio respaldo en las urnas.

Del nuevo Parlamento surgirá igualmente una nueva Comisión Europea, y las nuevas instituciones deberán afrontar la crisis política y económica optando por una mayor integración en todos los órdenes o por el mantenimiento de la situación actual (o en el peor de los escenarios por una renacionalización de las políticas). La profundización en el proceso de integración resulta imprescindible para garantizar a medio plazo la unión monetaria, y para poder superar la grave crisis que padecemos, sobre todo, los países del Sur. En realidad, es la única forma de evitar que Europa vuelva a suicidarse de nuevo cien años después, con el agravante de que este suicidio sería definitivo. El desafío europeo se configura así como uno de los principales retos del año.

La conmemoración del final de la Guerra de Sucesión –manipulada y tergiversada hasta la saciedad por el nacionalismo catalán que en un formidable ejercicio de imaginación la presenta como un enfrentamiento en clave nacional– nos remite necesariamente al desafío catalán. Los partidos mayoritarios en Cataluña han pactado celebrar un referéndum independentista en noviembre, y en el supuesto de que la manifiesta inconstitucionalidad e ilegalidad del mismo impidan su realización, adelantar las elecciones como paso previo a una declaración unilateral de independencia.

Y frente a esta colosal amenaza para el futuro de la unidad política y de la cohesión social de España, no se ha avanzado hasta hoy respuesta alguna. Porque no puede considerarse seriamente como una respuesta aquella que se limita a recordar lo obvio: que la independencia de Cataluña es inconstitucional, y sobre todo una insensatez. Para que este recordatorio fuera efectivo tendría que venir acompañado de una exposición de las medidas que se ha previsto adoptar para el eventual momento en que se produzca el ‘accidente insurreccional’. Y en este sentido, las genéricas apelaciones al artículo 155 de la Constitución que otorgaría cobertura a la suspensión de la autonomía de Cataluña, son un mero brindis al sol. Y ello porque el artículo 155 no ha sido desarrollado mediante una ley.

Y a falta de esa legislación de desarrollo, su aplicación es prácticamente imposible puesto que no está determinado ni el objeto ni el alcance de esa eventual suspensión de la autonomía. Para que el 155 pueda configurarse como una respuesta real y efectiva al desafío catalán es preciso que una ley establezca cuáles son los diferentes supuestos en que se puede aplicar, tipificándolos de forma gradual, y estableciendo simultáneamente con arreglo al principio de proporcionalidad las distintas medidas a adoptar por el Estado.

La Ley debería igualmente precisar qué órganos asumirían los distintos poderes y facultades de la Comunidad, con qué alcance, y cuáles serían sus relaciones con los poderes públicos autonómicos subsistentes. A falta de esa regulación, la eventual aplicación del artículo 155 resulta casi inconcebible. La única respuesta prevista en nuestro ordenamiento frente a una ‘insurrección’ es según el artículo 116 de la Constitución, la declaración del ‘estado de sitio’. Ahora bien, dado que implica la suspensión de derechos fundamentales en el territorio en cuestión, su activación sumiría al país en una crisis de consecuencias imprevisibles y en una situación prebélica.

Ante el callejón sin salida al que nos conduce el escenario anterior, es preciso dar otra respuesta al desafío catalán, que, sin poner en cuestión la unidad de la nación y del Estado, con espíritu de concordia, tienda la mano a Cataluña. Esa respuesta –como acertadamente advirtió el Jefe del Estado en su discurso de Navidad– pasa por «actualizar nuestros acuerdos de convivencia». Desde esta óptica, la reforma constitucional es el otro gran desafío del 2014.

viernes, 3 de enero de 2014

El comunicado y la ETA política

JOSÉ IGNACIO CALLEJA

EL CORREO 03/01/14


No tienen la más mínima conciencia moral de que su caso es indefendible desde hace docenas de años



El comunicado del colectivo de presos de ETA publicado el pasado 28 de diciembre está escrito con la precisión de un cirujano en mala política. La ornamentación retórica es exactamente la misma desde hace cuarenta años. Todo lo que a ellos les sucede es injusto por inhumano, además de ilegal. Los Estados español y francés son los sujetos de esa injusticia manifiesta y repetida sin control. El pueblo de Euskal Herria, por el contrario, es un testigo que sufre impotente y a distancia tamaña afrenta. Está claro que a muchos vascos no nos han atendido.

¿Entonces, por qué hablar ahora y en qué sentido? Como fuera que muchos agentes sociales se lo están reclamando –prosigue–, no va a quedar por ETA intentarlo: el colectivo de presos «asume la responsabilidad que le corresponde». ¿Y cuál es ésta, a su juicio? Seguir luchando como siempre por la libertad de Euskalherria, y hacerlo ahora –esto es lo nuevo– por vías políticas democráticas en exclusiva. O sea –están suponiendo en lo que dicen–, que su lucha ha sido siempre política, y políticas han sido sus acciones, y que sus consecuencias, con daños para terceros, siempre han sido consecuencias de una lucha política. La esencia del conflicto es así, política; la motivación de su entrega, política; las consecuencias, con daños para otros, políticas. Todo en ETA habría sido y es sólo política. ¡Uf!

«Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generado como consecuencia del conflicto». Esta es la frase más vistosa, éticamente hablando, del comunicado. «Reconocemos el sufrimiento», vamos a pensar que significa a la vez «lo sentimos», pero es una interpretación muy benigna por mi parte; y que ese sufrimiento está generado como consecuencia del conflicto es como decir que la Luna da vueltas alrededor de la Tierra; una relación que las leyes de la naturaleza disponen. Es la redacción más impersonal y des-comprometida que pueda hacerse de su culpa en la violencia. Yo la llamo terror, pero si la nombramos como violencia sigue siendo el reconocimiento de una responsabilidad sin culpa. Está a un milímetro de decir «hemos hecho lo único que un hombre de bien podía hacer en ese momento y, sencillamente, ese tiempo ya no es el de hoy». O, podría añadir, la misma estrategia política requiere ahora de otros medios, y a ella nos entregamos con el mismo celo, si bien –y no es despreciable– sin recurrir a la violencia.

Y prosigue el texto. Como hemos tomado esta decisión, y prometemos atenernos a ese proceder no violento en la vida pública, corresponde al Estado una política penitenciaria acorde a la nueva situación. Y aquí una concesión cierta del comunicado de los presos de ETA: el proceso de vuelta a casa y libertad puede hacerse respetando los cauces de la legalidad vigente y, por tanto, aceptando las condenas de que los presos han sido objeto. Otra vez la redacción del comunicado está al límite de la asepsia moral: «Aceptamos las condenas», pero –pienso– eso no significa la culpa de nada. Por eso añade: «La ley y su aplicación han de ser utilizadas –¡vaya concepto!– para fortalecer los pasos» futuros. En tal sentido, reconocen que van a respetar la libertad individual de cada preso y que entienden los tiempos de la prudencia política. Es un detalle.

Y otra vez la exculpación política de toda su trayectoria, antes de aceptar la menor: «Asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad política en el conflicto político». Por tanto, todo en ETA ha sido política –están diciendo– y, a partir de ahí, hablamos de lo que haga falta. Y concluyen: «Asumimos analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros dentro de un proceso acordado, que reúna las condiciones y garantías suficientes». Se entiende que su caso lo tenemos que tratar como equivalente a cualquier otra posición política hasta hoy. No tienen –es mi valoración– la más mínima conciencia moral de que su caso es indefendible desde hace docenas de años, y piensan que han de estar en la plaza pública con todos los honores de quien nunca mató, ni extorsionó, ni humilló. Una cosa es la verdad de la memoria compleja de lo que ha pasado –y en lo injusto, reconocérselo– y otra que los militantes de ETA sean voces en situación de equivalencia indiferenciada al resto de los ciudadanos en el discernimiento moral del pasado.

Si el comunicado insiste tanto en el carácter exclusivamente político de la violencia de ETA –de sus causas, de sus consecuencias, de sus propósitos y de sus daños– es porque quieren que los demás aceptemos culturalmente su buena conciencia. Evidentemente, el texto tiene un valor político que yo no ignoro, pero que no me corresponde juzgar. Tal vez esté pactado y tal vez sea una pieza de un puzzle que no me compete. Desde el punto de vista cívico y ético, es un comunicado frío como el hielo, estratégico en su política y corrosivo en su ética –si se puede malograr esta palabra con este alcance–. ¿Y la política? La política sin duda le sacará un provecho que éticamente no tiene ni leído con el mejor espíritu navideño. Y así tiene que ser.

Las sugerencias de sirena en el referéndum catalán

JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL

EL CORREO 03/01/14


Es verdaderamente asombroso que para intensificar las relaciones con España se pida la independencia y, de paso, se vulnere clamorosamente la Constitución



Los últimos desarrollos de la crisis catalana resultan sumamente preocupantes, no solo porque consisten en propuestas difícilmente acogibles en la actual situación, sino porque denotan un extravío o ligereza realmente llamativos. Me refiero, en primer lugar, al acuerdo de celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña que han alcanzado diversas fuerzas soberanistas y que no disfruta de una mínima cobertura –estemos en el plano constitucional, contrario como es a los supuestos o previsiones de la Norma Fundamental, o legal–, pues la vigente, aunque recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC), Ley de consultas populares catalana no autoriza la celebración de un referéndum sobre materias que no son competencia de la comunidad autónoma, que evidentemente no puede disponer de atribuciones inconstitucionales, como sería en este caso la celebración de una consulta territorial sobre la secesión.

Para muchos, además, este referéndum no solo sería imposible desde el punto de vista del derecho sino que tendría muchos problemas para superar un simple test de democraticidad, que todos los instrumentos de participación política deben pasar. Aunque nuestra democracia sea esencialmente representativa, en la misma caben diversos tipos de referéndum a condición de que se lleven a cabo con determinadas condiciones que aseguren su limpieza, hablemos tanto de la libertad en la defensa de todas las opciones, como de la claridad en la formulación de la pregunta o la averiguación del resultado de la consulta. La libertad de defensa de todas las opciones posibles, de modo que quede garantizada la escrupulosa igualdad de oportunidades de todas ellas, excluye que los poderes públicos intervengan como tales en la campaña, gastando por ejemplo dinero del contribuyente en la defensa de alguna de las opciones. En segundo lugar, en un referéndum que merezca la consideración de democrático la pregunta debe excluir la manipulación, tanto respecto a la actitud de quien se pronuncia, como de la valoración de los resultados. Como todo el mundo comprende no es claro preguntar al votante por la conveniencia de un Estado, que puede entenderse de muchas formas, por ejemplo como un nuevo nombre de la comunidad autónoma. La pregunta asimismo debe formularse en términos neutrales que faciliten el comportamiento racional del ciudadano, sin inducir a una respuesta determinada. En ese sentido puede hablarse de un encabalgamiento entre la primera y la segunda pregunta («por tanto ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?») como objetivo oculto manipulador de la consulta.

Finalmente, el referéndum debe ser planteado de manera que no haya duda sobre los resultados. ¿Sirve cualquier quórum de asistencia? ¿Y qué pasa si gana el Estado propio, en la primera pregunta, pero no sale el Estado independiente en la segunda contestación? ¿O si gana la independencia, pero sin Estado propio?

Por si no tuviésemos bastante con los despropósitos alcanzados en este acuerdo sobre la consulta, leemos en la prensa algunas ocurrencias realmente disparatadas del Consejo Nacional de Transición, que está dispuesto a diseñar un tipo de escenario post-independencia verdaderamente maravilloso, pues, se lee, el Estado independiente no tiene como finalidad romper las relaciones con España, sino, desde un plano de igualdad, «hacerlas más sólidas que las actuales». Es verdaderamente asombroso que para intensificar las relaciones con España se pida la independencia y, de paso, se vulnere clamorosamente la Constitución que, sin previa reforma, no puede admitir que sobre la configuración territorial del Estado común decida un sujeto que no sea el pueblo español en su conjunto.

Al Consejo Asesor para la Transición nacional, preocupado, según las noticias, por las oportunidades de competición liguera del Barcelona y del Español en la postindependencia, o por si en Cataluña se pudiese ver la televisión española –cuestión esta a resolver no según el principio de la libertad de expresión sino por el criterio de reciprocidad, a saber, si TV-3 se recibiese en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares–, no se le ha pasado por la cabeza que en esa situación de independencia algún peso ha de tener la opinión del Estado español. El Gobierno catalán, de atender las sugerencias de sirena que le hace el Consejo Asesor para la Transición, aplicaría la táctica del Gobierno escocés de desdramatizar la separación, presentándola en términos amables como la culminación lógica de la descentralización. No estaría mal que recordase la actitud del Gobierno británico en trance semejante, que insiste en la seriedad de la secesión y mantiene que, en términos legales y constitucionales, la independencia es algo aparte y distinto de la devolución. De otro lado, el Gobierno británico que, como no puede ser menos en la actualidad, se comporta institucionalmente defendiendo los intereses de todo el Reino Unido, ha advertido en el libro blanco que muchos echamos en falta en España, ‘Scotland analysis: devolution and the implications of Scottish independence’, que cambiará en el momento post-independentista de posición atendiendo exclusivamente la conveniencia de lo que siga siendo el Estado británico.

jueves, 2 de enero de 2014

ETA y la banalidad del mal

ANTONIO ELORZA

EL CORREO 02/01/14




En el comunicado del Día de los Inocentes, los presos de ETA dieron un paso decisivo en cuanto a la resolución definitiva de su problema. No sirven ya mediaciones internacionales, ni exigencias de una negociación política con los Estados español y francés. La apuesta es clara por el recurso a los cauces legales que cada preso etarra esté en condiciones de utilizar para así ir hacia el último objetivo: «La vuelta a casa».

Hay no obstante otro aspecto del texto cuya lectura se ha visto enturbiada por el ‘wishful thinking’ de quienes siempre desean ver algo más en el fondo de las declaraciones del mundo de ETA. Se han sucedido así los titulares según los cuales el comunicado de los presos etarras supone «el reconocimiento del daño causado», asignándolo inequívocamente al sujeto eludido, ETA. Esto sería también un gran paso, solo que las palabras del escrito no lo avalan: «Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generado como consecuencia del conflicto». Aquí el reconocimiento, el sufrimiento y el «daño multilateral» diluyen, a pesar del énfasis puesto en la sinceridad, toda la responsabilidad acumulada en medio siglo de acciones criminales de ETA. Es esta responsabilidad la eludida, yendo la misma a recaer sobre la fuente de todos los males, el «conflicto político», cuya naturaleza ya sabemos desde siempre, entre la aspiración vasca a la libertad y la represión de la misma por España.

El comunicado se ajusta de este modo a la línea de encubrimiento de la responsabilidad efectiva que corresponde al terrorismo de ETA en la tragedia vivida por la sociedad vasca (y por el conjunto de los españoles) durante unas décadas de plomo. Una responsabilidad sepultada bajo una capa de eufemismos, el primero de ellos la conversión del ‘terrorismo’ en ‘violencia’. Con la colaboración implícita del PNV, cobra así forma un relato a dos niveles. El subyacente, dirigido a los seguidores de la causa, quienes con la coartada del ‘conflicto’ pueden seguir viendo en los etarras siempre unos héroes, a veces también mártires, en la lucha armada por la independencia. El externo, dirigido al conjunto de la sociedad, que en torno al concepto unificador de ‘sufrimiento’ contempla ese pasado como una dolorosa vivencia compartida por todas las víctimas, frente a la intransigencia de las víctimas españolistas, enemigas de la necesaria ‘reconciliación’, y también frente a la designación de ETA como culpable. Los etarras habrían sido unos jóvenes vascos como otros cualquiera, quienes llevados del patriotismo actuaron como instrumentos de una organización envuelta en la dinámica del Mal generada por ‘el conflicto’.

Por encima de la variación de las circunstancias históricas, el mecanismo de exculpación hace obligada la cita de un famoso antecedente: la elaboración por Hannah Arendt del concepto de ‘banalidad del Mal’, sobre la base del proceso a Adolf Eichmann. Para la discípula de Heidegger, el comportamiento del acusado durante sus sesiones desmentía la imagen tópica del nazi como un monstruo asentado en su paranoia y en su ideología. Eichmann habría sido un tipo de limitado entendimiento, incapaz en sus respuestas de salirse de la condición instrumental que había desempeñado cuando organizó los transportes de judíos a los campos/mataderos. Emblema de tantos mediocres que integraron el aparato burocrático hitleriano, carentes de actitud crítica frente a sus consecuencias criminales.

El esquema interpretativo de Arendt explica el consenso de masas alcanzado por el régimen de Hitler, por encima de sus conocidas atrocidades. Lo mismo cabría decir de tantos vascos que secundaron con entusiasmo las de ETA (el mundo de Bildu) o, en el mejor de los casos, de nacionalistas demócratas que callaron o buscaron disculpas acudiendo al ‘conflicto’. Por los datos que hoy tenemos sobre Eichmann, y por algunos que debió conocer, Arendt erró al minusvalorar su implicación y la de tantos burócratas nazis. Las declaraciones ante el tribunal en Jerusalén constituyen una obra maestra donde Eichmann exhibe una supuesta torpeza para explicar todo aquello que desborda su esfera profesional. Incluso en la conferencia de Wannsee habría sido un simple redactor de actas que se tomó luego un coñac con los jefes. Un Poncio Pilatos. Arendt no le ve antisemita, aun cuando organizara la ‘solución final’ en Hungría en 1944. Solo que Eichmann disipó dudas en una entrevista antes de ser raptado. No fue un instrumento, «pues no era un tonto»; intervino en las decisiones. Y lamentaba que hubiesen sido eliminados menos de los diez millones de judíos posibles. Para desengaño de kantianos despistados, resaltó la centralidad de su labor: «La cuestión judía, en su conjunto, no era más que una cuestión de transportes».

Para explicar el Mal, según Arendt, evitemos «ir a las raíces». El Mal sería un fenómeno de superficie, que surge en determinadas circunstancias, y al cual se adhieren hombres comunes, por ser incapaces de desarrollar un pensamiento crítico frente a la realidad de las cosas. El fenómeno de la adhesión acrítica, descrita por Arendt, encaja perfectamente con la militancia en ETA y la conversión de los ‘patriotas’ en instrumentos del terror/‘violencia’. Solo que quedarse ahí es muy útil para el relato nacionalista, al arrancar del ‘conflicto’ y desviar hacia él toda responsabilidad. Los etarras serían buenos vascos que tras un período de ‘sufrimiento’ colectivo, solo esperan la reconciliación para mostrar su faz democrática. La derrota en la guerra contra el Estado no existe. Autocrítica, ¿para qué?

Bien al contrario, explicar el Mal requiere ir a sus raíces. En nuestro caso, como en el del nazismo, una ideología política fundada sobre el odio, cuya asunción por los militantes llevaba a una praxis de destrucción del otro. Sin esclarecerlo, la reconciliación implica supervivencia larvada del Mal.