EL PAÍS 24/02/14
AURELIO ARTETA
· Las medidas nacionalistas pasan por democráticas solo por ser pacíficas
Con vistas al final de ETA, mientras la parte nacionalista moderada se contenta con su mero desarme, la más radical ni siquiera se aviene todavía a renegar de su curriculum asesino. ¿Cómo no sacar de ello una lección? Si se ha ganado la batalla contra el terrorismo (aún sin confirmar del todo), en España estamos perdiendo la guerra declarada por el nacionalismo étnico. Tal vez porque muy pocos la perciben o militan en esta guerra. Como si los atentados etarras hubieran sido tan sólo repugnantes excepciones criminales, no se repara lo suficiente en que nacían de unos presupuestos rechazables, aun cuando los compartieran muchos ciudadanos. Algunos tememos que congratularse de aquel éxito enmascare la debilidad moral del presente y sus desastrosos efectos futuros.
Se dice una y otra vez que ETA ha sido al fin derrotada por la democracia. Demasiada retórica. Se añade que ETA ha perdido frente a la sociedad española, pero dudo que eso pueda pregonarse asimismo de la sociedad vasca en general. Uno cree que el terrorismo ha sido derrotado de la única forma que debía serlo: por la fuerza pública del Estado al que retaba. ¿O acaso alguien había imaginado, a costa de estrechar el terreno de la contienda, que una banda armada podía vencer hoy a un Estado? Pero detrás del desafío terrorista, que absorbía toda la atención, se estaba librando otro combate más hondo de naturaleza nacionalista. Además de sus comandos clandestinos, el terrorista ha contado con numerosos representantes civiles; y, junto a su aparato militar, ha dispuesto de otro político e ideológico. Derrotado policialmente, ¿no habrá salido sin embargo ganador en estos otros combates…? Eludir esa pregunta sería prueba de complacido simplismo o de cobarde escapada; a la postre, de rendición.
Así que resulta un tanto aventurado sostener que ETA se ha ido sin ganancia alguna, porque nada se le ha pagado ni nada le debemos por retirarse. Que no haya conseguido sus objetivos máximos no significa que se ha conformado con otros insignificantes. Al decir de algún padre de la Constitución, fue su siniestra presencia la que propició el reconocimiento al País Vasco de los privilegios forales (llamados “derechos históricos”). La amenaza que el terror representaba ha sido blandida por los nacionalistas cada vez que exigían, y obtenían, alguna concesión del Gobierno central de turno. Es verdad que la autodeterminación de Euskadi aún no se ha llevado a cabo y que las Fuerzas de Seguridad no se han marchado del país, pero ambas reivindicaciones las reclama ahora abiertamente el propio lehendakari. Y, sobre todo, ¿quieren un síntoma certero de que la banda no ha fracasado?: los apoyos electorales de sus partidos herederos han crecido, y con ello los puestos institucionales que hoy ocupan. Después de sacudir el árbol, había que recoger los frutos.
· Que la banda terrorista no ha fracaso lo demuestra el apoyo electoral a sus partidos herederos
Prácticamente borrada ETA, y según aquellos simplificadores, entre nosotros ya sólo reina sin rival la democracia; así de sencillo. Y la democracia no es otra cosa que el sometimiento a la regla de la mayoría, bien fácil. Nada de debatir la razón y justicia de las propuestas públicas ni denunciar los derechos humanos vulnerados, porque basta contar los votos. De suerte que casi todos los políticos y comentaristas han reiterado que lo único perverso del terrorismo era su violencia, pero no las premisas etnicistas que la animaban y justificaban. Puesto que en Euskadi se sucedieron las extorsiones y las bombas, lo primero era acabar con ello; pero lo simultáneo fue también adoptar a diario medidas que, tan sólo por ser pacíficas, pasaban por irreprochables. Por eso, como los afiliados del PNV no cometían atentados (aunque a menudo exculparan a sus autores) y sus prohombres eran elegidos a través del sufragio, ese nacionalismo parecía democrático. De hecho era ante todo pacífico, y de un pacifismo más que sospechoso cuando protegía a los violentos.
Por lo demás, no es seguro que los voceros de que la democracia ha ganado la partida contribuyeran mucho a este triunfo. Esa victoria no estriba en lograr que los violentos renuncien a sus ideas, nos explican, sino en que las defiendan sólo con la palabra. Para ello no hacía falta, sin embargo, renunciar a las nuestras ni admitir esas ideas que escinden a la sociedad entre nativos y ciudadanos y la abocan al enfrentamiento. Quedarse en ser antiterrorista no equivale a ser demócrata, al menos en el sentido más propio de este adjetivo. En realidad, los simplificadores comulgaron con unas cuantas políticas de corte antidemocrático, aunque tuvieran el aval mayoritario. Igual que los socialistas catalanes, muchos de los nuestros hablaban en prosa nacionalista sin saberlo. Incluso cuando han encabezado el Gobierno o gestionado la educación, ¿se ha escuchado de los socialistas vascos algún argumento de peso, pongamos por caso, contra la patente ilegitimidad de la política lingüística?
Más bien se diría que no acabamos de entender la naturaleza misma del nacionalismo triunfante. Todavía nos cuesta aceptar que el carácter político, y no sólo criminal, del terrorismo convertía a sus crímenes en bastante más abominables que los ordinarios. Aún se sorprenden muchos cada vez que los partidos abertzales, de derecha o de izquierda (?), manifiestan su unidad familiar desde la creencia en la primacía de los derechos de su nación sobre los demás derechos.
· Es una ingenuidad creer que todo el problema vasco se agotaba en el ejercicio del terror
Pues no vayan a confundirse: el terrorismo no ha sido en Euskadi la forma exclusiva de control social ni la principal fuente del temor ciudadano. En Cataluña, sin ir más lejos, ni siquiera era preciso. Mucho más extendida ha sido la presión grupal ejercida por ese abertzalismo imperante que se recrea en su disparatada aureola progresista. Para la inmensa mayoría, el sentimiento opresivo no era tanto el miedo al pistolero como al vecino o al colega. Es el miedo de cada cual a quedarse solo lo que ha impregnado la atmósfera en Euskadi y, a mi entender, semejante control pervive bajo múltiples rituales. ¿Cómo se explica, si no, que se acepten sin rechistar esos baremos para el empleo público en la Universidad o en Sanidad en los que la lengua real de muy pocos cuenta desmesuradamente como mérito (o como requisito) para plazas cuyo cometido no exige su conocimiento? ¿Qué grado de sumisión al ambiente se requiere para que la mayoría de castellanohablantes fuerce a sus hijos a cursar el modelo de enseñanza en euskera?
No parece que estas cosas les preocupen en exceso a quienes se contentan con esa derrota de ETA. Más bien son ellos los que “contra ETA vivían mejor”, porque condenar la violencia terrorista era lo más fácil, incluso lo obvio; no exigía gran esfuerzo intelectual ni un elevado riesgo personal. Mucho más costoso era entonces —y lo sigue siendo ahora— resistir las simplezas y desmanes de la tribu nacionalista, la infección de los dogmas reinantes, la complicidad de tanto ciudadano indiferente, etc.
Por tanto, ¿a quién beneficia esta ingenuidad de suponer que todo el problema vasco se agotaba en el ejercicio del terror y que, acabado éste, ya no hay problemas? Al que siempre ha favorecido: al creyente en la causa nacionalista, no al defensor de la democrática.
Aurelio Arteta es catedrático de Filosofía Moral de la Universidad del País Vasco y autor de Mal consentido. La complicidad del espectador indiferente (Alianza, 2010).
lunes, 24 de febrero de 2014
domingo, 19 de enero de 2014
Por la paz, una pancarta
JAVIER ZARZALEJOS
EL CORREO 19/01/14
Cuando se habla de la derrota de ETA por el Estado de Derecho, en el mejor de los casos, miran a otra parte
El PNV ha dado dos explicaciones de su protagonismo en la manifestación a favor de los presos de ETA del pasado día 11. La primera, doméstica beligerante y guerrera, hablaba de la necesidad de «parar los pies al Estado» después de que el magistrado Eloy Velasco prohibiera la primera convocatoria que había hecho ‘Tantaz Tanta’. Los jeltzales se adelantaban en la imagen a los portavoces de Sortu que, para mejorarla, tuvieron que acudir a las artes marciales y jactarse de haber ganado al Estado aprovechando su propio impulso, no hace falta aclarar que siempre represivo.
Pero la segunda explicación ya iba dirigida al gran público, y a los que dentro del público nacionalista la imagen de renovada confraternización con la izquierda abertzale les daba, digamos, mal rollo. Tiempo atrás, cuando el PNV se movilizaba en compañías mucho más recomendables, sus líderes ya aclaraban que se equivocaban los que creían que lo hacían contra ETA. No, lo hacían por la paz.
Hay otros ejemplos recientes de cómo el PNV siempre se sacrifica por la paz. El diputado general vizcaíno dejaba claro hace unos días que «no se daban las condiciones» para que la selección española de fútbol jugara en el nuevo San Mamés como equipo local en la Eurocopa de 2020. El lehendakari amplió la tesis aclarando que quien jugaría como equipo local sería el equipo de Euskadi. ¿Sectarismo? No, sería impensable en mentes tan elegantes. Sólo el afán de evitar líos que, sin duda, se producirían el día del partido (de fútbol).
Por la paz también en este incansable esfuerzo, el PNV advertía esta misma semana que si el PP y el PSOE persisten en sus objeciones al plan (ni que decir tiene que el plan es de paz), está dispuesto a seguir adelante con el apoyo de Bildu.
La paz ha exigido mucho esfuerzo al PNV. Por la paz se opusieron a la ley de partidos y a la posterior ilegalización de Batasuna y de las demás marcas políticas de ETA. Por eso, cuando se habla de la derrota de ETA por el Estado de Derecho, en el mejor de los casos, miran a otra parte. Las exigencias de la paz requirieron de los nacionalistas oponerse también a la ley de cumplimiento íntegro de las penas. Tampoco les parecía bien que expusiéramos a ETA y a sus cómplices políticos al control internacional de sus movimientos y su dinero incluyéndolos en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos o que se trasladase ese instrumento legal a la Unión Europea.
Un tiempo antes, el PNV se vio apremiado a moverse por la paz ya que nadie más lo hacía. Y de ese sacrificio por la paz nació el pacto de Estella y luego el plan Ibarretxe y el pacífico frente nacionalista por la paz, con la apacible Batasuna.
Es verdad que el destino ha querido premiar este continuo esfuerzo por la paz del PNV con la inmunidad que acompaña a los héroes, lo que ha permitido a este partido seguir trabajando incansablemente por la paz mientras compañeros de escaño o de corporación de otros partidos –PP, PSOE, UPN– no podían hacerlo porque eran asesinados, perseguidos y expulsados de la vida pública. Gracias a estar investido de esta misión providencial, un partido como el PNV, que tanto ha arriesgado por la paz, ha podido mantener su poder prácticamente incólume durante más de tres décadas en todos los niveles de gobierno.
Esta aparente contradicción entre el riesgo extremo que los nacionalistas han asumido por la paz y la preservación indemne de su militancia, de sus estructuras y de su poder no debería dar lugar a malévolas interpretaciones. Se explica fácilmente si se piensa en los términos del papel histórico que el PNV tiene asignado.
Hay detalles, sin embargo, que pueden producir cierta perplejidad. Por ejemplo, que la regla sea que cada vez que el PNV anuncia que se va a mover por la paz, la foto con la izquierda abertzale es cuestión de horas, los periódicos reservan espacio y los dirigentes ahora de Sortu, antes de Batasuna, despejan la agenda. Tampoco se entiende bien, a la luz del esfuerzo permanente por la paz, que ésta sea en la visión jeltzale como la cesta de cerezas: no puedes sacar la paz sin que ésta se lleve enganchado más nacionalismo. Seguramente nos falta perspectiva histórica para poder desentrañar esta estrategia que por su sutileza escapa a nuestro rudimentario intelecto, de ahí que éste, a veces, nos lleve a ceder a la tentación de poner en duda la integridad de algunas actitudes del PNV.
De hecho, hay quien considera que esta versatilidad del PNV que le habilita un día para marchar por el asfalto y al siguiente para pisar la alfombra es funcional para la paz y que si eso conduce a que sea el PNV el que marque sin contradicción la referencia de la nueva, y tan vieja, centralidad en la política vasca con Sortu a un lado, y el PSOE y PP a otro, pues qué le vamos a hacer.
Lo importante es que el PNV siga trabajando por la paz como hasta ahora, es decir, promoviendo manifestaciones con la izquierda abertzale, descalificando las operaciones judiciales contra las estructuras de ETA, denunciando en el Parlamento vasco la «gravedad» de estas, avanzando con Bildu en el «plan de paz» frente a las posiciones de los partidos democráticos y –por si faltaran los gerundios– preparando el escenario para una revisión del régimen autonómico que sólo los irremediablemente crédulos pueden esperar que se mueva en parámetros constitucionales.
EL CORREO 19/01/14
Cuando se habla de la derrota de ETA por el Estado de Derecho, en el mejor de los casos, miran a otra parte
El PNV ha dado dos explicaciones de su protagonismo en la manifestación a favor de los presos de ETA del pasado día 11. La primera, doméstica beligerante y guerrera, hablaba de la necesidad de «parar los pies al Estado» después de que el magistrado Eloy Velasco prohibiera la primera convocatoria que había hecho ‘Tantaz Tanta’. Los jeltzales se adelantaban en la imagen a los portavoces de Sortu que, para mejorarla, tuvieron que acudir a las artes marciales y jactarse de haber ganado al Estado aprovechando su propio impulso, no hace falta aclarar que siempre represivo.
Pero la segunda explicación ya iba dirigida al gran público, y a los que dentro del público nacionalista la imagen de renovada confraternización con la izquierda abertzale les daba, digamos, mal rollo. Tiempo atrás, cuando el PNV se movilizaba en compañías mucho más recomendables, sus líderes ya aclaraban que se equivocaban los que creían que lo hacían contra ETA. No, lo hacían por la paz.
Hay otros ejemplos recientes de cómo el PNV siempre se sacrifica por la paz. El diputado general vizcaíno dejaba claro hace unos días que «no se daban las condiciones» para que la selección española de fútbol jugara en el nuevo San Mamés como equipo local en la Eurocopa de 2020. El lehendakari amplió la tesis aclarando que quien jugaría como equipo local sería el equipo de Euskadi. ¿Sectarismo? No, sería impensable en mentes tan elegantes. Sólo el afán de evitar líos que, sin duda, se producirían el día del partido (de fútbol).
Por la paz también en este incansable esfuerzo, el PNV advertía esta misma semana que si el PP y el PSOE persisten en sus objeciones al plan (ni que decir tiene que el plan es de paz), está dispuesto a seguir adelante con el apoyo de Bildu.
La paz ha exigido mucho esfuerzo al PNV. Por la paz se opusieron a la ley de partidos y a la posterior ilegalización de Batasuna y de las demás marcas políticas de ETA. Por eso, cuando se habla de la derrota de ETA por el Estado de Derecho, en el mejor de los casos, miran a otra parte. Las exigencias de la paz requirieron de los nacionalistas oponerse también a la ley de cumplimiento íntegro de las penas. Tampoco les parecía bien que expusiéramos a ETA y a sus cómplices políticos al control internacional de sus movimientos y su dinero incluyéndolos en la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos o que se trasladase ese instrumento legal a la Unión Europea.
Un tiempo antes, el PNV se vio apremiado a moverse por la paz ya que nadie más lo hacía. Y de ese sacrificio por la paz nació el pacto de Estella y luego el plan Ibarretxe y el pacífico frente nacionalista por la paz, con la apacible Batasuna.
Es verdad que el destino ha querido premiar este continuo esfuerzo por la paz del PNV con la inmunidad que acompaña a los héroes, lo que ha permitido a este partido seguir trabajando incansablemente por la paz mientras compañeros de escaño o de corporación de otros partidos –PP, PSOE, UPN– no podían hacerlo porque eran asesinados, perseguidos y expulsados de la vida pública. Gracias a estar investido de esta misión providencial, un partido como el PNV, que tanto ha arriesgado por la paz, ha podido mantener su poder prácticamente incólume durante más de tres décadas en todos los niveles de gobierno.
Esta aparente contradicción entre el riesgo extremo que los nacionalistas han asumido por la paz y la preservación indemne de su militancia, de sus estructuras y de su poder no debería dar lugar a malévolas interpretaciones. Se explica fácilmente si se piensa en los términos del papel histórico que el PNV tiene asignado.
Hay detalles, sin embargo, que pueden producir cierta perplejidad. Por ejemplo, que la regla sea que cada vez que el PNV anuncia que se va a mover por la paz, la foto con la izquierda abertzale es cuestión de horas, los periódicos reservan espacio y los dirigentes ahora de Sortu, antes de Batasuna, despejan la agenda. Tampoco se entiende bien, a la luz del esfuerzo permanente por la paz, que ésta sea en la visión jeltzale como la cesta de cerezas: no puedes sacar la paz sin que ésta se lleve enganchado más nacionalismo. Seguramente nos falta perspectiva histórica para poder desentrañar esta estrategia que por su sutileza escapa a nuestro rudimentario intelecto, de ahí que éste, a veces, nos lleve a ceder a la tentación de poner en duda la integridad de algunas actitudes del PNV.
De hecho, hay quien considera que esta versatilidad del PNV que le habilita un día para marchar por el asfalto y al siguiente para pisar la alfombra es funcional para la paz y que si eso conduce a que sea el PNV el que marque sin contradicción la referencia de la nueva, y tan vieja, centralidad en la política vasca con Sortu a un lado, y el PSOE y PP a otro, pues qué le vamos a hacer.
Lo importante es que el PNV siga trabajando por la paz como hasta ahora, es decir, promoviendo manifestaciones con la izquierda abertzale, descalificando las operaciones judiciales contra las estructuras de ETA, denunciando en el Parlamento vasco la «gravedad» de estas, avanzando con Bildu en el «plan de paz» frente a las posiciones de los partidos democráticos y –por si faltaran los gerundios– preparando el escenario para una revisión del régimen autonómico que sólo los irremediablemente crédulos pueden esperar que se mueva en parámetros constitucionales.
sábado, 18 de enero de 2014
San Mamés y el diputado
JUAN CARLOS SANCHO DIRECTOR DE IBERKONZERT
EL CORREO 18/01/14
Si se pudiese cuantificar la pérdida de tiempo causada por el fanatismo nacionalista, veríamos que los vascos nos pasamos la mayor parte del tiempo tirando el nuestro a la basura
No había vuelto a escribir desde que ETA dejó de asesinar, y nuestro lehendakari del fracasado plan hizo mutis por el foro, salvo algún artículo suelto motivado por la famosa Conferencia de Paz de San Sebastián. Recuerdo que en aquella ocasión, entre otras cosas escribí: «Reunidos en San Sebastián por invitación de los colaboradores y simpatizantes de la parte causante del conflicto, y después de escuchar exclusivamente sus alegaciones, hemos tomado la decisión de dejar en libertad provisional bajo fianza a los vascos no nacionalistas. La fianza se fija en el total cumplimiento de las exigencias de los terroristas. Y para que así conste a los efectos oportunos, bla, bla, bla… Firmado y rubricado, Kofi Annan y cía. Ha pasado el tiempo… y ustedes mismos… No había vuelto a escribir porque para pagar el pan que me alimenta, el traje que me cubre y la hipoteca de la mansión que habito, necesito unos medios económicos que no me aporta esto que ahora hago, ya que nunca cobro por lo que considero una obligación moral como ciudadano de este maltratado país.
Pero la tenacidad de la estupidez ha vuelto a rebasar lo soportable y aquí me tienen de nuevo, haciendo amigos…
Si se pudiese cuantificar la pérdida de tiempo causada por el fanatismo nacionalista, así como por la torpeza y cobardía de nuestros gobernantes, veríamos que los vascos nos pasamos la mayor parte de la vida, tirando el nuestro a la basura. Cuarenta años de sufrimiento para estar todavía poniendo en duda cosas tan elementales como el derecho de las víctimas a reclamar justicia. Cuarenta años con cerca de mil asesinatos, cientos de miles de vidas destrozadas, un país éticamente anestesiado y los culpables de esta tragedia, los liberticidas y sus cómplices, sin asumir un ápice de responsabilidad y arrepentimiento por el daño causado.
A todo esto, quienes han gobernado este país durante el tiempo de silencio, de razones impuestas por la fuerza y el miedo, tan felices; como si aquí no hubiese pasado nada, y además con prisas para el «borrón y cuenta nueva». No es de extrañar entonces que cualquier decisión de la justicia, cualquier medida del Gobierno central que impida a los fascistas burlarse del sufrimiento de las víctimas, suponga para ellos un atentado contra el «proceso de disolución» de ETA, ese grupo de falangistas con txapela a los que en los años de plomo siempre disculpaban y a quienes ahora quieren dar la absolución a toda prisa.
Y es que necesitan de inmediato ese final sin revisión, ese limbo vasco en el que brille por su ausencia la condena social de los asesinos, cómplices y beneficiarios de la barbarie. Su objetivo fundamental es eludir responsabilidades en las mil noches de los cristales rotos, y en definitiva, borrar de la memoria colectiva su responsabilidad por tanto sufrimiento.
Por eso ahí les tienen metiendo a gente buena y noble en una manifestación por el derecho de los liberticidas, cuando no han movido nunca un solo dedo ante el dolor y sufrimiento de una gran parte de su pueblo.
De todos modos el nacionalismo no es culpable, como tampoco lo fue con anterioridad el franquismo, porque como dijo Edmund Burke, «para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada», y en este país podemos presumir de gastronomía, de que el Athletic y la Real van bien en la liga y de muchas otras cosas, pero de espíritu de rebeldía social ante la tiranía, nada de nada.
Y hablando de fútbol, habrán tenido noticias de las declaraciones del diputado general de Bizkaia, ante la posibilidad de que el estadio de San Mamés se convierta en sede de la Eurocopa 2020.
Y es que, satisfecho del índice de paro y la boyante situación económica que atravesamos, no se le ocurre otra cosa que tender puentes con el resto de España para atraer el turismo y facilitar la labor de ventas de nuestras empresas. ¿Cómo? De la mejor manera posible: aireando a los cuatro vientos que su opinión es «que España no venga, y si eso supone que San Mamés no es sede de la Eurocopa 2020, que no lo sea porque hay cosas más importantes que salvaguardar», despreciando que ese año Bilbao y su entorno tengan unos ingresos por turismo nada desdeñables además de la promoción de la ciudad para el futuro. Luego este lumbreras se preguntará por qué a la Hacienda foral no le llega el presupuesto y tirará del manual de instrucciones del PNV: Madrid nos roba; la bota de Madrid nos oprime, y continuará acudiendo con asiduidad tan feliz a comerse un chuletón al Batzoki, con el resto de su equipo de científicos.
Como las consecuencias las paga el taxista que se pasa la vida haciendo cola en el aeropuerto esperando la llegada de viajeros, que ni llegan, ni se les espera. Como las consecuencias las paga el dueño y empleados de la tienda de la esquina, los restaurantes, hoteles, cafeterías, comercio en general… Como las consecuencias de su torpeza las pagamos los empleadores y empleados que no recibimos la ‘sopa boba’ de sus subvenciones. Como las consecuencias las paga en definitiva Juan Pueblo, ellos seguirán a lo suyo, sin importarles un bledo nuestra ruina.
Pero descuiden que aquí no cambiará nada. Llegarán las próximas elecciones y todo seguirá igual. Franco veraneó treinta y cuatro años en San Sebastián; éstos por lo menos ochenta.
EL CORREO 18/01/14
Si se pudiese cuantificar la pérdida de tiempo causada por el fanatismo nacionalista, veríamos que los vascos nos pasamos la mayor parte del tiempo tirando el nuestro a la basura
No había vuelto a escribir desde que ETA dejó de asesinar, y nuestro lehendakari del fracasado plan hizo mutis por el foro, salvo algún artículo suelto motivado por la famosa Conferencia de Paz de San Sebastián. Recuerdo que en aquella ocasión, entre otras cosas escribí: «Reunidos en San Sebastián por invitación de los colaboradores y simpatizantes de la parte causante del conflicto, y después de escuchar exclusivamente sus alegaciones, hemos tomado la decisión de dejar en libertad provisional bajo fianza a los vascos no nacionalistas. La fianza se fija en el total cumplimiento de las exigencias de los terroristas. Y para que así conste a los efectos oportunos, bla, bla, bla… Firmado y rubricado, Kofi Annan y cía. Ha pasado el tiempo… y ustedes mismos… No había vuelto a escribir porque para pagar el pan que me alimenta, el traje que me cubre y la hipoteca de la mansión que habito, necesito unos medios económicos que no me aporta esto que ahora hago, ya que nunca cobro por lo que considero una obligación moral como ciudadano de este maltratado país.
Pero la tenacidad de la estupidez ha vuelto a rebasar lo soportable y aquí me tienen de nuevo, haciendo amigos…
Si se pudiese cuantificar la pérdida de tiempo causada por el fanatismo nacionalista, así como por la torpeza y cobardía de nuestros gobernantes, veríamos que los vascos nos pasamos la mayor parte de la vida, tirando el nuestro a la basura. Cuarenta años de sufrimiento para estar todavía poniendo en duda cosas tan elementales como el derecho de las víctimas a reclamar justicia. Cuarenta años con cerca de mil asesinatos, cientos de miles de vidas destrozadas, un país éticamente anestesiado y los culpables de esta tragedia, los liberticidas y sus cómplices, sin asumir un ápice de responsabilidad y arrepentimiento por el daño causado.
A todo esto, quienes han gobernado este país durante el tiempo de silencio, de razones impuestas por la fuerza y el miedo, tan felices; como si aquí no hubiese pasado nada, y además con prisas para el «borrón y cuenta nueva». No es de extrañar entonces que cualquier decisión de la justicia, cualquier medida del Gobierno central que impida a los fascistas burlarse del sufrimiento de las víctimas, suponga para ellos un atentado contra el «proceso de disolución» de ETA, ese grupo de falangistas con txapela a los que en los años de plomo siempre disculpaban y a quienes ahora quieren dar la absolución a toda prisa.
Y es que necesitan de inmediato ese final sin revisión, ese limbo vasco en el que brille por su ausencia la condena social de los asesinos, cómplices y beneficiarios de la barbarie. Su objetivo fundamental es eludir responsabilidades en las mil noches de los cristales rotos, y en definitiva, borrar de la memoria colectiva su responsabilidad por tanto sufrimiento.
Por eso ahí les tienen metiendo a gente buena y noble en una manifestación por el derecho de los liberticidas, cuando no han movido nunca un solo dedo ante el dolor y sufrimiento de una gran parte de su pueblo.
De todos modos el nacionalismo no es culpable, como tampoco lo fue con anterioridad el franquismo, porque como dijo Edmund Burke, «para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada», y en este país podemos presumir de gastronomía, de que el Athletic y la Real van bien en la liga y de muchas otras cosas, pero de espíritu de rebeldía social ante la tiranía, nada de nada.
Y hablando de fútbol, habrán tenido noticias de las declaraciones del diputado general de Bizkaia, ante la posibilidad de que el estadio de San Mamés se convierta en sede de la Eurocopa 2020.
Y es que, satisfecho del índice de paro y la boyante situación económica que atravesamos, no se le ocurre otra cosa que tender puentes con el resto de España para atraer el turismo y facilitar la labor de ventas de nuestras empresas. ¿Cómo? De la mejor manera posible: aireando a los cuatro vientos que su opinión es «que España no venga, y si eso supone que San Mamés no es sede de la Eurocopa 2020, que no lo sea porque hay cosas más importantes que salvaguardar», despreciando que ese año Bilbao y su entorno tengan unos ingresos por turismo nada desdeñables además de la promoción de la ciudad para el futuro. Luego este lumbreras se preguntará por qué a la Hacienda foral no le llega el presupuesto y tirará del manual de instrucciones del PNV: Madrid nos roba; la bota de Madrid nos oprime, y continuará acudiendo con asiduidad tan feliz a comerse un chuletón al Batzoki, con el resto de su equipo de científicos.
Como las consecuencias las paga el taxista que se pasa la vida haciendo cola en el aeropuerto esperando la llegada de viajeros, que ni llegan, ni se les espera. Como las consecuencias las paga el dueño y empleados de la tienda de la esquina, los restaurantes, hoteles, cafeterías, comercio en general… Como las consecuencias de su torpeza las pagamos los empleadores y empleados que no recibimos la ‘sopa boba’ de sus subvenciones. Como las consecuencias las paga en definitiva Juan Pueblo, ellos seguirán a lo suyo, sin importarles un bledo nuestra ruina.
Pero descuiden que aquí no cambiará nada. Llegarán las próximas elecciones y todo seguirá igual. Franco veraneó treinta y cuatro años en San Sebastián; éstos por lo menos ochenta.
viernes, 17 de enero de 2014
La soberanía delegada
JOSU DE MIGUEL BÁRCENA, ABOGADO Y PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL
EL CORREO 17/01/14
Aburrimos a los lectores señalando que Cataluña está en un pretendido proceso constituyente y que ninguna de las reglas constitucionales en vigor sirven prácticamente para explicar nada. En esta línea, el Parlament acaba de aprobar una resolución, que llegará en breve a las Cortes Generales en forma de proposición de ley, para que estas, utilizando el art. 150.2 de la Constitución, deleguen en aquél la competencia para convocar el referéndum del 9 de noviembre. Esta era una de las propuestas que había realizado el Consejo de Transición Nacional, órgano dedicado al creacionismo jurídico para sacar adelante el proyecto independentista en marcha desde hace más de un año y medio.
En realidad, el movimiento es la clave del proyecto de Mas y Junqueras. Adaptando las reglas de las lecciones históricas hegelianas a la revolución nacionalista, se piensa que quemando una serie de etapas se llegará al objetivo final casi por inercia. Bueno, en la España del siglo XXI la secesión de un territorio puede llegar por hartazgo de la parte contraria, pero por inercia ya sabemos que no funcionan los procesos históricos, si no que se lo pregunten a la izquierda abertzale. Y la resolución pidiendo una delegación de competencias forma parte del plan perfectamente pensado, que por cierto ya estaba implícito en el primer informe del Consejo de Transición Nacional: hay que ir cosechando negativas del Estado, para cargarse de razones y en su momento, mediante las correspondientes elecciones plebiscitarias, declarar la independencia. Lo que pase después, ya no es competencia de los políticos catalanes, probablemente tampoco de los españoles: es cosa de multitudes y de un orden de las cosas aleatorio.
La pregunta a la que hay que responder, en todo caso, es a la siguiente: ¿puede delegarse la competencia del Estado para realizar referéndums (art. 92 y 149.1.32ª CE) en una comunidad autónoma mediante el art. 150.2 CE? Aquí se alude al ejemplo británico, que no sirve, porque por aquellas tierras no existe constitución escrita y la soberanía reside en el Parlamento, y a algunas decisiones discutibles, pero inevitables, tomadas durante el proceso de formación de las comunidades autónomas, como aquella en la que las Cortes suplantaron a la provincia de Almería para convalidar el referéndum de acceso a la autonomía andaluza. Aquel desliz, propio de los inicios de cualquier experiencia constitucional de nueva planta, serviría hoy para legitimar una visión menos rigorista de las exigencias constitucionales que rodean la formación de la ley en España y el proceso soberanista en Cataluña.
El art. 150.2 CE señala que el Estado podrá, mediante ley orgánica, delegar (o transferir) las facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de delegación o transferencia. El artículo en cuestión, base de la propuesta del Parlamento catalán es, para empezar, un sinsentido jurídico. Supone una vía de escape, como ya supo ver Alfonso Guerra en el periodo constituyente, para desmontar el sistema de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Sistema, por otro lado, constitucionalmente tasado. Por esta vía, dependiendo de la afinidad entre el ministro de turno y el político autonómico que pasaba por allí, se han ido vaciando de contenido algunas de las competencias que por definición pertenecían (o deberían pertenecer) a todo Estado que se precie. Todo, mediante el simple expediente de una ley orgánica.
Lo importante es señalar que la materia que se pretende delegar, la realización de una consulta independentista, no parece ser una competencia delegable. No tanto (o no solo) por los problemas formales que ello pueda plantear, sino porque lo que se puede estar delegando es la propia soberanía del pueblo español, algo que solo puede cambiarse, como mínimo, mediante reforma constitucional. Rajoy ha dicho alguna cosa interesante al respecto: en lo que a él atañe, no puede disponer, como presidente del Gobierno y líder del partido mayoritario en las Cortes, de la soberanía del pueblo español. Algunos políticos catalanes señalan día sí y día también, que el pueblo catalán es soberano. La incongruencia de esta afirmación no se residencia en lo que legítimamente pueda pensar quien ha diseñado una estrategia política o un programa ideológico, sino en que no se entiende muy bien por qué el pueblo catalán puede ser soberano y el español tiene que dejar de serlo. Es esta una lógica decimonónica, que como bien sabemos, explotó durante la I Guerra Mundial.
Para evitar el desastre que se avecina, solo cabe esperar y desear una gran rectificación por parte del independentismo. Entiéndase, nadie puede obligar a que dejen sus objetivos políticos legítimos, pero resulta claro que una decisión tan importante tendría que tomarse después de una reflexión colectiva de varios años, basada en el acuerdo y encuadrada en una reforma constitucional global que permitiera dos cosas esenciales: que los ciudadanos catalanes tengan una alternativa real en torno a otras vías que puedan explorarse, como por ejemplo la opción federal, y que puedan tomar una decisión sobre un escenario negociado en el que se sepa, a ciencia cierta, qué pasará el día después de la independencia en lo que respecta a su modus vivendi. Quienes conocen la práxis histórica del secesionismo saben, sin embargo, que esta resulta una posibilidad muy remota.
EL CORREO 17/01/14
Aburrimos a los lectores señalando que Cataluña está en un pretendido proceso constituyente y que ninguna de las reglas constitucionales en vigor sirven prácticamente para explicar nada. En esta línea, el Parlament acaba de aprobar una resolución, que llegará en breve a las Cortes Generales en forma de proposición de ley, para que estas, utilizando el art. 150.2 de la Constitución, deleguen en aquél la competencia para convocar el referéndum del 9 de noviembre. Esta era una de las propuestas que había realizado el Consejo de Transición Nacional, órgano dedicado al creacionismo jurídico para sacar adelante el proyecto independentista en marcha desde hace más de un año y medio.
En realidad, el movimiento es la clave del proyecto de Mas y Junqueras. Adaptando las reglas de las lecciones históricas hegelianas a la revolución nacionalista, se piensa que quemando una serie de etapas se llegará al objetivo final casi por inercia. Bueno, en la España del siglo XXI la secesión de un territorio puede llegar por hartazgo de la parte contraria, pero por inercia ya sabemos que no funcionan los procesos históricos, si no que se lo pregunten a la izquierda abertzale. Y la resolución pidiendo una delegación de competencias forma parte del plan perfectamente pensado, que por cierto ya estaba implícito en el primer informe del Consejo de Transición Nacional: hay que ir cosechando negativas del Estado, para cargarse de razones y en su momento, mediante las correspondientes elecciones plebiscitarias, declarar la independencia. Lo que pase después, ya no es competencia de los políticos catalanes, probablemente tampoco de los españoles: es cosa de multitudes y de un orden de las cosas aleatorio.
La pregunta a la que hay que responder, en todo caso, es a la siguiente: ¿puede delegarse la competencia del Estado para realizar referéndums (art. 92 y 149.1.32ª CE) en una comunidad autónoma mediante el art. 150.2 CE? Aquí se alude al ejemplo británico, que no sirve, porque por aquellas tierras no existe constitución escrita y la soberanía reside en el Parlamento, y a algunas decisiones discutibles, pero inevitables, tomadas durante el proceso de formación de las comunidades autónomas, como aquella en la que las Cortes suplantaron a la provincia de Almería para convalidar el referéndum de acceso a la autonomía andaluza. Aquel desliz, propio de los inicios de cualquier experiencia constitucional de nueva planta, serviría hoy para legitimar una visión menos rigorista de las exigencias constitucionales que rodean la formación de la ley en España y el proceso soberanista en Cataluña.
El art. 150.2 CE señala que el Estado podrá, mediante ley orgánica, delegar (o transferir) las facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, que por su propia naturaleza sean susceptibles de delegación o transferencia. El artículo en cuestión, base de la propuesta del Parlamento catalán es, para empezar, un sinsentido jurídico. Supone una vía de escape, como ya supo ver Alfonso Guerra en el periodo constituyente, para desmontar el sistema de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Sistema, por otro lado, constitucionalmente tasado. Por esta vía, dependiendo de la afinidad entre el ministro de turno y el político autonómico que pasaba por allí, se han ido vaciando de contenido algunas de las competencias que por definición pertenecían (o deberían pertenecer) a todo Estado que se precie. Todo, mediante el simple expediente de una ley orgánica.
Lo importante es señalar que la materia que se pretende delegar, la realización de una consulta independentista, no parece ser una competencia delegable. No tanto (o no solo) por los problemas formales que ello pueda plantear, sino porque lo que se puede estar delegando es la propia soberanía del pueblo español, algo que solo puede cambiarse, como mínimo, mediante reforma constitucional. Rajoy ha dicho alguna cosa interesante al respecto: en lo que a él atañe, no puede disponer, como presidente del Gobierno y líder del partido mayoritario en las Cortes, de la soberanía del pueblo español. Algunos políticos catalanes señalan día sí y día también, que el pueblo catalán es soberano. La incongruencia de esta afirmación no se residencia en lo que legítimamente pueda pensar quien ha diseñado una estrategia política o un programa ideológico, sino en que no se entiende muy bien por qué el pueblo catalán puede ser soberano y el español tiene que dejar de serlo. Es esta una lógica decimonónica, que como bien sabemos, explotó durante la I Guerra Mundial.
Para evitar el desastre que se avecina, solo cabe esperar y desear una gran rectificación por parte del independentismo. Entiéndase, nadie puede obligar a que dejen sus objetivos políticos legítimos, pero resulta claro que una decisión tan importante tendría que tomarse después de una reflexión colectiva de varios años, basada en el acuerdo y encuadrada en una reforma constitucional global que permitiera dos cosas esenciales: que los ciudadanos catalanes tengan una alternativa real en torno a otras vías que puedan explorarse, como por ejemplo la opción federal, y que puedan tomar una decisión sobre un escenario negociado en el que se sepa, a ciencia cierta, qué pasará el día después de la independencia en lo que respecta a su modus vivendi. Quienes conocen la práxis histórica del secesionismo saben, sin embargo, que esta resulta una posibilidad muy remota.
miércoles, 15 de enero de 2014
Comunicación y política
ROGELIO ALONSO
EL CORREO 15/01/14
La actual política antiterrorista presenta déficits que evocan los que el PP tanto criticó en la oposición
La última filtración de Interior evidencia cómo algunos dirigentes eluden responsabilidades por sus decisiones políticas minimizándolas como meros errores de comunicación. La dimisión del jefe de prensa intenta tapar que el grave error de comunicación era, además, una seria negligencia política que permitió la destrucción de pruebas en una importante operación colocando una innecesaria presión sobre la policía y el juez. El precipitado anuncio de las detenciones es el último ejemplo de los problemas de comunicación y política de ese ministerio. El error comunicativo no puede ocultar que la política que lo ha hecho posible es la que debe cuestionarse en primer lugar: el afán por anteponer la búsqueda de impacto mediático a la necesaria prudencia que requieren complicadas investigaciones policiales y judiciales sobre las que solo debería informarse tras su conclusión. En otros países los políticos no tienen conocimiento de las operaciones hasta su finalización, evitando así la tentación de politizar el trabajo policial. Sin embargo, el ministro ha persistido en una peligrosa política.
En agosto de 2012 anunció en rueda de prensa una de las operaciones «más importantes contra Al-Qaida» al detener a tres «elementos operativos de Al-Qaida extremadamente peligrosos con explosivo suficiente para volar un autobús». La euforia del ministro contrastaba con la preocupación de los profesionales que detuvieron a sospechosos sobre los que los servicios extranjeros habían alertado. Las detenciones eran necesarias al temerse que pudiera perderse su rastro. Sin embargo, las declaraciones del ministro, además de alarmistas, eran imprudentes, pues se carecía del material probatorio para avalarlas. Inicialmente el juez solo envió a prisión a uno de los detenidos ante la falta de pruebas. En las horas siguientes la policía tuvo que buscar contra reloj pruebas judicializables que permitieran su ingreso en prisión. Meses después, los tres fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Ahora se ha vuelto a colocar la misma innecesaria presión sobre la Guardia Civil y el juez, perjudicando una investigación que el Ministerio vendió antes de hora de forma irresponsable.
En contra de lo que algunos políticos piensan, una mala política no deja de serlo porque la comunicación oculte sus carencias. Como Hannah Arendt observó, para algunos políticos una parte de la política consiste en fabricar imágenes y la otra en hacer creer a la gente en ellas. La comunicación deja de ser persuasión para incurrir en manipulación cuando esa construcción de marcos reproduce falsedades, afectando así a la credibilidad de los políticos. En dos años de legislatura el ministro del Interior no acierta ni en la comunicación ni en la política, como muestran las constantes polémicas que ha provocado y los demoledores índices de desaprobación que las encuestas constatan.
Comenzó el ministro elogiando en diciembre de 2011 a sus predecesores en el Gobierno socialista al destacar su trabajo «ejemplar» al frente del Ministerio. Continuó recibiendo en privado al propio Zapatero. Estos errores no lo eran solo de comunicación, pues alimentaban la desconfianza de un electorado que durante años escuchó durísimas críticas a la política antiterrorista de quienes ahora eran curiosamente elogiados. Hoy el Gobierno sigue sin poder disipar las dudas sobre una política antiterrorista que ha generado amplia desconfianza no solo por la comunicación de la misma, sino por sus importantes déficits en cuestiones clave que evocan los que el PP tanto criticó en la oposición.
Tampoco fue solo un error de comunicación el anuncio en abril de 2012 del ‘plan de reinserción’ que bajó el listón para autorizar los traslados a cárceles del País Vasco. Los presos, viendo que el Gobierno rebajaba sus exigencias al flexibilizar un aspecto de su política penitenciaria, lo definieron como «el primer paso de otros pasos». Sin embargo, Gobierno y Ministerio, al ser criticados solo asumieron, insuficientemente, que el plan se había comunicado mal a la sociedad. La excarcelación de Bolinaga resultó muy dañina para la credibilidad del Gobierno al presentarse como obligado a favorecer al etarra sin que la ley le obligara realmente a ello. Muchos vieron en ese trato de favor una injusticia, una inmoralidad y un engaño. Difícilmente podía la comunicación tapar una decisión política tan nefasta para un Gobierno que actuaba como sus predecesores: aparentando una firmeza que ocultaba lo contrario.
Lo mismo ocurrió con la sentencia de Estrasburgo, pues el Gobierno demostró falta de voluntad política e ineficacia para evitar una condena que agudizó la desconfianza de los ciudadanos. El propio ministro contribuyó a aumentar la alarma social al enfatizar su indignación por la excarcelación de criminales que tildó de muy peligrosos mientras se declaraba «impotente». El célebre «llueve mucho» del presidente tras la sentencia evidenció una desidia política que se intentó tapar con las fotografías con las víctimas del terrorismo. Su eficacia fue limitada, pues las acciones del Gobierno revelaban demasiadas incoherencias entre su discurso asegurando determinación y sus insuficientes actuaciones.
Algo similar ocurrió con las declaraciones de ministro y secretario de Estado al expulsarse de Noruega a la cúpula etarra. El suceso no probaba, al contrario de lo que subrayó el Gobierno, que este no negociaba con ETA. Tampoco demostraba que negociaba. Lo que sin duda alguna demostraba era que tres terroristas en busca y captura no habían sido detenidos, restando credibilidad a los reiterados pronunciamientos de los responsables de Interior al asegurar que «el Estado no baja la guardia» y que a los etarras se les perseguirá «allá donde se encuentren». Estos y muchos otros comportamientos confirman que la falta de confianza en el Gobierno surge tanto de la propia política antiterrorista como de la forma de comunicarla. Comunicación y política son inseparables.
EL CORREO 15/01/14
La actual política antiterrorista presenta déficits que evocan los que el PP tanto criticó en la oposición
La última filtración de Interior evidencia cómo algunos dirigentes eluden responsabilidades por sus decisiones políticas minimizándolas como meros errores de comunicación. La dimisión del jefe de prensa intenta tapar que el grave error de comunicación era, además, una seria negligencia política que permitió la destrucción de pruebas en una importante operación colocando una innecesaria presión sobre la policía y el juez. El precipitado anuncio de las detenciones es el último ejemplo de los problemas de comunicación y política de ese ministerio. El error comunicativo no puede ocultar que la política que lo ha hecho posible es la que debe cuestionarse en primer lugar: el afán por anteponer la búsqueda de impacto mediático a la necesaria prudencia que requieren complicadas investigaciones policiales y judiciales sobre las que solo debería informarse tras su conclusión. En otros países los políticos no tienen conocimiento de las operaciones hasta su finalización, evitando así la tentación de politizar el trabajo policial. Sin embargo, el ministro ha persistido en una peligrosa política.
En agosto de 2012 anunció en rueda de prensa una de las operaciones «más importantes contra Al-Qaida» al detener a tres «elementos operativos de Al-Qaida extremadamente peligrosos con explosivo suficiente para volar un autobús». La euforia del ministro contrastaba con la preocupación de los profesionales que detuvieron a sospechosos sobre los que los servicios extranjeros habían alertado. Las detenciones eran necesarias al temerse que pudiera perderse su rastro. Sin embargo, las declaraciones del ministro, además de alarmistas, eran imprudentes, pues se carecía del material probatorio para avalarlas. Inicialmente el juez solo envió a prisión a uno de los detenidos ante la falta de pruebas. En las horas siguientes la policía tuvo que buscar contra reloj pruebas judicializables que permitieran su ingreso en prisión. Meses después, los tres fueron puestos en libertad por falta de pruebas. Ahora se ha vuelto a colocar la misma innecesaria presión sobre la Guardia Civil y el juez, perjudicando una investigación que el Ministerio vendió antes de hora de forma irresponsable.
En contra de lo que algunos políticos piensan, una mala política no deja de serlo porque la comunicación oculte sus carencias. Como Hannah Arendt observó, para algunos políticos una parte de la política consiste en fabricar imágenes y la otra en hacer creer a la gente en ellas. La comunicación deja de ser persuasión para incurrir en manipulación cuando esa construcción de marcos reproduce falsedades, afectando así a la credibilidad de los políticos. En dos años de legislatura el ministro del Interior no acierta ni en la comunicación ni en la política, como muestran las constantes polémicas que ha provocado y los demoledores índices de desaprobación que las encuestas constatan.
Comenzó el ministro elogiando en diciembre de 2011 a sus predecesores en el Gobierno socialista al destacar su trabajo «ejemplar» al frente del Ministerio. Continuó recibiendo en privado al propio Zapatero. Estos errores no lo eran solo de comunicación, pues alimentaban la desconfianza de un electorado que durante años escuchó durísimas críticas a la política antiterrorista de quienes ahora eran curiosamente elogiados. Hoy el Gobierno sigue sin poder disipar las dudas sobre una política antiterrorista que ha generado amplia desconfianza no solo por la comunicación de la misma, sino por sus importantes déficits en cuestiones clave que evocan los que el PP tanto criticó en la oposición.
Tampoco fue solo un error de comunicación el anuncio en abril de 2012 del ‘plan de reinserción’ que bajó el listón para autorizar los traslados a cárceles del País Vasco. Los presos, viendo que el Gobierno rebajaba sus exigencias al flexibilizar un aspecto de su política penitenciaria, lo definieron como «el primer paso de otros pasos». Sin embargo, Gobierno y Ministerio, al ser criticados solo asumieron, insuficientemente, que el plan se había comunicado mal a la sociedad. La excarcelación de Bolinaga resultó muy dañina para la credibilidad del Gobierno al presentarse como obligado a favorecer al etarra sin que la ley le obligara realmente a ello. Muchos vieron en ese trato de favor una injusticia, una inmoralidad y un engaño. Difícilmente podía la comunicación tapar una decisión política tan nefasta para un Gobierno que actuaba como sus predecesores: aparentando una firmeza que ocultaba lo contrario.
Lo mismo ocurrió con la sentencia de Estrasburgo, pues el Gobierno demostró falta de voluntad política e ineficacia para evitar una condena que agudizó la desconfianza de los ciudadanos. El propio ministro contribuyó a aumentar la alarma social al enfatizar su indignación por la excarcelación de criminales que tildó de muy peligrosos mientras se declaraba «impotente». El célebre «llueve mucho» del presidente tras la sentencia evidenció una desidia política que se intentó tapar con las fotografías con las víctimas del terrorismo. Su eficacia fue limitada, pues las acciones del Gobierno revelaban demasiadas incoherencias entre su discurso asegurando determinación y sus insuficientes actuaciones.
Algo similar ocurrió con las declaraciones de ministro y secretario de Estado al expulsarse de Noruega a la cúpula etarra. El suceso no probaba, al contrario de lo que subrayó el Gobierno, que este no negociaba con ETA. Tampoco demostraba que negociaba. Lo que sin duda alguna demostraba era que tres terroristas en busca y captura no habían sido detenidos, restando credibilidad a los reiterados pronunciamientos de los responsables de Interior al asegurar que «el Estado no baja la guardia» y que a los etarras se les perseguirá «allá donde se encuentren». Estos y muchos otros comportamientos confirman que la falta de confianza en el Gobierno surge tanto de la propia política antiterrorista como de la forma de comunicarla. Comunicación y política son inseparables.
martes, 14 de enero de 2014
La sombra de Lizarra tras una pancarta
JESÚS PRIETO MENDAZA, ANTROPÓLOGO Y PROFESOR
EL CORREO 14/01/14
No puedo entender que un partido considerado moderado pueda, catorce años después, abrir de nuevo aquella gran trinchera en el seno de la sociedad vasca
Bien. Ya pasó. La torpeza policial, o la inacción, en términos políticos, del Gobierno de Mariano Rajoy propició la primera convocatoria de manifestación. Prohibida (por un juez vasco, no lo olviden ustedes) la manifestación nº1 no se celebró, y gracias a un interesante, casi rocambolesco, juego político se convocó la manifestación nº2. La marcha del sábado por las calles de Bilbao se celebró, fue un éxito rotundo y congregó a un importantísimo número de personas. Bien ¿Y ahora qué?
El lema escogido, ‘Derechos Humanos. Acuerdo. Paz’, fue, sin duda, un título aséptico en el que toda la sociedad vasca puede caber. ¡Que digo la sociedad vasca! La sociedad española, la sociedad europea y la propia comunidad internacional pueden suscribir este lema. Sin embargo, y no creo estar descubriendo nada, sabemos que quienes han dado coartada, durante décadas, a los asesinos y a los creadores del término «socialización del sufrimiento» han sido unos magníficos gestores de la perversión del lenguaje, tanto que ésta ha calado, cual persistente sirimiri, en una parte importante de la sociedad vasca. Todos sabemos que los tres conceptos fundamentales (Derechos Humanos, acuerdo y paz) alegados para la marcha no tienen igual significación para Andoni Ortuzar que para Laura Mintegi, para un miembro de Gesto por la Paz que para el ‘Carnicero de Mondragón’, para un militante cristiano de base que para Martín Garitano. Pero marcharon juntos, sin flirteos incómodos pero unidos bajo un mismo palio simbólico, que, en definitiva, puede ser un objetivo final compartido por la Umnah (comunidad mundial islámica) nacionalista. De esta forma unos caminaron en silencio y otros, por el contrario, entendieron que la amnistía (sin arrepentimiento y sin colaboración en la resolución de casos sin esclarecer) era sinónimo de paz, y así se hicieron oír.
Quienes me conocen, en especial los amigos nacionalistas que me van quedando (otros, poco a poco, han decidido que mi amistad no tiene el RH requerido) saben de mis críticas hacia el comportamiento del PNV durante la manifestación posterior al asesinato de Jorge Buesa y Jorge Diez Elorza, en febrero de 2000. Durante más de diez años he afirmado, en mis artículos o ponencias, que aquel fue el mayor error del PNV en su historia. Pues bien, hoy me asalta la duda, ya no sé si fue un error o una acción deliberadamente planificada a tenor de la repetición del sábado. No puedo creer que un partido considerado moderado (eso que en términos coloquiales se denomina ‘gente de orden’) pueda, catorce años más tarde, abrir de nuevo aquella gran trinchera en el seno de la sociedad vasca. No puedo entenderlo, si no es por la llamada atávica de unos orígenes míticos. No puedo comprender que obvien la falta de una parte, minoría significativa, de la sociedad vasca: quien no se siente nacionalista, o, al menos, no como ellos.
El mismo sábado, me topé en la escalera de casa con un vecino, víctima de ETA. Su padre, farmacéutico militar, fue asesinado en Durango en el año 1980. Pudo llevar escolta, pudo pagar el chantaje que le pedían, pero no lo hizo. Decía que no podía caer en la indignidad. Que no podía poner en peligro la vida de un joven escolta, que no podía entregar un dinero que pudiera servir para asesinar a otras personas, que prefería morir él que poner en riesgo la vida de otros. Así fue, aquel padre de familia cayó asesinado de un tiro en la nuca por alguien que le consideraba ajeno al grupo de los escogidos para la redención patria. Su esposa, no pudo recuperarse del golpe, falleció unos años más tarde. El sábado mi vecino, con lágrimas en los ojos, volvía de un cerro cercano sito en un parque del vitoriano barrio de San Martín: allí había encendido una vela en recuerdo de su padre. No le dije nada. Entre tanta indignidad travestida de virtud, me pareció un hermoso gesto. Tan sólo le puse una mano en el hombro.
Mis artículos suelen resultar incómodos. Lo sé. No comparto la falta de iniciativa, que no significa concesión, del Gobierno de la nación. No comparto los exabruptos de ciertos tertulianos, más próximos a la ultraderecha que a una opinión objetiva. No comparto la visión de una gran Euskal Herria pura y homogénea. No comparto los deseos de venganza (una parte minúscula) de algunas asociaciones de víctimas. No comparto tantas cuestiones aquí en juego. Pero aun siendo crítico con numerosas de estas actuaciones, no puedo aprobar que se prime más el mantenimiento de cotas de poder, en clave nacionalista, junto a la indignidad, que la cohesión social de un País Vasco plural en el que podamos caber todos, con dignidad.
¿Acaso alguien, el sábado, se acordaba transitando por las calles de Bilbao del gran ejemplo de dignidad de este farmacéutico de Durango?
EL CORREO 14/01/14
No puedo entender que un partido considerado moderado pueda, catorce años después, abrir de nuevo aquella gran trinchera en el seno de la sociedad vasca
Bien. Ya pasó. La torpeza policial, o la inacción, en términos políticos, del Gobierno de Mariano Rajoy propició la primera convocatoria de manifestación. Prohibida (por un juez vasco, no lo olviden ustedes) la manifestación nº1 no se celebró, y gracias a un interesante, casi rocambolesco, juego político se convocó la manifestación nº2. La marcha del sábado por las calles de Bilbao se celebró, fue un éxito rotundo y congregó a un importantísimo número de personas. Bien ¿Y ahora qué?
El lema escogido, ‘Derechos Humanos. Acuerdo. Paz’, fue, sin duda, un título aséptico en el que toda la sociedad vasca puede caber. ¡Que digo la sociedad vasca! La sociedad española, la sociedad europea y la propia comunidad internacional pueden suscribir este lema. Sin embargo, y no creo estar descubriendo nada, sabemos que quienes han dado coartada, durante décadas, a los asesinos y a los creadores del término «socialización del sufrimiento» han sido unos magníficos gestores de la perversión del lenguaje, tanto que ésta ha calado, cual persistente sirimiri, en una parte importante de la sociedad vasca. Todos sabemos que los tres conceptos fundamentales (Derechos Humanos, acuerdo y paz) alegados para la marcha no tienen igual significación para Andoni Ortuzar que para Laura Mintegi, para un miembro de Gesto por la Paz que para el ‘Carnicero de Mondragón’, para un militante cristiano de base que para Martín Garitano. Pero marcharon juntos, sin flirteos incómodos pero unidos bajo un mismo palio simbólico, que, en definitiva, puede ser un objetivo final compartido por la Umnah (comunidad mundial islámica) nacionalista. De esta forma unos caminaron en silencio y otros, por el contrario, entendieron que la amnistía (sin arrepentimiento y sin colaboración en la resolución de casos sin esclarecer) era sinónimo de paz, y así se hicieron oír.
Quienes me conocen, en especial los amigos nacionalistas que me van quedando (otros, poco a poco, han decidido que mi amistad no tiene el RH requerido) saben de mis críticas hacia el comportamiento del PNV durante la manifestación posterior al asesinato de Jorge Buesa y Jorge Diez Elorza, en febrero de 2000. Durante más de diez años he afirmado, en mis artículos o ponencias, que aquel fue el mayor error del PNV en su historia. Pues bien, hoy me asalta la duda, ya no sé si fue un error o una acción deliberadamente planificada a tenor de la repetición del sábado. No puedo creer que un partido considerado moderado (eso que en términos coloquiales se denomina ‘gente de orden’) pueda, catorce años más tarde, abrir de nuevo aquella gran trinchera en el seno de la sociedad vasca. No puedo entenderlo, si no es por la llamada atávica de unos orígenes míticos. No puedo comprender que obvien la falta de una parte, minoría significativa, de la sociedad vasca: quien no se siente nacionalista, o, al menos, no como ellos.
El mismo sábado, me topé en la escalera de casa con un vecino, víctima de ETA. Su padre, farmacéutico militar, fue asesinado en Durango en el año 1980. Pudo llevar escolta, pudo pagar el chantaje que le pedían, pero no lo hizo. Decía que no podía caer en la indignidad. Que no podía poner en peligro la vida de un joven escolta, que no podía entregar un dinero que pudiera servir para asesinar a otras personas, que prefería morir él que poner en riesgo la vida de otros. Así fue, aquel padre de familia cayó asesinado de un tiro en la nuca por alguien que le consideraba ajeno al grupo de los escogidos para la redención patria. Su esposa, no pudo recuperarse del golpe, falleció unos años más tarde. El sábado mi vecino, con lágrimas en los ojos, volvía de un cerro cercano sito en un parque del vitoriano barrio de San Martín: allí había encendido una vela en recuerdo de su padre. No le dije nada. Entre tanta indignidad travestida de virtud, me pareció un hermoso gesto. Tan sólo le puse una mano en el hombro.
Mis artículos suelen resultar incómodos. Lo sé. No comparto la falta de iniciativa, que no significa concesión, del Gobierno de la nación. No comparto los exabruptos de ciertos tertulianos, más próximos a la ultraderecha que a una opinión objetiva. No comparto la visión de una gran Euskal Herria pura y homogénea. No comparto los deseos de venganza (una parte minúscula) de algunas asociaciones de víctimas. No comparto tantas cuestiones aquí en juego. Pero aun siendo crítico con numerosas de estas actuaciones, no puedo aprobar que se prime más el mantenimiento de cotas de poder, en clave nacionalista, junto a la indignidad, que la cohesión social de un País Vasco plural en el que podamos caber todos, con dignidad.
¿Acaso alguien, el sábado, se acordaba transitando por las calles de Bilbao del gran ejemplo de dignidad de este farmacéutico de Durango?
lunes, 6 de enero de 2014
Los desafíos de 2014
JAVIER TAJADURA TEJADA
EL CORREO 06/01/14
No puede considerarse seriamente como una respuesta aquella que se limita a recordar lo obvio: que la independencia de Cataluña es inconstitucional, y, sobre todo, una insensatez.
El año que comenzamos tiene una fuerte carga simbólica. Por un lado, se conmemora el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, de la Guerra civil europea (1914-1945) que supuso el fin de la hegemonía de nuestro continente. Por otro, y ciñéndonos en este caso a España, se celebra el final de la Guerra de Sucesión a la Corona que –tras morir Carlos II sin descendencia– enfrentó a los partidarios de los Borbones y a los defensores de la causa de los Habsburgo. Aunque Mallorca no capituló hasta 1715, la rendición de Barcelona se produjo en 1714. Se trata de dos conflictos de muy diferente naturaleza. El iniciado en 1914 es el paradigma de una guerra entre naciones que compiten por los recursos económicos (materias primas y mercados) y consecuencia inexorable de la conjunción entre el nacionalismo político y la expansión colonial. La Guerra de Sucesión, por el contrario, se produjo en un momento en el que las naciones como sujetos históricos no existían, y fue un conflicto dinástico que enfrentó a las dos familias más poderosas de Europa. En todo caso, los ecos de estos enfrentamientos se proyectan con especial intensidad en el presente, y nos señalan los principales desafíos a los que nos enfrentamos los españoles en el año que comenzamos.
El centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial coincide con un año electoral europeo. En primavera, los europeos elegiremos a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, en unas elecciones decisivas en las que concurre una doble circunstancia. Por un lado, nunca el Parlamento Europeo había tenido tanto poder, y su actividad tanta relevancia para la vida de los ciudadanos, como el que vamos a elegir en 2014. Por otro, nunca había sido tan grande el riesgo de que los enemigos del proceso de integración europea (nacionalistas y populistas) obtuvieran un amplio respaldo en las urnas.
Del nuevo Parlamento surgirá igualmente una nueva Comisión Europea, y las nuevas instituciones deberán afrontar la crisis política y económica optando por una mayor integración en todos los órdenes o por el mantenimiento de la situación actual (o en el peor de los escenarios por una renacionalización de las políticas). La profundización en el proceso de integración resulta imprescindible para garantizar a medio plazo la unión monetaria, y para poder superar la grave crisis que padecemos, sobre todo, los países del Sur. En realidad, es la única forma de evitar que Europa vuelva a suicidarse de nuevo cien años después, con el agravante de que este suicidio sería definitivo. El desafío europeo se configura así como uno de los principales retos del año.
La conmemoración del final de la Guerra de Sucesión –manipulada y tergiversada hasta la saciedad por el nacionalismo catalán que en un formidable ejercicio de imaginación la presenta como un enfrentamiento en clave nacional– nos remite necesariamente al desafío catalán. Los partidos mayoritarios en Cataluña han pactado celebrar un referéndum independentista en noviembre, y en el supuesto de que la manifiesta inconstitucionalidad e ilegalidad del mismo impidan su realización, adelantar las elecciones como paso previo a una declaración unilateral de independencia.
Y frente a esta colosal amenaza para el futuro de la unidad política y de la cohesión social de España, no se ha avanzado hasta hoy respuesta alguna. Porque no puede considerarse seriamente como una respuesta aquella que se limita a recordar lo obvio: que la independencia de Cataluña es inconstitucional, y sobre todo una insensatez. Para que este recordatorio fuera efectivo tendría que venir acompañado de una exposición de las medidas que se ha previsto adoptar para el eventual momento en que se produzca el ‘accidente insurreccional’. Y en este sentido, las genéricas apelaciones al artículo 155 de la Constitución que otorgaría cobertura a la suspensión de la autonomía de Cataluña, son un mero brindis al sol. Y ello porque el artículo 155 no ha sido desarrollado mediante una ley.
Y a falta de esa legislación de desarrollo, su aplicación es prácticamente imposible puesto que no está determinado ni el objeto ni el alcance de esa eventual suspensión de la autonomía. Para que el 155 pueda configurarse como una respuesta real y efectiva al desafío catalán es preciso que una ley establezca cuáles son los diferentes supuestos en que se puede aplicar, tipificándolos de forma gradual, y estableciendo simultáneamente con arreglo al principio de proporcionalidad las distintas medidas a adoptar por el Estado.
La Ley debería igualmente precisar qué órganos asumirían los distintos poderes y facultades de la Comunidad, con qué alcance, y cuáles serían sus relaciones con los poderes públicos autonómicos subsistentes. A falta de esa regulación, la eventual aplicación del artículo 155 resulta casi inconcebible. La única respuesta prevista en nuestro ordenamiento frente a una ‘insurrección’ es según el artículo 116 de la Constitución, la declaración del ‘estado de sitio’. Ahora bien, dado que implica la suspensión de derechos fundamentales en el territorio en cuestión, su activación sumiría al país en una crisis de consecuencias imprevisibles y en una situación prebélica.
Ante el callejón sin salida al que nos conduce el escenario anterior, es preciso dar otra respuesta al desafío catalán, que, sin poner en cuestión la unidad de la nación y del Estado, con espíritu de concordia, tienda la mano a Cataluña. Esa respuesta –como acertadamente advirtió el Jefe del Estado en su discurso de Navidad– pasa por «actualizar nuestros acuerdos de convivencia». Desde esta óptica, la reforma constitucional es el otro gran desafío del 2014.
EL CORREO 06/01/14
No puede considerarse seriamente como una respuesta aquella que se limita a recordar lo obvio: que la independencia de Cataluña es inconstitucional, y, sobre todo, una insensatez.
El año que comenzamos tiene una fuerte carga simbólica. Por un lado, se conmemora el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, o mejor dicho, de la Guerra civil europea (1914-1945) que supuso el fin de la hegemonía de nuestro continente. Por otro, y ciñéndonos en este caso a España, se celebra el final de la Guerra de Sucesión a la Corona que –tras morir Carlos II sin descendencia– enfrentó a los partidarios de los Borbones y a los defensores de la causa de los Habsburgo. Aunque Mallorca no capituló hasta 1715, la rendición de Barcelona se produjo en 1714. Se trata de dos conflictos de muy diferente naturaleza. El iniciado en 1914 es el paradigma de una guerra entre naciones que compiten por los recursos económicos (materias primas y mercados) y consecuencia inexorable de la conjunción entre el nacionalismo político y la expansión colonial. La Guerra de Sucesión, por el contrario, se produjo en un momento en el que las naciones como sujetos históricos no existían, y fue un conflicto dinástico que enfrentó a las dos familias más poderosas de Europa. En todo caso, los ecos de estos enfrentamientos se proyectan con especial intensidad en el presente, y nos señalan los principales desafíos a los que nos enfrentamos los españoles en el año que comenzamos.
El centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial coincide con un año electoral europeo. En primavera, los europeos elegiremos a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, en unas elecciones decisivas en las que concurre una doble circunstancia. Por un lado, nunca el Parlamento Europeo había tenido tanto poder, y su actividad tanta relevancia para la vida de los ciudadanos, como el que vamos a elegir en 2014. Por otro, nunca había sido tan grande el riesgo de que los enemigos del proceso de integración europea (nacionalistas y populistas) obtuvieran un amplio respaldo en las urnas.
Del nuevo Parlamento surgirá igualmente una nueva Comisión Europea, y las nuevas instituciones deberán afrontar la crisis política y económica optando por una mayor integración en todos los órdenes o por el mantenimiento de la situación actual (o en el peor de los escenarios por una renacionalización de las políticas). La profundización en el proceso de integración resulta imprescindible para garantizar a medio plazo la unión monetaria, y para poder superar la grave crisis que padecemos, sobre todo, los países del Sur. En realidad, es la única forma de evitar que Europa vuelva a suicidarse de nuevo cien años después, con el agravante de que este suicidio sería definitivo. El desafío europeo se configura así como uno de los principales retos del año.
La conmemoración del final de la Guerra de Sucesión –manipulada y tergiversada hasta la saciedad por el nacionalismo catalán que en un formidable ejercicio de imaginación la presenta como un enfrentamiento en clave nacional– nos remite necesariamente al desafío catalán. Los partidos mayoritarios en Cataluña han pactado celebrar un referéndum independentista en noviembre, y en el supuesto de que la manifiesta inconstitucionalidad e ilegalidad del mismo impidan su realización, adelantar las elecciones como paso previo a una declaración unilateral de independencia.
Y frente a esta colosal amenaza para el futuro de la unidad política y de la cohesión social de España, no se ha avanzado hasta hoy respuesta alguna. Porque no puede considerarse seriamente como una respuesta aquella que se limita a recordar lo obvio: que la independencia de Cataluña es inconstitucional, y sobre todo una insensatez. Para que este recordatorio fuera efectivo tendría que venir acompañado de una exposición de las medidas que se ha previsto adoptar para el eventual momento en que se produzca el ‘accidente insurreccional’. Y en este sentido, las genéricas apelaciones al artículo 155 de la Constitución que otorgaría cobertura a la suspensión de la autonomía de Cataluña, son un mero brindis al sol. Y ello porque el artículo 155 no ha sido desarrollado mediante una ley.
Y a falta de esa legislación de desarrollo, su aplicación es prácticamente imposible puesto que no está determinado ni el objeto ni el alcance de esa eventual suspensión de la autonomía. Para que el 155 pueda configurarse como una respuesta real y efectiva al desafío catalán es preciso que una ley establezca cuáles son los diferentes supuestos en que se puede aplicar, tipificándolos de forma gradual, y estableciendo simultáneamente con arreglo al principio de proporcionalidad las distintas medidas a adoptar por el Estado.
La Ley debería igualmente precisar qué órganos asumirían los distintos poderes y facultades de la Comunidad, con qué alcance, y cuáles serían sus relaciones con los poderes públicos autonómicos subsistentes. A falta de esa regulación, la eventual aplicación del artículo 155 resulta casi inconcebible. La única respuesta prevista en nuestro ordenamiento frente a una ‘insurrección’ es según el artículo 116 de la Constitución, la declaración del ‘estado de sitio’. Ahora bien, dado que implica la suspensión de derechos fundamentales en el territorio en cuestión, su activación sumiría al país en una crisis de consecuencias imprevisibles y en una situación prebélica.
Ante el callejón sin salida al que nos conduce el escenario anterior, es preciso dar otra respuesta al desafío catalán, que, sin poner en cuestión la unidad de la nación y del Estado, con espíritu de concordia, tienda la mano a Cataluña. Esa respuesta –como acertadamente advirtió el Jefe del Estado en su discurso de Navidad– pasa por «actualizar nuestros acuerdos de convivencia». Desde esta óptica, la reforma constitucional es el otro gran desafío del 2014.
viernes, 3 de enero de 2014
El comunicado y la ETA política
JOSÉ IGNACIO CALLEJA
EL CORREO 03/01/14
No tienen la más mínima conciencia moral de que su caso es indefendible desde hace docenas de años
El comunicado del colectivo de presos de ETA publicado el pasado 28 de diciembre está escrito con la precisión de un cirujano en mala política. La ornamentación retórica es exactamente la misma desde hace cuarenta años. Todo lo que a ellos les sucede es injusto por inhumano, además de ilegal. Los Estados español y francés son los sujetos de esa injusticia manifiesta y repetida sin control. El pueblo de Euskal Herria, por el contrario, es un testigo que sufre impotente y a distancia tamaña afrenta. Está claro que a muchos vascos no nos han atendido.
¿Entonces, por qué hablar ahora y en qué sentido? Como fuera que muchos agentes sociales se lo están reclamando –prosigue–, no va a quedar por ETA intentarlo: el colectivo de presos «asume la responsabilidad que le corresponde». ¿Y cuál es ésta, a su juicio? Seguir luchando como siempre por la libertad de Euskalherria, y hacerlo ahora –esto es lo nuevo– por vías políticas democráticas en exclusiva. O sea –están suponiendo en lo que dicen–, que su lucha ha sido siempre política, y políticas han sido sus acciones, y que sus consecuencias, con daños para terceros, siempre han sido consecuencias de una lucha política. La esencia del conflicto es así, política; la motivación de su entrega, política; las consecuencias, con daños para otros, políticas. Todo en ETA habría sido y es sólo política. ¡Uf!
«Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generado como consecuencia del conflicto». Esta es la frase más vistosa, éticamente hablando, del comunicado. «Reconocemos el sufrimiento», vamos a pensar que significa a la vez «lo sentimos», pero es una interpretación muy benigna por mi parte; y que ese sufrimiento está generado como consecuencia del conflicto es como decir que la Luna da vueltas alrededor de la Tierra; una relación que las leyes de la naturaleza disponen. Es la redacción más impersonal y des-comprometida que pueda hacerse de su culpa en la violencia. Yo la llamo terror, pero si la nombramos como violencia sigue siendo el reconocimiento de una responsabilidad sin culpa. Está a un milímetro de decir «hemos hecho lo único que un hombre de bien podía hacer en ese momento y, sencillamente, ese tiempo ya no es el de hoy». O, podría añadir, la misma estrategia política requiere ahora de otros medios, y a ella nos entregamos con el mismo celo, si bien –y no es despreciable– sin recurrir a la violencia.
Y prosigue el texto. Como hemos tomado esta decisión, y prometemos atenernos a ese proceder no violento en la vida pública, corresponde al Estado una política penitenciaria acorde a la nueva situación. Y aquí una concesión cierta del comunicado de los presos de ETA: el proceso de vuelta a casa y libertad puede hacerse respetando los cauces de la legalidad vigente y, por tanto, aceptando las condenas de que los presos han sido objeto. Otra vez la redacción del comunicado está al límite de la asepsia moral: «Aceptamos las condenas», pero –pienso– eso no significa la culpa de nada. Por eso añade: «La ley y su aplicación han de ser utilizadas –¡vaya concepto!– para fortalecer los pasos» futuros. En tal sentido, reconocen que van a respetar la libertad individual de cada preso y que entienden los tiempos de la prudencia política. Es un detalle.
Y otra vez la exculpación política de toda su trayectoria, antes de aceptar la menor: «Asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad política en el conflicto político». Por tanto, todo en ETA ha sido política –están diciendo– y, a partir de ahí, hablamos de lo que haga falta. Y concluyen: «Asumimos analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros dentro de un proceso acordado, que reúna las condiciones y garantías suficientes». Se entiende que su caso lo tenemos que tratar como equivalente a cualquier otra posición política hasta hoy. No tienen –es mi valoración– la más mínima conciencia moral de que su caso es indefendible desde hace docenas de años, y piensan que han de estar en la plaza pública con todos los honores de quien nunca mató, ni extorsionó, ni humilló. Una cosa es la verdad de la memoria compleja de lo que ha pasado –y en lo injusto, reconocérselo– y otra que los militantes de ETA sean voces en situación de equivalencia indiferenciada al resto de los ciudadanos en el discernimiento moral del pasado.
Si el comunicado insiste tanto en el carácter exclusivamente político de la violencia de ETA –de sus causas, de sus consecuencias, de sus propósitos y de sus daños– es porque quieren que los demás aceptemos culturalmente su buena conciencia. Evidentemente, el texto tiene un valor político que yo no ignoro, pero que no me corresponde juzgar. Tal vez esté pactado y tal vez sea una pieza de un puzzle que no me compete. Desde el punto de vista cívico y ético, es un comunicado frío como el hielo, estratégico en su política y corrosivo en su ética –si se puede malograr esta palabra con este alcance–. ¿Y la política? La política sin duda le sacará un provecho que éticamente no tiene ni leído con el mejor espíritu navideño. Y así tiene que ser.
EL CORREO 03/01/14
No tienen la más mínima conciencia moral de que su caso es indefendible desde hace docenas de años
El comunicado del colectivo de presos de ETA publicado el pasado 28 de diciembre está escrito con la precisión de un cirujano en mala política. La ornamentación retórica es exactamente la misma desde hace cuarenta años. Todo lo que a ellos les sucede es injusto por inhumano, además de ilegal. Los Estados español y francés son los sujetos de esa injusticia manifiesta y repetida sin control. El pueblo de Euskal Herria, por el contrario, es un testigo que sufre impotente y a distancia tamaña afrenta. Está claro que a muchos vascos no nos han atendido.
¿Entonces, por qué hablar ahora y en qué sentido? Como fuera que muchos agentes sociales se lo están reclamando –prosigue–, no va a quedar por ETA intentarlo: el colectivo de presos «asume la responsabilidad que le corresponde». ¿Y cuál es ésta, a su juicio? Seguir luchando como siempre por la libertad de Euskalherria, y hacerlo ahora –esto es lo nuevo– por vías políticas democráticas en exclusiva. O sea –están suponiendo en lo que dicen–, que su lucha ha sido siempre política, y políticas han sido sus acciones, y que sus consecuencias, con daños para terceros, siempre han sido consecuencias de una lucha política. La esencia del conflicto es así, política; la motivación de su entrega, política; las consecuencias, con daños para otros, políticas. Todo en ETA habría sido y es sólo política. ¡Uf!
«Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generado como consecuencia del conflicto». Esta es la frase más vistosa, éticamente hablando, del comunicado. «Reconocemos el sufrimiento», vamos a pensar que significa a la vez «lo sentimos», pero es una interpretación muy benigna por mi parte; y que ese sufrimiento está generado como consecuencia del conflicto es como decir que la Luna da vueltas alrededor de la Tierra; una relación que las leyes de la naturaleza disponen. Es la redacción más impersonal y des-comprometida que pueda hacerse de su culpa en la violencia. Yo la llamo terror, pero si la nombramos como violencia sigue siendo el reconocimiento de una responsabilidad sin culpa. Está a un milímetro de decir «hemos hecho lo único que un hombre de bien podía hacer en ese momento y, sencillamente, ese tiempo ya no es el de hoy». O, podría añadir, la misma estrategia política requiere ahora de otros medios, y a ella nos entregamos con el mismo celo, si bien –y no es despreciable– sin recurrir a la violencia.
Y prosigue el texto. Como hemos tomado esta decisión, y prometemos atenernos a ese proceder no violento en la vida pública, corresponde al Estado una política penitenciaria acorde a la nueva situación. Y aquí una concesión cierta del comunicado de los presos de ETA: el proceso de vuelta a casa y libertad puede hacerse respetando los cauces de la legalidad vigente y, por tanto, aceptando las condenas de que los presos han sido objeto. Otra vez la redacción del comunicado está al límite de la asepsia moral: «Aceptamos las condenas», pero –pienso– eso no significa la culpa de nada. Por eso añade: «La ley y su aplicación han de ser utilizadas –¡vaya concepto!– para fortalecer los pasos» futuros. En tal sentido, reconocen que van a respetar la libertad individual de cada preso y que entienden los tiempos de la prudencia política. Es un detalle.
Y otra vez la exculpación política de toda su trayectoria, antes de aceptar la menor: «Asumimos toda nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad política en el conflicto político». Por tanto, todo en ETA ha sido política –están diciendo– y, a partir de ahí, hablamos de lo que haga falta. Y concluyen: «Asumimos analizar la responsabilidad de cada uno de nosotros dentro de un proceso acordado, que reúna las condiciones y garantías suficientes». Se entiende que su caso lo tenemos que tratar como equivalente a cualquier otra posición política hasta hoy. No tienen –es mi valoración– la más mínima conciencia moral de que su caso es indefendible desde hace docenas de años, y piensan que han de estar en la plaza pública con todos los honores de quien nunca mató, ni extorsionó, ni humilló. Una cosa es la verdad de la memoria compleja de lo que ha pasado –y en lo injusto, reconocérselo– y otra que los militantes de ETA sean voces en situación de equivalencia indiferenciada al resto de los ciudadanos en el discernimiento moral del pasado.
Si el comunicado insiste tanto en el carácter exclusivamente político de la violencia de ETA –de sus causas, de sus consecuencias, de sus propósitos y de sus daños– es porque quieren que los demás aceptemos culturalmente su buena conciencia. Evidentemente, el texto tiene un valor político que yo no ignoro, pero que no me corresponde juzgar. Tal vez esté pactado y tal vez sea una pieza de un puzzle que no me compete. Desde el punto de vista cívico y ético, es un comunicado frío como el hielo, estratégico en su política y corrosivo en su ética –si se puede malograr esta palabra con este alcance–. ¿Y la política? La política sin duda le sacará un provecho que éticamente no tiene ni leído con el mejor espíritu navideño. Y así tiene que ser.
Las sugerencias de sirena en el referéndum catalán
JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL
EL CORREO 03/01/14
Es verdaderamente asombroso que para intensificar las relaciones con España se pida la independencia y, de paso, se vulnere clamorosamente la Constitución
Los últimos desarrollos de la crisis catalana resultan sumamente preocupantes, no solo porque consisten en propuestas difícilmente acogibles en la actual situación, sino porque denotan un extravío o ligereza realmente llamativos. Me refiero, en primer lugar, al acuerdo de celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña que han alcanzado diversas fuerzas soberanistas y que no disfruta de una mínima cobertura –estemos en el plano constitucional, contrario como es a los supuestos o previsiones de la Norma Fundamental, o legal–, pues la vigente, aunque recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC), Ley de consultas populares catalana no autoriza la celebración de un referéndum sobre materias que no son competencia de la comunidad autónoma, que evidentemente no puede disponer de atribuciones inconstitucionales, como sería en este caso la celebración de una consulta territorial sobre la secesión.
Para muchos, además, este referéndum no solo sería imposible desde el punto de vista del derecho sino que tendría muchos problemas para superar un simple test de democraticidad, que todos los instrumentos de participación política deben pasar. Aunque nuestra democracia sea esencialmente representativa, en la misma caben diversos tipos de referéndum a condición de que se lleven a cabo con determinadas condiciones que aseguren su limpieza, hablemos tanto de la libertad en la defensa de todas las opciones, como de la claridad en la formulación de la pregunta o la averiguación del resultado de la consulta. La libertad de defensa de todas las opciones posibles, de modo que quede garantizada la escrupulosa igualdad de oportunidades de todas ellas, excluye que los poderes públicos intervengan como tales en la campaña, gastando por ejemplo dinero del contribuyente en la defensa de alguna de las opciones. En segundo lugar, en un referéndum que merezca la consideración de democrático la pregunta debe excluir la manipulación, tanto respecto a la actitud de quien se pronuncia, como de la valoración de los resultados. Como todo el mundo comprende no es claro preguntar al votante por la conveniencia de un Estado, que puede entenderse de muchas formas, por ejemplo como un nuevo nombre de la comunidad autónoma. La pregunta asimismo debe formularse en términos neutrales que faciliten el comportamiento racional del ciudadano, sin inducir a una respuesta determinada. En ese sentido puede hablarse de un encabalgamiento entre la primera y la segunda pregunta («por tanto ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?») como objetivo oculto manipulador de la consulta.
Finalmente, el referéndum debe ser planteado de manera que no haya duda sobre los resultados. ¿Sirve cualquier quórum de asistencia? ¿Y qué pasa si gana el Estado propio, en la primera pregunta, pero no sale el Estado independiente en la segunda contestación? ¿O si gana la independencia, pero sin Estado propio?
Por si no tuviésemos bastante con los despropósitos alcanzados en este acuerdo sobre la consulta, leemos en la prensa algunas ocurrencias realmente disparatadas del Consejo Nacional de Transición, que está dispuesto a diseñar un tipo de escenario post-independencia verdaderamente maravilloso, pues, se lee, el Estado independiente no tiene como finalidad romper las relaciones con España, sino, desde un plano de igualdad, «hacerlas más sólidas que las actuales». Es verdaderamente asombroso que para intensificar las relaciones con España se pida la independencia y, de paso, se vulnere clamorosamente la Constitución que, sin previa reforma, no puede admitir que sobre la configuración territorial del Estado común decida un sujeto que no sea el pueblo español en su conjunto.
Al Consejo Asesor para la Transición nacional, preocupado, según las noticias, por las oportunidades de competición liguera del Barcelona y del Español en la postindependencia, o por si en Cataluña se pudiese ver la televisión española –cuestión esta a resolver no según el principio de la libertad de expresión sino por el criterio de reciprocidad, a saber, si TV-3 se recibiese en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares–, no se le ha pasado por la cabeza que en esa situación de independencia algún peso ha de tener la opinión del Estado español. El Gobierno catalán, de atender las sugerencias de sirena que le hace el Consejo Asesor para la Transición, aplicaría la táctica del Gobierno escocés de desdramatizar la separación, presentándola en términos amables como la culminación lógica de la descentralización. No estaría mal que recordase la actitud del Gobierno británico en trance semejante, que insiste en la seriedad de la secesión y mantiene que, en términos legales y constitucionales, la independencia es algo aparte y distinto de la devolución. De otro lado, el Gobierno británico que, como no puede ser menos en la actualidad, se comporta institucionalmente defendiendo los intereses de todo el Reino Unido, ha advertido en el libro blanco que muchos echamos en falta en España, ‘Scotland analysis: devolution and the implications of Scottish independence’, que cambiará en el momento post-independentista de posición atendiendo exclusivamente la conveniencia de lo que siga siendo el Estado británico.
EL CORREO 03/01/14
Es verdaderamente asombroso que para intensificar las relaciones con España se pida la independencia y, de paso, se vulnere clamorosamente la Constitución
Los últimos desarrollos de la crisis catalana resultan sumamente preocupantes, no solo porque consisten en propuestas difícilmente acogibles en la actual situación, sino porque denotan un extravío o ligereza realmente llamativos. Me refiero, en primer lugar, al acuerdo de celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña que han alcanzado diversas fuerzas soberanistas y que no disfruta de una mínima cobertura –estemos en el plano constitucional, contrario como es a los supuestos o previsiones de la Norma Fundamental, o legal–, pues la vigente, aunque recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC), Ley de consultas populares catalana no autoriza la celebración de un referéndum sobre materias que no son competencia de la comunidad autónoma, que evidentemente no puede disponer de atribuciones inconstitucionales, como sería en este caso la celebración de una consulta territorial sobre la secesión.
Para muchos, además, este referéndum no solo sería imposible desde el punto de vista del derecho sino que tendría muchos problemas para superar un simple test de democraticidad, que todos los instrumentos de participación política deben pasar. Aunque nuestra democracia sea esencialmente representativa, en la misma caben diversos tipos de referéndum a condición de que se lleven a cabo con determinadas condiciones que aseguren su limpieza, hablemos tanto de la libertad en la defensa de todas las opciones, como de la claridad en la formulación de la pregunta o la averiguación del resultado de la consulta. La libertad de defensa de todas las opciones posibles, de modo que quede garantizada la escrupulosa igualdad de oportunidades de todas ellas, excluye que los poderes públicos intervengan como tales en la campaña, gastando por ejemplo dinero del contribuyente en la defensa de alguna de las opciones. En segundo lugar, en un referéndum que merezca la consideración de democrático la pregunta debe excluir la manipulación, tanto respecto a la actitud de quien se pronuncia, como de la valoración de los resultados. Como todo el mundo comprende no es claro preguntar al votante por la conveniencia de un Estado, que puede entenderse de muchas formas, por ejemplo como un nuevo nombre de la comunidad autónoma. La pregunta asimismo debe formularse en términos neutrales que faciliten el comportamiento racional del ciudadano, sin inducir a una respuesta determinada. En ese sentido puede hablarse de un encabalgamiento entre la primera y la segunda pregunta («por tanto ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?») como objetivo oculto manipulador de la consulta.
Finalmente, el referéndum debe ser planteado de manera que no haya duda sobre los resultados. ¿Sirve cualquier quórum de asistencia? ¿Y qué pasa si gana el Estado propio, en la primera pregunta, pero no sale el Estado independiente en la segunda contestación? ¿O si gana la independencia, pero sin Estado propio?
Por si no tuviésemos bastante con los despropósitos alcanzados en este acuerdo sobre la consulta, leemos en la prensa algunas ocurrencias realmente disparatadas del Consejo Nacional de Transición, que está dispuesto a diseñar un tipo de escenario post-independencia verdaderamente maravilloso, pues, se lee, el Estado independiente no tiene como finalidad romper las relaciones con España, sino, desde un plano de igualdad, «hacerlas más sólidas que las actuales». Es verdaderamente asombroso que para intensificar las relaciones con España se pida la independencia y, de paso, se vulnere clamorosamente la Constitución que, sin previa reforma, no puede admitir que sobre la configuración territorial del Estado común decida un sujeto que no sea el pueblo español en su conjunto.
Al Consejo Asesor para la Transición nacional, preocupado, según las noticias, por las oportunidades de competición liguera del Barcelona y del Español en la postindependencia, o por si en Cataluña se pudiese ver la televisión española –cuestión esta a resolver no según el principio de la libertad de expresión sino por el criterio de reciprocidad, a saber, si TV-3 se recibiese en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares–, no se le ha pasado por la cabeza que en esa situación de independencia algún peso ha de tener la opinión del Estado español. El Gobierno catalán, de atender las sugerencias de sirena que le hace el Consejo Asesor para la Transición, aplicaría la táctica del Gobierno escocés de desdramatizar la separación, presentándola en términos amables como la culminación lógica de la descentralización. No estaría mal que recordase la actitud del Gobierno británico en trance semejante, que insiste en la seriedad de la secesión y mantiene que, en términos legales y constitucionales, la independencia es algo aparte y distinto de la devolución. De otro lado, el Gobierno británico que, como no puede ser menos en la actualidad, se comporta institucionalmente defendiendo los intereses de todo el Reino Unido, ha advertido en el libro blanco que muchos echamos en falta en España, ‘Scotland analysis: devolution and the implications of Scottish independence’, que cambiará en el momento post-independentista de posición atendiendo exclusivamente la conveniencia de lo que siga siendo el Estado británico.
jueves, 2 de enero de 2014
ETA y la banalidad del mal
ANTONIO ELORZA
EL CORREO 02/01/14
En el comunicado del Día de los Inocentes, los presos de ETA dieron un paso decisivo en cuanto a la resolución definitiva de su problema. No sirven ya mediaciones internacionales, ni exigencias de una negociación política con los Estados español y francés. La apuesta es clara por el recurso a los cauces legales que cada preso etarra esté en condiciones de utilizar para así ir hacia el último objetivo: «La vuelta a casa».
Hay no obstante otro aspecto del texto cuya lectura se ha visto enturbiada por el ‘wishful thinking’ de quienes siempre desean ver algo más en el fondo de las declaraciones del mundo de ETA. Se han sucedido así los titulares según los cuales el comunicado de los presos etarras supone «el reconocimiento del daño causado», asignándolo inequívocamente al sujeto eludido, ETA. Esto sería también un gran paso, solo que las palabras del escrito no lo avalan: «Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generado como consecuencia del conflicto». Aquí el reconocimiento, el sufrimiento y el «daño multilateral» diluyen, a pesar del énfasis puesto en la sinceridad, toda la responsabilidad acumulada en medio siglo de acciones criminales de ETA. Es esta responsabilidad la eludida, yendo la misma a recaer sobre la fuente de todos los males, el «conflicto político», cuya naturaleza ya sabemos desde siempre, entre la aspiración vasca a la libertad y la represión de la misma por España.
El comunicado se ajusta de este modo a la línea de encubrimiento de la responsabilidad efectiva que corresponde al terrorismo de ETA en la tragedia vivida por la sociedad vasca (y por el conjunto de los españoles) durante unas décadas de plomo. Una responsabilidad sepultada bajo una capa de eufemismos, el primero de ellos la conversión del ‘terrorismo’ en ‘violencia’. Con la colaboración implícita del PNV, cobra así forma un relato a dos niveles. El subyacente, dirigido a los seguidores de la causa, quienes con la coartada del ‘conflicto’ pueden seguir viendo en los etarras siempre unos héroes, a veces también mártires, en la lucha armada por la independencia. El externo, dirigido al conjunto de la sociedad, que en torno al concepto unificador de ‘sufrimiento’ contempla ese pasado como una dolorosa vivencia compartida por todas las víctimas, frente a la intransigencia de las víctimas españolistas, enemigas de la necesaria ‘reconciliación’, y también frente a la designación de ETA como culpable. Los etarras habrían sido unos jóvenes vascos como otros cualquiera, quienes llevados del patriotismo actuaron como instrumentos de una organización envuelta en la dinámica del Mal generada por ‘el conflicto’.
Por encima de la variación de las circunstancias históricas, el mecanismo de exculpación hace obligada la cita de un famoso antecedente: la elaboración por Hannah Arendt del concepto de ‘banalidad del Mal’, sobre la base del proceso a Adolf Eichmann. Para la discípula de Heidegger, el comportamiento del acusado durante sus sesiones desmentía la imagen tópica del nazi como un monstruo asentado en su paranoia y en su ideología. Eichmann habría sido un tipo de limitado entendimiento, incapaz en sus respuestas de salirse de la condición instrumental que había desempeñado cuando organizó los transportes de judíos a los campos/mataderos. Emblema de tantos mediocres que integraron el aparato burocrático hitleriano, carentes de actitud crítica frente a sus consecuencias criminales.
El esquema interpretativo de Arendt explica el consenso de masas alcanzado por el régimen de Hitler, por encima de sus conocidas atrocidades. Lo mismo cabría decir de tantos vascos que secundaron con entusiasmo las de ETA (el mundo de Bildu) o, en el mejor de los casos, de nacionalistas demócratas que callaron o buscaron disculpas acudiendo al ‘conflicto’. Por los datos que hoy tenemos sobre Eichmann, y por algunos que debió conocer, Arendt erró al minusvalorar su implicación y la de tantos burócratas nazis. Las declaraciones ante el tribunal en Jerusalén constituyen una obra maestra donde Eichmann exhibe una supuesta torpeza para explicar todo aquello que desborda su esfera profesional. Incluso en la conferencia de Wannsee habría sido un simple redactor de actas que se tomó luego un coñac con los jefes. Un Poncio Pilatos. Arendt no le ve antisemita, aun cuando organizara la ‘solución final’ en Hungría en 1944. Solo que Eichmann disipó dudas en una entrevista antes de ser raptado. No fue un instrumento, «pues no era un tonto»; intervino en las decisiones. Y lamentaba que hubiesen sido eliminados menos de los diez millones de judíos posibles. Para desengaño de kantianos despistados, resaltó la centralidad de su labor: «La cuestión judía, en su conjunto, no era más que una cuestión de transportes».
Para explicar el Mal, según Arendt, evitemos «ir a las raíces». El Mal sería un fenómeno de superficie, que surge en determinadas circunstancias, y al cual se adhieren hombres comunes, por ser incapaces de desarrollar un pensamiento crítico frente a la realidad de las cosas. El fenómeno de la adhesión acrítica, descrita por Arendt, encaja perfectamente con la militancia en ETA y la conversión de los ‘patriotas’ en instrumentos del terror/‘violencia’. Solo que quedarse ahí es muy útil para el relato nacionalista, al arrancar del ‘conflicto’ y desviar hacia él toda responsabilidad. Los etarras serían buenos vascos que tras un período de ‘sufrimiento’ colectivo, solo esperan la reconciliación para mostrar su faz democrática. La derrota en la guerra contra el Estado no existe. Autocrítica, ¿para qué?
Bien al contrario, explicar el Mal requiere ir a sus raíces. En nuestro caso, como en el del nazismo, una ideología política fundada sobre el odio, cuya asunción por los militantes llevaba a una praxis de destrucción del otro. Sin esclarecerlo, la reconciliación implica supervivencia larvada del Mal.
EL CORREO 02/01/14
En el comunicado del Día de los Inocentes, los presos de ETA dieron un paso decisivo en cuanto a la resolución definitiva de su problema. No sirven ya mediaciones internacionales, ni exigencias de una negociación política con los Estados español y francés. La apuesta es clara por el recurso a los cauces legales que cada preso etarra esté en condiciones de utilizar para así ir hacia el último objetivo: «La vuelta a casa».
Hay no obstante otro aspecto del texto cuya lectura se ha visto enturbiada por el ‘wishful thinking’ de quienes siempre desean ver algo más en el fondo de las declaraciones del mundo de ETA. Se han sucedido así los titulares según los cuales el comunicado de los presos etarras supone «el reconocimiento del daño causado», asignándolo inequívocamente al sujeto eludido, ETA. Esto sería también un gran paso, solo que las palabras del escrito no lo avalan: «Reconocemos con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generado como consecuencia del conflicto». Aquí el reconocimiento, el sufrimiento y el «daño multilateral» diluyen, a pesar del énfasis puesto en la sinceridad, toda la responsabilidad acumulada en medio siglo de acciones criminales de ETA. Es esta responsabilidad la eludida, yendo la misma a recaer sobre la fuente de todos los males, el «conflicto político», cuya naturaleza ya sabemos desde siempre, entre la aspiración vasca a la libertad y la represión de la misma por España.
El comunicado se ajusta de este modo a la línea de encubrimiento de la responsabilidad efectiva que corresponde al terrorismo de ETA en la tragedia vivida por la sociedad vasca (y por el conjunto de los españoles) durante unas décadas de plomo. Una responsabilidad sepultada bajo una capa de eufemismos, el primero de ellos la conversión del ‘terrorismo’ en ‘violencia’. Con la colaboración implícita del PNV, cobra así forma un relato a dos niveles. El subyacente, dirigido a los seguidores de la causa, quienes con la coartada del ‘conflicto’ pueden seguir viendo en los etarras siempre unos héroes, a veces también mártires, en la lucha armada por la independencia. El externo, dirigido al conjunto de la sociedad, que en torno al concepto unificador de ‘sufrimiento’ contempla ese pasado como una dolorosa vivencia compartida por todas las víctimas, frente a la intransigencia de las víctimas españolistas, enemigas de la necesaria ‘reconciliación’, y también frente a la designación de ETA como culpable. Los etarras habrían sido unos jóvenes vascos como otros cualquiera, quienes llevados del patriotismo actuaron como instrumentos de una organización envuelta en la dinámica del Mal generada por ‘el conflicto’.
Por encima de la variación de las circunstancias históricas, el mecanismo de exculpación hace obligada la cita de un famoso antecedente: la elaboración por Hannah Arendt del concepto de ‘banalidad del Mal’, sobre la base del proceso a Adolf Eichmann. Para la discípula de Heidegger, el comportamiento del acusado durante sus sesiones desmentía la imagen tópica del nazi como un monstruo asentado en su paranoia y en su ideología. Eichmann habría sido un tipo de limitado entendimiento, incapaz en sus respuestas de salirse de la condición instrumental que había desempeñado cuando organizó los transportes de judíos a los campos/mataderos. Emblema de tantos mediocres que integraron el aparato burocrático hitleriano, carentes de actitud crítica frente a sus consecuencias criminales.
El esquema interpretativo de Arendt explica el consenso de masas alcanzado por el régimen de Hitler, por encima de sus conocidas atrocidades. Lo mismo cabría decir de tantos vascos que secundaron con entusiasmo las de ETA (el mundo de Bildu) o, en el mejor de los casos, de nacionalistas demócratas que callaron o buscaron disculpas acudiendo al ‘conflicto’. Por los datos que hoy tenemos sobre Eichmann, y por algunos que debió conocer, Arendt erró al minusvalorar su implicación y la de tantos burócratas nazis. Las declaraciones ante el tribunal en Jerusalén constituyen una obra maestra donde Eichmann exhibe una supuesta torpeza para explicar todo aquello que desborda su esfera profesional. Incluso en la conferencia de Wannsee habría sido un simple redactor de actas que se tomó luego un coñac con los jefes. Un Poncio Pilatos. Arendt no le ve antisemita, aun cuando organizara la ‘solución final’ en Hungría en 1944. Solo que Eichmann disipó dudas en una entrevista antes de ser raptado. No fue un instrumento, «pues no era un tonto»; intervino en las decisiones. Y lamentaba que hubiesen sido eliminados menos de los diez millones de judíos posibles. Para desengaño de kantianos despistados, resaltó la centralidad de su labor: «La cuestión judía, en su conjunto, no era más que una cuestión de transportes».
Para explicar el Mal, según Arendt, evitemos «ir a las raíces». El Mal sería un fenómeno de superficie, que surge en determinadas circunstancias, y al cual se adhieren hombres comunes, por ser incapaces de desarrollar un pensamiento crítico frente a la realidad de las cosas. El fenómeno de la adhesión acrítica, descrita por Arendt, encaja perfectamente con la militancia en ETA y la conversión de los ‘patriotas’ en instrumentos del terror/‘violencia’. Solo que quedarse ahí es muy útil para el relato nacionalista, al arrancar del ‘conflicto’ y desviar hacia él toda responsabilidad. Los etarras serían buenos vascos que tras un período de ‘sufrimiento’ colectivo, solo esperan la reconciliación para mostrar su faz democrática. La derrota en la guerra contra el Estado no existe. Autocrítica, ¿para qué?
Bien al contrario, explicar el Mal requiere ir a sus raíces. En nuestro caso, como en el del nazismo, una ideología política fundada sobre el odio, cuya asunción por los militantes llevaba a una praxis de destrucción del otro. Sin esclarecerlo, la reconciliación implica supervivencia larvada del Mal.
martes, 24 de septiembre de 2013
Cataluña: unanimismo versus pluralismo
MANUEL CRUZ
EL PAÍS 24/09/13
El soberanismo ambiguo catalán ha dado paso al secesionismo inequívoco. Como consecuencia de este salto político, la solución a todos los problemas sociales queda aplazada al día después de la independencia
La espuma de los acontecimientos a menudo impide que percibamos las corrientes profundas que definen el signo de los procesos o, si se prefiere, los árboles de la actualidad suelen provocar que nuestra mirada pierda la perspectiva acerca de las características del bosque por el que deambulamos. Si aplicamos esta cautela a la situación que se vive en Cataluña, sin gran dificultad comprobaríamos que muchos de los episodios que han tenido lugar en el transcurso del último año, sorprendentes y novedosos para algunos, constituyen el efecto o consecuencia casi inevitable de premisas que nunca dejaron de estar presentes y operativas.
Acaso la que convendría plantear en primer lugar sería una premisa que el discurso nacionalista nunca ha dejado de dar por descontada, a saber, que toda nación debe tener un Estado, de forma que incluso la misma expresión “nación sin Estado” lo que en realidad estaría señalando es una carencia, una falta profunda. Y aunque es cierto que de semejante convencimiento no siempre se ha desprendido programáticamente la exigencia inmediata de aquél (no habría más que recordar el largo mandato de Pujol), sí que ha señalado de manera inequívoca la dirección del proceso, el horizonte último al que apuntaban incluso los sectores más gradualistas del nacionalismo y que explicaba que sus reivindicaciones nunca parecieran tener fin. Dicha premisa, planteada como un principio general de carácter histórico, casi prepolítico, ha funcionado como una auténtica trampa para osos en la que han ido cayendo casi todo el resto de partidos, pero en especial —para lo que me interesa plantear aquí— los de izquierda. El unanimismo, al que siempre ha sido tan proclive el nacionalismo catalán (a condición de que la unanimidad lo tomara a él como eje: del pal de paller a la casa gran del catalanisme), ha ido adoptando diversas apariencias, aunque sin variar su esencia última. El reclamo del ideal del autogobierno (¿quién se atrevería a sostener que está en contra de semejante ideal tan obviamente benéfico?), cuyo límite nunca se explicitaba, ha ido sirviendo para que el nacionalismo fuera dando pasos en la dirección señalada sin encontrar la menor resistencia por parte de quienes se la deberían haber presentado y que, por el contrario, parecían entusiasmados por ser acogidos a la derecha del Gran Padre Transversal.
Resulta preocupante el seguidismo de los partidos de izquierda respecto al nacionalismo
Así, el eslogan que durante buena parte de la democracia en Cataluña se repetía era el de que todos los “partidos eran catalanistas”, todos estaban por fer pais. Más tarde, durante el proceso de elaboración del Estatut, se puso en primer plano, como una reivindicación asimismo unánime, la condición de nación que le correspondía a Cataluña (reivindicación que, algunos lo recordarán, en aquel momento los propios nacionalistas pretendían presentar, con dudosa lealtad constitucional, como políticamente inocua). De ahí hemos pasado, en la presente legislatura, a la reciente declaración del Parlament catalán en la que los partidos de izquierda apoyaron que se proclamara que el pueblo catalán era sujeto soberano para decidir su futuro. El desplazamiento terminológico, en apariencia inane para el menos avisado, tenía una intención inequívoca: del catalanismo al nacionalismo y de ahí, al soberanismo.
Alguien podrá argumentar, no sin parte de razón, que estar por el derecho a decidir no es sinónimo de decidir una determinada cosa (personas hay que tienen ganas de dejar clara en una votación su rechazo al independentismo). Así la dirección del PSC ha intentado clarificar este punto señalando que su posición oficial es estar a favor de una consulta pactada, en la cual, llegado el caso, votarían no a la independencia. Pero no cabe olvidar que, a su izquierda, a estas alturas el ciudadano no sabe qué propondría la dirección de ICV que se votara en un hipotético referéndum de autodeterminación o que, dentro del mismo PSC, continúa habiendo sectores que parecen dispuestos a seguir acompañando a los sectores nacionalistas hasta el final, lo sitúen estos donde lo sitúen. Una corriente interna de este partido, autodenominada “Avancem”, hizo público recientemente un documento en el que se distanciaba de las propuestas de la dirección, declarando estar a favor de un Estado catalán “independiente o no”. (La especificación final debió hacer que muchos lectores de la noticia recordaran el famoso chiste del humorista Eugenio acerca de las ovejas blancas y negras). Recuperando el hilo de nuestro discurso, el nacionalismo ya ha dado el paso que faltaba y ha decidido transitar desde un soberanismo que todavía dejaba margen a una cierta ambigüedad (si no hubiera entre qué escoger, no habría decisión posible) al secesionismo más inequívoco. La consecuencia ha sido que el espacio político catalán se ha ido achicando de manera vertiginosa. Y de la misma forma que, durante años, solo cabía ser catalanista o nacionalista, el mensaje con el que ahora se nos bombardea desde los medios de comunicación públicos catalanes es que no hay vida política fuera del secesionismo. Tal vez fuera más propio decir que en las tinieblas exteriores al independentismo solo habitan la irrelevancia pública o, peor aún, el españolismo más rancio y casposo. Que nadie considere estas últimas palabras como una exageración. Era precisamente el actual conseller de cultura (sí, de cultura, han leído bien) del gobierno catalán el que hace pocos días dejaba caer, en un discurso que por cierto llevaba escrito, la afirmación de que solo se pueden oponer a la creación del Estado catalán “los autoritarios, los jerárquicos y los predemócratas o los que confunden España con su finca particular”.
La ilusión no es un valor en sí misma ni la instancia para decidir entre opciones políticas
Este secesionismo independentista, pretendiendo presentarse como algo prepolítico (o suprapolítico), lo que en realidad reedita es la vieja tesis conservadora de la obsolescencia de las ideologías, de la superación del antagonismo entre derechas e izquierdas, en este caso por apelación a una instancia superior jerárquicamente en la escala de los valores como es la nación (ya saben: “ni derecha ni izquierda: ¡Cataluña!”). Este genuino vaciado de política no es en absoluto inocente: gracias a él, el gobierno catalán está consiguiendo rehuir todas las críticas que se le plantean (por ejemplo, a sus políticas sociales) a base de aplazar al día después de la independencia, identificada con la plenitud nacional catalana (Artur Mas dixit), la solución taumatúrgica de todos los problemas. De ahí que resulte preocupante el ruinoso seguidismo practicado por los partidos de izquierda catalanes en relación con el nacionalismo no solo durante todos estos años sino, muy en especial, en los últimos tiempos. Sin que sea de recibo argumentar, para intentar maquillar o neutralizar este carácter conservador del programa independentista, el valor político que representa el hecho de que dicha corriente haya conseguido movilizar, insuflando ilusión, a amplios sectores de la sociedad catalana.
Entiéndaseme bien: sin duda ha sido así, pero resulta obligado plantearse el valor político de dicha movilización o, si se prefiere, el contenido de la ilusión en cuanto tal. Quienes tanto se complacen en señalar el carácter histórico de cuanto está ocurriendo, o dibujan analogías extravagantes con determinados momentos del pasado (por ejemplo, con los procesos de descolonización del Imperio Español), no deberían ser tan hipersensibles cuando se les advierte de paralelismos históricos mucho más pertinentes. Cualesquiera intransigentes, fanáticos e intolerantes (de los cruzados medievales a los jóvenes españoles que se alistaban voluntarios en la División Azul, pasando por todos los ejemplos que se les puedan ocurrir) se sienten ilusionadísimos ante la expectativa de alcanzar sus objetivos, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría sumarse a su causa solo por ello.
Con otras palabras, ni la ilusión es un valor en sí mismo ni, menos aún, constituye la instancia última con la que dirimir entre diversas opciones programáticas. La política es discusión racional sobre fines colectivos en la plaza pública. No cabe, sin contradicción, apelar constantemente a la necesidad de la política y, al mismo tiempo, optar por la irracionalidad de la ilusión sin más. Porque si la indiferencia es mala, el unanimismo acrítico es, sin el menor género de dudas, mucho peor.
Manuel Cruz es catedrático de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona. Autor del libro Filósofo de guardia (RBA).
EL PAÍS 24/09/13
El soberanismo ambiguo catalán ha dado paso al secesionismo inequívoco. Como consecuencia de este salto político, la solución a todos los problemas sociales queda aplazada al día después de la independencia
La espuma de los acontecimientos a menudo impide que percibamos las corrientes profundas que definen el signo de los procesos o, si se prefiere, los árboles de la actualidad suelen provocar que nuestra mirada pierda la perspectiva acerca de las características del bosque por el que deambulamos. Si aplicamos esta cautela a la situación que se vive en Cataluña, sin gran dificultad comprobaríamos que muchos de los episodios que han tenido lugar en el transcurso del último año, sorprendentes y novedosos para algunos, constituyen el efecto o consecuencia casi inevitable de premisas que nunca dejaron de estar presentes y operativas.
Acaso la que convendría plantear en primer lugar sería una premisa que el discurso nacionalista nunca ha dejado de dar por descontada, a saber, que toda nación debe tener un Estado, de forma que incluso la misma expresión “nación sin Estado” lo que en realidad estaría señalando es una carencia, una falta profunda. Y aunque es cierto que de semejante convencimiento no siempre se ha desprendido programáticamente la exigencia inmediata de aquél (no habría más que recordar el largo mandato de Pujol), sí que ha señalado de manera inequívoca la dirección del proceso, el horizonte último al que apuntaban incluso los sectores más gradualistas del nacionalismo y que explicaba que sus reivindicaciones nunca parecieran tener fin. Dicha premisa, planteada como un principio general de carácter histórico, casi prepolítico, ha funcionado como una auténtica trampa para osos en la que han ido cayendo casi todo el resto de partidos, pero en especial —para lo que me interesa plantear aquí— los de izquierda. El unanimismo, al que siempre ha sido tan proclive el nacionalismo catalán (a condición de que la unanimidad lo tomara a él como eje: del pal de paller a la casa gran del catalanisme), ha ido adoptando diversas apariencias, aunque sin variar su esencia última. El reclamo del ideal del autogobierno (¿quién se atrevería a sostener que está en contra de semejante ideal tan obviamente benéfico?), cuyo límite nunca se explicitaba, ha ido sirviendo para que el nacionalismo fuera dando pasos en la dirección señalada sin encontrar la menor resistencia por parte de quienes se la deberían haber presentado y que, por el contrario, parecían entusiasmados por ser acogidos a la derecha del Gran Padre Transversal.
Resulta preocupante el seguidismo de los partidos de izquierda respecto al nacionalismo
Así, el eslogan que durante buena parte de la democracia en Cataluña se repetía era el de que todos los “partidos eran catalanistas”, todos estaban por fer pais. Más tarde, durante el proceso de elaboración del Estatut, se puso en primer plano, como una reivindicación asimismo unánime, la condición de nación que le correspondía a Cataluña (reivindicación que, algunos lo recordarán, en aquel momento los propios nacionalistas pretendían presentar, con dudosa lealtad constitucional, como políticamente inocua). De ahí hemos pasado, en la presente legislatura, a la reciente declaración del Parlament catalán en la que los partidos de izquierda apoyaron que se proclamara que el pueblo catalán era sujeto soberano para decidir su futuro. El desplazamiento terminológico, en apariencia inane para el menos avisado, tenía una intención inequívoca: del catalanismo al nacionalismo y de ahí, al soberanismo.
Alguien podrá argumentar, no sin parte de razón, que estar por el derecho a decidir no es sinónimo de decidir una determinada cosa (personas hay que tienen ganas de dejar clara en una votación su rechazo al independentismo). Así la dirección del PSC ha intentado clarificar este punto señalando que su posición oficial es estar a favor de una consulta pactada, en la cual, llegado el caso, votarían no a la independencia. Pero no cabe olvidar que, a su izquierda, a estas alturas el ciudadano no sabe qué propondría la dirección de ICV que se votara en un hipotético referéndum de autodeterminación o que, dentro del mismo PSC, continúa habiendo sectores que parecen dispuestos a seguir acompañando a los sectores nacionalistas hasta el final, lo sitúen estos donde lo sitúen. Una corriente interna de este partido, autodenominada “Avancem”, hizo público recientemente un documento en el que se distanciaba de las propuestas de la dirección, declarando estar a favor de un Estado catalán “independiente o no”. (La especificación final debió hacer que muchos lectores de la noticia recordaran el famoso chiste del humorista Eugenio acerca de las ovejas blancas y negras). Recuperando el hilo de nuestro discurso, el nacionalismo ya ha dado el paso que faltaba y ha decidido transitar desde un soberanismo que todavía dejaba margen a una cierta ambigüedad (si no hubiera entre qué escoger, no habría decisión posible) al secesionismo más inequívoco. La consecuencia ha sido que el espacio político catalán se ha ido achicando de manera vertiginosa. Y de la misma forma que, durante años, solo cabía ser catalanista o nacionalista, el mensaje con el que ahora se nos bombardea desde los medios de comunicación públicos catalanes es que no hay vida política fuera del secesionismo. Tal vez fuera más propio decir que en las tinieblas exteriores al independentismo solo habitan la irrelevancia pública o, peor aún, el españolismo más rancio y casposo. Que nadie considere estas últimas palabras como una exageración. Era precisamente el actual conseller de cultura (sí, de cultura, han leído bien) del gobierno catalán el que hace pocos días dejaba caer, en un discurso que por cierto llevaba escrito, la afirmación de que solo se pueden oponer a la creación del Estado catalán “los autoritarios, los jerárquicos y los predemócratas o los que confunden España con su finca particular”.
La ilusión no es un valor en sí misma ni la instancia para decidir entre opciones políticas
Este secesionismo independentista, pretendiendo presentarse como algo prepolítico (o suprapolítico), lo que en realidad reedita es la vieja tesis conservadora de la obsolescencia de las ideologías, de la superación del antagonismo entre derechas e izquierdas, en este caso por apelación a una instancia superior jerárquicamente en la escala de los valores como es la nación (ya saben: “ni derecha ni izquierda: ¡Cataluña!”). Este genuino vaciado de política no es en absoluto inocente: gracias a él, el gobierno catalán está consiguiendo rehuir todas las críticas que se le plantean (por ejemplo, a sus políticas sociales) a base de aplazar al día después de la independencia, identificada con la plenitud nacional catalana (Artur Mas dixit), la solución taumatúrgica de todos los problemas. De ahí que resulte preocupante el ruinoso seguidismo practicado por los partidos de izquierda catalanes en relación con el nacionalismo no solo durante todos estos años sino, muy en especial, en los últimos tiempos. Sin que sea de recibo argumentar, para intentar maquillar o neutralizar este carácter conservador del programa independentista, el valor político que representa el hecho de que dicha corriente haya conseguido movilizar, insuflando ilusión, a amplios sectores de la sociedad catalana.
Entiéndaseme bien: sin duda ha sido así, pero resulta obligado plantearse el valor político de dicha movilización o, si se prefiere, el contenido de la ilusión en cuanto tal. Quienes tanto se complacen en señalar el carácter histórico de cuanto está ocurriendo, o dibujan analogías extravagantes con determinados momentos del pasado (por ejemplo, con los procesos de descolonización del Imperio Español), no deberían ser tan hipersensibles cuando se les advierte de paralelismos históricos mucho más pertinentes. Cualesquiera intransigentes, fanáticos e intolerantes (de los cruzados medievales a los jóvenes españoles que se alistaban voluntarios en la División Azul, pasando por todos los ejemplos que se les puedan ocurrir) se sienten ilusionadísimos ante la expectativa de alcanzar sus objetivos, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría sumarse a su causa solo por ello.
Con otras palabras, ni la ilusión es un valor en sí mismo ni, menos aún, constituye la instancia última con la que dirimir entre diversas opciones programáticas. La política es discusión racional sobre fines colectivos en la plaza pública. No cabe, sin contradicción, apelar constantemente a la necesidad de la política y, al mismo tiempo, optar por la irracionalidad de la ilusión sin más. Porque si la indiferencia es mala, el unanimismo acrítico es, sin el menor género de dudas, mucho peor.
Manuel Cruz es catedrático de filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona. Autor del libro Filósofo de guardia (RBA).
lunes, 23 de septiembre de 2013
Catalanes por libre
MANUEL MONTERO
EL CORREO 23/09/13
Si en España los nacionalistas catalanes hubiesen sufrido el mismo trato que ellos han dado a los catalanes que no son nacionalistas hubiese sido tildado como un Estado opresor
La cuestión de Cataluña muta de farsa a docudrama, a medida que sus dirigentes tropiezan en las zancadillas que se han puesto a sí mismos, al improvisar agitaciones de camino incierto. Pero lo más sorprendente de esta historia no es la ligereza con que los catalanistas plantean la independencia como la panacea, la solución de todos sus males. Tampoco ese frenesí que los coloca todo el rato al borde del paroxismo agitando banderas, como si la secesión fuese sólo una cuestión de efervescencia colectiva. Lo verdaderamente raro es la manera en que la política española afronta la cuestión: a la defensiva, acomplejada, sin argumentos. Actúa como si se sintiese culpable y la excitación catalanista constituyese la más profunda autenticidad política.
No hay novedad. Siempre ha sido así, al menos desde la transición. Si fuese cierta la presunción de un litigio «entre Cataluña y España», por emplear la dicotomía nacionalista – que empieza a usarse en el resto de España; el otro día la utilizó un ministro–, no sería un debate político entre dos partes, sino un discurso cada vez más ofendido y radical frente al silencio pétreo de la contraparte, en este esquema la ofensora. Si ofende, no será por lo que dice. Los agraviados tienen que echar mano de imaginarios, históricos o actuales, o indignarse por cualquier expresión que no les trate con el respeto que creen debido: pues en esta óptica son la parte honorable y la otra la vergonzante. Por lo que se ve, esta idea catalanista la comparte buena parte de la política española.
El esquema ha funcionado durante las tres últimas décadas y a lo mejor explica cómo hemos llegado a las columnas humanas que se unen para separar. Desde que se hizo la Constitución los partidos nacionales han rehuido cualquier debate y actuado como si a los nacionalistas les asistiese la razón democrática– como si Cataluña o el País Vasco se ajustasen a la ficción de una rotunda voluntad independentista, que fuese la única legítima–, tuviesen un plus de autenticidad y sólo cupiesen apaños, a ver si así se aplaca la fiera. Como si la unidad política fuese una impostura, a sostener mediante cualquier cesión que satisficiese para siempre al nacionalista, un empeño vano, pues el objetivo nacionalista no es un acomodo definitivo en España (malo, bueno o mejor) sino navegar por libre, se le ofrezca el puerto que se le ofrezca. Ha contribuido a la política acomplejada la periódica necesidad –cuando no hay mayoría absoluta– de que PP o PSOE tengan que contar con los votos nacionalistas para formar gobierno. Ha llevado a dar por buena cualquier política cultural o a hablar catalán en la intimidad.
Pero hay más y tiene que ver con la conformación ideológica de la política española. Por parte del centroderecha está la ausencia de un discurso nacional que no sea rancio y esencialista: hablar de la sacrosanta unidad de la patria milenaria contra los enemigos traidores puede enardecer a los exaltados, pero suena a dislate en una sociedad democrática que se sostiene sobre la voluntad popular. No tiene un discurso, pues no puede considerarse que lo sea la mera alusión a que lo impide la Constitución, sin argumentos de mayor calado.
El discurso de la izquierda, en las antípodas, contribuye al desbarre. A fuerza de oponerse al concepto conservador de nación española rompió con la misma idea, si alguna vez la compartió. A finales del franquismo creía que los nacionalistas –con ellos, las ‘fuerzas de progreso’– expresaban las verdaderas ansias populares. Todo se arreglaría sin sustos ni problemas, apelando a la buena voluntad de los progresistas. Tal buenismo evanescente no ha desaparecido en la izquierda española. Estos días se oye la propuesta socialista de incluir el derecho a decidir – o sea, la autodeterminaciónen la Constitución. Al margen de que sería un caso único en las constituciones democráticas, el supuesto de que así llegaría la concordia no tiene un pase y está reñido con la experiencia.
Ante esta vaciedad ideológica los nacionalismos han tenido campo libre. Su gran éxito: lograron que la autonomía no se concibiese como un espacio común para la diversidad. Sus estatutos han funcionado no como un logro compartido sino como conquistas nacionalistas y el punto de partida para la construcción de nuevos Estados-nación que socavasen los pluralismos internos.
Los grandes sacrificados de esta historia son quienes en las autonomías preindependientes no se ajustan a los cánones nacionalistas. Quedaron sujetos a la conversión, ante la complacencia (o asentimiento) de los partidos nacionales. Y eso que vienen a representar en torno a la mitad de los futuros independizados, a los que se va convenciendo de su ilegitimidad de origen. Por decirlo de otra forma: si en España los nacionalistas catalanes hubiesen sufrido el mismo trato que los nacionalistas catalanes han dado a los catalanes que no son nacionalistas hubiese sido tildado con razón como un Estado tiránico y opresor. No es todo culpa catalanista. La tienen también los partidos nacionales que consideran que la cuestión es vidriosa y mejor no menealla, a ver si se enmienda sola.
Hay un problema central que nunca han afrontado PP y PSOE. Dieron por bueno que las autonomías nacionalistas no se construyesen para la convivencia entre distintas opciones identitarias, sino como la ocasión de que los nacionalismos desarrollasen las suyas, en detrimento de las diferentes. En el docudrama catalán hay distintas responsabilidades: por activa y por pasiva. Hay pecados por acción y por omisión.
EL CORREO 23/09/13
Si en España los nacionalistas catalanes hubiesen sufrido el mismo trato que ellos han dado a los catalanes que no son nacionalistas hubiese sido tildado como un Estado opresor
La cuestión de Cataluña muta de farsa a docudrama, a medida que sus dirigentes tropiezan en las zancadillas que se han puesto a sí mismos, al improvisar agitaciones de camino incierto. Pero lo más sorprendente de esta historia no es la ligereza con que los catalanistas plantean la independencia como la panacea, la solución de todos sus males. Tampoco ese frenesí que los coloca todo el rato al borde del paroxismo agitando banderas, como si la secesión fuese sólo una cuestión de efervescencia colectiva. Lo verdaderamente raro es la manera en que la política española afronta la cuestión: a la defensiva, acomplejada, sin argumentos. Actúa como si se sintiese culpable y la excitación catalanista constituyese la más profunda autenticidad política.
No hay novedad. Siempre ha sido así, al menos desde la transición. Si fuese cierta la presunción de un litigio «entre Cataluña y España», por emplear la dicotomía nacionalista – que empieza a usarse en el resto de España; el otro día la utilizó un ministro–, no sería un debate político entre dos partes, sino un discurso cada vez más ofendido y radical frente al silencio pétreo de la contraparte, en este esquema la ofensora. Si ofende, no será por lo que dice. Los agraviados tienen que echar mano de imaginarios, históricos o actuales, o indignarse por cualquier expresión que no les trate con el respeto que creen debido: pues en esta óptica son la parte honorable y la otra la vergonzante. Por lo que se ve, esta idea catalanista la comparte buena parte de la política española.
El esquema ha funcionado durante las tres últimas décadas y a lo mejor explica cómo hemos llegado a las columnas humanas que se unen para separar. Desde que se hizo la Constitución los partidos nacionales han rehuido cualquier debate y actuado como si a los nacionalistas les asistiese la razón democrática– como si Cataluña o el País Vasco se ajustasen a la ficción de una rotunda voluntad independentista, que fuese la única legítima–, tuviesen un plus de autenticidad y sólo cupiesen apaños, a ver si así se aplaca la fiera. Como si la unidad política fuese una impostura, a sostener mediante cualquier cesión que satisficiese para siempre al nacionalista, un empeño vano, pues el objetivo nacionalista no es un acomodo definitivo en España (malo, bueno o mejor) sino navegar por libre, se le ofrezca el puerto que se le ofrezca. Ha contribuido a la política acomplejada la periódica necesidad –cuando no hay mayoría absoluta– de que PP o PSOE tengan que contar con los votos nacionalistas para formar gobierno. Ha llevado a dar por buena cualquier política cultural o a hablar catalán en la intimidad.
Pero hay más y tiene que ver con la conformación ideológica de la política española. Por parte del centroderecha está la ausencia de un discurso nacional que no sea rancio y esencialista: hablar de la sacrosanta unidad de la patria milenaria contra los enemigos traidores puede enardecer a los exaltados, pero suena a dislate en una sociedad democrática que se sostiene sobre la voluntad popular. No tiene un discurso, pues no puede considerarse que lo sea la mera alusión a que lo impide la Constitución, sin argumentos de mayor calado.
El discurso de la izquierda, en las antípodas, contribuye al desbarre. A fuerza de oponerse al concepto conservador de nación española rompió con la misma idea, si alguna vez la compartió. A finales del franquismo creía que los nacionalistas –con ellos, las ‘fuerzas de progreso’– expresaban las verdaderas ansias populares. Todo se arreglaría sin sustos ni problemas, apelando a la buena voluntad de los progresistas. Tal buenismo evanescente no ha desaparecido en la izquierda española. Estos días se oye la propuesta socialista de incluir el derecho a decidir – o sea, la autodeterminaciónen la Constitución. Al margen de que sería un caso único en las constituciones democráticas, el supuesto de que así llegaría la concordia no tiene un pase y está reñido con la experiencia.
Ante esta vaciedad ideológica los nacionalismos han tenido campo libre. Su gran éxito: lograron que la autonomía no se concibiese como un espacio común para la diversidad. Sus estatutos han funcionado no como un logro compartido sino como conquistas nacionalistas y el punto de partida para la construcción de nuevos Estados-nación que socavasen los pluralismos internos.
Los grandes sacrificados de esta historia son quienes en las autonomías preindependientes no se ajustan a los cánones nacionalistas. Quedaron sujetos a la conversión, ante la complacencia (o asentimiento) de los partidos nacionales. Y eso que vienen a representar en torno a la mitad de los futuros independizados, a los que se va convenciendo de su ilegitimidad de origen. Por decirlo de otra forma: si en España los nacionalistas catalanes hubiesen sufrido el mismo trato que los nacionalistas catalanes han dado a los catalanes que no son nacionalistas hubiese sido tildado con razón como un Estado tiránico y opresor. No es todo culpa catalanista. La tienen también los partidos nacionales que consideran que la cuestión es vidriosa y mejor no menealla, a ver si se enmienda sola.
Hay un problema central que nunca han afrontado PP y PSOE. Dieron por bueno que las autonomías nacionalistas no se construyesen para la convivencia entre distintas opciones identitarias, sino como la ocasión de que los nacionalismos desarrollasen las suyas, en detrimento de las diferentes. En el docudrama catalán hay distintas responsabilidades: por activa y por pasiva. Hay pecados por acción y por omisión.
martes, 17 de septiembre de 2013
Las formas de la desigualdad
José María Ruiz Soroa
El País 17/9/2013
La riqueza actual no conecta con la propiedad, sino con la burocracia. En el otro extremo están los trabajadores que carecen de una retribución digna porque las sociedades no los necesitan para crecer
Escribía el sociólogo Barrington Moore que la desigualdad ha sido un hecho universal en las sociedades humanas dotadas de escritura. Por ello, lo más interesante de este fenómeno no es tanto su pura constatación, ni siquiera la medición del grado cuantitativo que alcanza, sino el estudio de las formas concretas que adopta la desigualdad en cada sociedad y época concretas, así como los principios que cada cultura utiliza para legitimarlas a los ojos de sus miembros.
Dado que la desigualdad económica ha vuelto a ser un tema de actualidad, resulta conveniente analizar las formas más llamativas que adopta esa desigualdad hoy en día en una sociedad europea como la española. Porque si la desigualdad es una constante, las desigualdades son distintas: si hablamos solo de la primera de una manera genérica corremos el riesgo de recaer en clichés manidos que poco aportan a la comprensión de la realidad, por muy cargados de emoción que estén. Así sucedía hace poco en este diario con un autor que celebraba el redescubrimiento de que en la sociedad existen las clases que Marx estudió en su momento. Un hallazgo de más que dudoso valor.
Aquí queremos contextualizar en su particular diversidad dos de las más llamativas desigualdades económicas que tienen lugar entre nosotros. La primera, la de ese reducido estrato social que acapara una porción de renta descomunal por relación a su tamaño numérico, los que se suelen denominar como “upper-class”, y que en lenguaje más popular son “los ricos”. La segunda, la del amplísimo estrato de los que están excluidos del trabajo suficientemente remunerado, bien por hallarse en paro bien por poseer empleos que no proporcionan un nivel de vida digno.
Con respecto a los ricos, hay que empezar con la constatación bastante obvia de que el siglo XXI es en materia de desigualdad una época weberiana, no una marxista. Vamos, que la riqueza no conecta con la propiedad sino con la burocracia, en concreto con la organización gestora de los conglomerados empresariales y financieros. Como Max Weber anunció, el uso exclusivista de la información por parte de quienes se sitúan en lo más alto de las burocracias es lo que les permite fundar su poder, en este caso el de apropiación privilegiada de rentas. El capitalismo actual es un capitalismo de gestores, no de propietarios. La propiedad de los conglomerados empresariales o financieros se disemina entre los muchos, pero esos muchos desinteresados confían la gestión a los pocos. Es un fenómeno económico conocido que ya Adam Smith anotaba con preocupación en sus albores como posible fuente de “insensatez, negligencia y derroche”, palabras que suenan a conocido después lo ocurrido anteayer en el pistoletazo de salida de la crisis.
El gobierno corporativo se materializa en una relación de agencia descompensada, en la que el agente domina al principal y es capaz de imponer sus propios intereses particulares a los del conjunto que se le ha confiado, no digamos al de sus pasivos propietarios. Las empresas son burocracias, como los partidos políticos, y por ello están sometidas a las mismas leyes de hierro de la oligarquía de control. Y no se percibe, de momento, manera de desactivarlas desde la propia economía.
De esta forma concreta de desigualdad económica interesa destacar dos aspectos: por un lado, la proximidad amistosa de la élite managerialprivada con la élite político-burocrática, una interpenetración (¿complicidad?) que contribuye a sostener el andamiaje con el que los gestores desvían en su favor las rentas de situación correspondientes. Porque solo desde la política podría controlarse esta forma de saqueo organizada. Pero la política no percibe incentivos concretos para intervenir autoritariamente en ese mundo, algo que, por otro lado, le generaría dificultades sin cuento en el corto plazo.
El otro aspecto es el de la legitimación social, es decir, los valores socialmente difusos que permiten a este estrato obtener unos rendimientos tan descomunales sin mayor oposición. Las sociedades occidentales aceptan hoy sin mayor cuestionamiento (también los medios creadores de opinión son dirigidos por gestores) la idea de que los conocimientos o habilidades especiales de un individuo legitiman sin más su renta superior, y además no poseen ningún criterio sobre sus límites (¿cuántos cientos de miles de euros debe ganar un cirujano cardiovascular o un gestor habilidoso de fondos?). Se cree, con inexplicable ingenuidad, que hay un mercado que lo determina adecuadamente.
Esta aceptación acrítica de esta desigualdad concreta implica que no se percibe que el éxito individual es en gran parte el fruto de una previa organización social muy compleja, de manera que el mérito (si de tal hay que hablar) es social y no individual. De nada le valdría a Ronaldo su peculiar habilidad con la pierna si no se hubiera desarrollado la sociedad en que crece. Pero es que, además, existe una peculiar tautología en la explicación social funcionalista de la desigualdadmanagerial: las élites afirman que su alta retribución se debe al hecho de que desarrollan una actividad especialmente necesaria y apreciada, pero la única prueba de ello es el hecho de que reciben una retribución muy alta. Una circularidad argumentativa carente de corroboración externa. Y es que el darwinismo siempre fue una explicación “excesiva” en lo social, pues justifica cualquier desigualdad existente por el simple hecho de existir.
Por su parte, la exclusión económica de la parte de población que carece de empleo retribuido dignamente obedece sin duda a razones económicas conectadas a la exposición a una globalización acelerada. Quienes no pueden situarse en Occidente en un nicho particular de trabajos protegidos de la competencia mundial, ven desplomarse su retribución o su empleabilidad, que tiende a igualarse a la de sus homólogos orientales, y engrosan las filas de un estrato nuevo: la de quienes, aun trabajando, no podrán vivir. Dicho de otra forma, parece bastante cierto que las sociedades desarrolladas no pueden dar trabajo aceptable a todos sus miembros: la contradicción fundamental es que todos necesitan trabajar para vivir, pero que la sociedad no necesita del trabajo de todos para crecer.
El frío dato globalizador oculta, además, unas contradicciones de segundo orden que son tan llamativas como deliberadamente ocultadas: las que operan entre generaciones o, si se prefiere, entre el tiempo presente y el futuro. Las sociedades europeas son de hecho unos sistemas económicos depredadores del futuro, y quienes viven razonablemente bien en ellas lo hacen a costa de la exclusión de las generaciones más jóvenes. El sistema económico está organizado para sostener el estatus de los perceptores de rentas medias mediante ayudas públicas cuyo coste está diferido al futuro. De manera que la mayor parte de las generaciones jóvenes nunca vivirán como sus precedentes, pero financiarán la prosperidad actual de estos. Esta es una contradicción que ninguna ideología política de las existentes está capacitada para asumir y desarrollar, por lo que se la ignora tanto en la práctica política como en el discurso público. Por otro lado, no resulta difícil mantener engañada a la generación más joven mediante el uso de utopías críticas sobre el sistema económico en general.
La crisis económica actual y su difícil salida está emborronando ese hecho: nunca habrá ya buenos trabajos para todos porque nunca se precisará de tanto trabajo humano. Y si eso es así, la única salida social posible es romper la conexión hasta hoy ineluctable entre trabajo y supervivencia. La sociedad deberá garantizar la vida digna a todos con independencia de que trabajen o no. Algo que implica un cambio revolucionario, no tanto en la práctica económica (en donde en realidad se consumen ya hoy enormes esfuerzos fiscales para mantener trabajos no necesarios), como en las mentes. Resultará muy difícil (y tendrá consecuencias sociales probablemente insospechadas) avanzar en una desvinculación manifiesta entre trabajo y vida. El paradigma del ser humano ha sido el del homo laborans durante la mayor parte de su existencia en la tierra, y cambiar la conciencia de esa mismidad costará más que cambiar la realidad objetiva misma. Y, sin embargo, no parecen existir muchas alternativas.
José María Ruiz Soroa, es abogado.
El País 17/9/2013
La riqueza actual no conecta con la propiedad, sino con la burocracia. En el otro extremo están los trabajadores que carecen de una retribución digna porque las sociedades no los necesitan para crecer
Escribía el sociólogo Barrington Moore que la desigualdad ha sido un hecho universal en las sociedades humanas dotadas de escritura. Por ello, lo más interesante de este fenómeno no es tanto su pura constatación, ni siquiera la medición del grado cuantitativo que alcanza, sino el estudio de las formas concretas que adopta la desigualdad en cada sociedad y época concretas, así como los principios que cada cultura utiliza para legitimarlas a los ojos de sus miembros.
Dado que la desigualdad económica ha vuelto a ser un tema de actualidad, resulta conveniente analizar las formas más llamativas que adopta esa desigualdad hoy en día en una sociedad europea como la española. Porque si la desigualdad es una constante, las desigualdades son distintas: si hablamos solo de la primera de una manera genérica corremos el riesgo de recaer en clichés manidos que poco aportan a la comprensión de la realidad, por muy cargados de emoción que estén. Así sucedía hace poco en este diario con un autor que celebraba el redescubrimiento de que en la sociedad existen las clases que Marx estudió en su momento. Un hallazgo de más que dudoso valor.
Aquí queremos contextualizar en su particular diversidad dos de las más llamativas desigualdades económicas que tienen lugar entre nosotros. La primera, la de ese reducido estrato social que acapara una porción de renta descomunal por relación a su tamaño numérico, los que se suelen denominar como “upper-class”, y que en lenguaje más popular son “los ricos”. La segunda, la del amplísimo estrato de los que están excluidos del trabajo suficientemente remunerado, bien por hallarse en paro bien por poseer empleos que no proporcionan un nivel de vida digno.
Con respecto a los ricos, hay que empezar con la constatación bastante obvia de que el siglo XXI es en materia de desigualdad una época weberiana, no una marxista. Vamos, que la riqueza no conecta con la propiedad sino con la burocracia, en concreto con la organización gestora de los conglomerados empresariales y financieros. Como Max Weber anunció, el uso exclusivista de la información por parte de quienes se sitúan en lo más alto de las burocracias es lo que les permite fundar su poder, en este caso el de apropiación privilegiada de rentas. El capitalismo actual es un capitalismo de gestores, no de propietarios. La propiedad de los conglomerados empresariales o financieros se disemina entre los muchos, pero esos muchos desinteresados confían la gestión a los pocos. Es un fenómeno económico conocido que ya Adam Smith anotaba con preocupación en sus albores como posible fuente de “insensatez, negligencia y derroche”, palabras que suenan a conocido después lo ocurrido anteayer en el pistoletazo de salida de la crisis.
El gobierno corporativo se materializa en una relación de agencia descompensada, en la que el agente domina al principal y es capaz de imponer sus propios intereses particulares a los del conjunto que se le ha confiado, no digamos al de sus pasivos propietarios. Las empresas son burocracias, como los partidos políticos, y por ello están sometidas a las mismas leyes de hierro de la oligarquía de control. Y no se percibe, de momento, manera de desactivarlas desde la propia economía.
De esta forma concreta de desigualdad económica interesa destacar dos aspectos: por un lado, la proximidad amistosa de la élite managerialprivada con la élite político-burocrática, una interpenetración (¿complicidad?) que contribuye a sostener el andamiaje con el que los gestores desvían en su favor las rentas de situación correspondientes. Porque solo desde la política podría controlarse esta forma de saqueo organizada. Pero la política no percibe incentivos concretos para intervenir autoritariamente en ese mundo, algo que, por otro lado, le generaría dificultades sin cuento en el corto plazo.
El otro aspecto es el de la legitimación social, es decir, los valores socialmente difusos que permiten a este estrato obtener unos rendimientos tan descomunales sin mayor oposición. Las sociedades occidentales aceptan hoy sin mayor cuestionamiento (también los medios creadores de opinión son dirigidos por gestores) la idea de que los conocimientos o habilidades especiales de un individuo legitiman sin más su renta superior, y además no poseen ningún criterio sobre sus límites (¿cuántos cientos de miles de euros debe ganar un cirujano cardiovascular o un gestor habilidoso de fondos?). Se cree, con inexplicable ingenuidad, que hay un mercado que lo determina adecuadamente.
Esta aceptación acrítica de esta desigualdad concreta implica que no se percibe que el éxito individual es en gran parte el fruto de una previa organización social muy compleja, de manera que el mérito (si de tal hay que hablar) es social y no individual. De nada le valdría a Ronaldo su peculiar habilidad con la pierna si no se hubiera desarrollado la sociedad en que crece. Pero es que, además, existe una peculiar tautología en la explicación social funcionalista de la desigualdadmanagerial: las élites afirman que su alta retribución se debe al hecho de que desarrollan una actividad especialmente necesaria y apreciada, pero la única prueba de ello es el hecho de que reciben una retribución muy alta. Una circularidad argumentativa carente de corroboración externa. Y es que el darwinismo siempre fue una explicación “excesiva” en lo social, pues justifica cualquier desigualdad existente por el simple hecho de existir.
Por su parte, la exclusión económica de la parte de población que carece de empleo retribuido dignamente obedece sin duda a razones económicas conectadas a la exposición a una globalización acelerada. Quienes no pueden situarse en Occidente en un nicho particular de trabajos protegidos de la competencia mundial, ven desplomarse su retribución o su empleabilidad, que tiende a igualarse a la de sus homólogos orientales, y engrosan las filas de un estrato nuevo: la de quienes, aun trabajando, no podrán vivir. Dicho de otra forma, parece bastante cierto que las sociedades desarrolladas no pueden dar trabajo aceptable a todos sus miembros: la contradicción fundamental es que todos necesitan trabajar para vivir, pero que la sociedad no necesita del trabajo de todos para crecer.
El frío dato globalizador oculta, además, unas contradicciones de segundo orden que son tan llamativas como deliberadamente ocultadas: las que operan entre generaciones o, si se prefiere, entre el tiempo presente y el futuro. Las sociedades europeas son de hecho unos sistemas económicos depredadores del futuro, y quienes viven razonablemente bien en ellas lo hacen a costa de la exclusión de las generaciones más jóvenes. El sistema económico está organizado para sostener el estatus de los perceptores de rentas medias mediante ayudas públicas cuyo coste está diferido al futuro. De manera que la mayor parte de las generaciones jóvenes nunca vivirán como sus precedentes, pero financiarán la prosperidad actual de estos. Esta es una contradicción que ninguna ideología política de las existentes está capacitada para asumir y desarrollar, por lo que se la ignora tanto en la práctica política como en el discurso público. Por otro lado, no resulta difícil mantener engañada a la generación más joven mediante el uso de utopías críticas sobre el sistema económico en general.
La crisis económica actual y su difícil salida está emborronando ese hecho: nunca habrá ya buenos trabajos para todos porque nunca se precisará de tanto trabajo humano. Y si eso es así, la única salida social posible es romper la conexión hasta hoy ineluctable entre trabajo y supervivencia. La sociedad deberá garantizar la vida digna a todos con independencia de que trabajen o no. Algo que implica un cambio revolucionario, no tanto en la práctica económica (en donde en realidad se consumen ya hoy enormes esfuerzos fiscales para mantener trabajos no necesarios), como en las mentes. Resultará muy difícil (y tendrá consecuencias sociales probablemente insospechadas) avanzar en una desvinculación manifiesta entre trabajo y vida. El paradigma del ser humano ha sido el del homo laborans durante la mayor parte de su existencia en la tierra, y cambiar la conciencia de esa mismidad costará más que cambiar la realidad objetiva misma. Y, sin embargo, no parecen existir muchas alternativas.
José María Ruiz Soroa, es abogado.
sábado, 7 de septiembre de 2013
El político y el personaje
JAVIER ZARZALEJOS
EL CORREO 07/09/13
Obama ha embarrancado en el conflicto sirio. Su actuación resume las contradicciones de un político que solo se siente cómodo en el terreno de la retórica.
En torno a todo político relevante se construye un personaje pero rara vez ambos coinciden. Unas veces, el personaje construido a base de prejuicios y percepciones distorsionadas no hace justicia al político; otras es el político el que no está a la altura de su propio personaje. Esto último parece que le está ocurriendo a Obama: un político que se está revelando muy por debajo del personaje erigido en el altar de los héroes. Nadie negará a Obama una capacidad de movilización y de persuasión poco comunes. Tampoco, un discurso atractivo, regenerador y sugestivo. Obama vino a cumplir los deseos de recuperación de la hegemonía política del progresismo buenista y multicultural e hizo emerger en su favor una realidad torpemente ignorada por la derecha norteamericana de la era post-Bush que vio reducida su audiencia electoral a un segmento integrado mayoritariamente por hombres, blancos, adultos, de diversas denominaciones cristianas pero no católicos y estrictamente monoculturales anglófonos.
La exitosa demonización de su antecesor, George Bush, más allá de la dimensión política de éste, hizo que Obama devolviera a la izquierda urbana de Europa y Estados Unidos la arrogante convicción en su superioridad moral. Los europeos tuvieron la sensación de que por primera vez también ellos, de alguna manera, habían votado en las elecciones presidenciales y Europa celebró, con satisfacción visible aunque con lógica dudosa, que fuera elegido el presidente de los Estados Unidos al que Europa menos importaba. El fin de una era de conflictos, la reforma social interna en vez de la reconfiguración del orden internacional, la liquidación de guerras heredadas, el restablecimiento del prestigio de los Estados Unidos, el ‘poder suave’ frente al militarismo, han sido reclamos atrayentes para los ciudadanos de una potencia cansada. El problema de Obama es que es precisamente él quien ya no encaja en su propio relato. No se trata de que sea mejor o peor. La cuestión es previa. Se trata simplemente de que es humano y eso no se acepta fácilmente por quienes en las urnas y en los medios lo encumbraron en un ejercicio de mitomanía adolescente impropio de la racionalidad crítica de un sistema democrático.
Obama ha embarrancado en el conflicto sirio. Su actuación en este grave asunto viene a resumir todas las contradicciones de un político que sólo se siente cómodo en el terreno de la retórica que, sin duda, domina. Es verdad que el mundo occidental en general, y los Estados Unidos en particular, se muestran cansados y escépticos ante la perspectiva del uso de la fuerza y entienden que Afganistán, Iraq o Libia no avalan nuevas iniciativas de esta naturaleza. Pero es en esas circunstancias donde los liderazgos deben ejercer capacidad de persuasión, eficacia explicativa y definición estratégica, si es que la administración americana esta convencida de que hay que golpear al régimen de Assad.
Y el liderazgo que está exhibiendo Obama es perfectamente descriptible hasta el punto de que ahora el problema no es tanto qué le ocurre a Assad –que ya sabe que no tienen intención de derrocarle– sino en qué posición queda la presidencia de los Estados Unidos. Vote lo que vote el Congreso, Obama ha transferido su propia y estricta responsabilidad a otros, en este caso al Legislativo. Si se salva de una derrota en el Capitolio, será por el apoyo de los republicanos y después de generar un importante lío para trasladar al Congreso la responsabilidad de decidir, en una huida hacia delante y a modo de disculpa, el presidente de los Estados Unidos afirma que no es su credibilidad la que está en juego sino la de la ‘comunidad internacional’. Pero aunque no le guste, es su credibilidad la que se encuentra comprometida y no sólo porque los americanos no quieran nuevas intervenciones sino porque el propio presidente se encuentra atrapado en la retórica que tanto contribuyó a auparle hasta la Casa Blanca.
Haber clamado en su día por la legalidad internacional y ni siquiera mencionar a la ONU en estas circunstancias es un juego mas bien difícil de entender porque el hecho de que Rusia y China bloqueen el Consejo de Seguridad es todo menos una novedad. Censurar el ‘unilateralismo’ de otros y al mismo tiempo estar dispuesto a actuar con el magro acompañamiento del Gobierno islamista de Turquía y el socialista de Francia, tampoco parece convincente. Reunir pruebas que demuestran la responsabilidad del régimen de Assad en el uso de armas químicas y renunciar a su derrocamiento es otra de las preguntas sin respuesta consistente. Y si se considera que el de Assad ya no es un régimen sino uno de los bandos en una guerra civil, que el otro bando con creciente presencia de yihadistas sea el beneficiario de una acción de castigo norteamericana obliga a Obama a prever que entre los que hoy piden el castigo a Assad están muchos de los que, llegada la ocasión, recordarán escandalizados que fue Estados Unidos el que armó a Al-Qaeda en Siria, como ya ocurrió con la ayuda que se prestó a la resistencia afgana contra los soviéticos.
Pero no intervenir también tiene su precio. Las amenazas y los riesgos no desaparecen porque se quieran ignorar. Existen y nos afectan. Seguramente a Obama le gustaría que Estados Unidos fuera menos necesario de lo que es. A Europa, no digamos. Unos y otros están convencidos de que así, cultivando su ‘soft power’, viviría n más tranquilos. El problema de esta vocación de balneario es que fuera hay quienes siguen decididos a perturbar esa apacible ensoñación.
EL CORREO 07/09/13
Obama ha embarrancado en el conflicto sirio. Su actuación resume las contradicciones de un político que solo se siente cómodo en el terreno de la retórica.
En torno a todo político relevante se construye un personaje pero rara vez ambos coinciden. Unas veces, el personaje construido a base de prejuicios y percepciones distorsionadas no hace justicia al político; otras es el político el que no está a la altura de su propio personaje. Esto último parece que le está ocurriendo a Obama: un político que se está revelando muy por debajo del personaje erigido en el altar de los héroes. Nadie negará a Obama una capacidad de movilización y de persuasión poco comunes. Tampoco, un discurso atractivo, regenerador y sugestivo. Obama vino a cumplir los deseos de recuperación de la hegemonía política del progresismo buenista y multicultural e hizo emerger en su favor una realidad torpemente ignorada por la derecha norteamericana de la era post-Bush que vio reducida su audiencia electoral a un segmento integrado mayoritariamente por hombres, blancos, adultos, de diversas denominaciones cristianas pero no católicos y estrictamente monoculturales anglófonos.
La exitosa demonización de su antecesor, George Bush, más allá de la dimensión política de éste, hizo que Obama devolviera a la izquierda urbana de Europa y Estados Unidos la arrogante convicción en su superioridad moral. Los europeos tuvieron la sensación de que por primera vez también ellos, de alguna manera, habían votado en las elecciones presidenciales y Europa celebró, con satisfacción visible aunque con lógica dudosa, que fuera elegido el presidente de los Estados Unidos al que Europa menos importaba. El fin de una era de conflictos, la reforma social interna en vez de la reconfiguración del orden internacional, la liquidación de guerras heredadas, el restablecimiento del prestigio de los Estados Unidos, el ‘poder suave’ frente al militarismo, han sido reclamos atrayentes para los ciudadanos de una potencia cansada. El problema de Obama es que es precisamente él quien ya no encaja en su propio relato. No se trata de que sea mejor o peor. La cuestión es previa. Se trata simplemente de que es humano y eso no se acepta fácilmente por quienes en las urnas y en los medios lo encumbraron en un ejercicio de mitomanía adolescente impropio de la racionalidad crítica de un sistema democrático.
Obama ha embarrancado en el conflicto sirio. Su actuación en este grave asunto viene a resumir todas las contradicciones de un político que sólo se siente cómodo en el terreno de la retórica que, sin duda, domina. Es verdad que el mundo occidental en general, y los Estados Unidos en particular, se muestran cansados y escépticos ante la perspectiva del uso de la fuerza y entienden que Afganistán, Iraq o Libia no avalan nuevas iniciativas de esta naturaleza. Pero es en esas circunstancias donde los liderazgos deben ejercer capacidad de persuasión, eficacia explicativa y definición estratégica, si es que la administración americana esta convencida de que hay que golpear al régimen de Assad.
Y el liderazgo que está exhibiendo Obama es perfectamente descriptible hasta el punto de que ahora el problema no es tanto qué le ocurre a Assad –que ya sabe que no tienen intención de derrocarle– sino en qué posición queda la presidencia de los Estados Unidos. Vote lo que vote el Congreso, Obama ha transferido su propia y estricta responsabilidad a otros, en este caso al Legislativo. Si se salva de una derrota en el Capitolio, será por el apoyo de los republicanos y después de generar un importante lío para trasladar al Congreso la responsabilidad de decidir, en una huida hacia delante y a modo de disculpa, el presidente de los Estados Unidos afirma que no es su credibilidad la que está en juego sino la de la ‘comunidad internacional’. Pero aunque no le guste, es su credibilidad la que se encuentra comprometida y no sólo porque los americanos no quieran nuevas intervenciones sino porque el propio presidente se encuentra atrapado en la retórica que tanto contribuyó a auparle hasta la Casa Blanca.
Haber clamado en su día por la legalidad internacional y ni siquiera mencionar a la ONU en estas circunstancias es un juego mas bien difícil de entender porque el hecho de que Rusia y China bloqueen el Consejo de Seguridad es todo menos una novedad. Censurar el ‘unilateralismo’ de otros y al mismo tiempo estar dispuesto a actuar con el magro acompañamiento del Gobierno islamista de Turquía y el socialista de Francia, tampoco parece convincente. Reunir pruebas que demuestran la responsabilidad del régimen de Assad en el uso de armas químicas y renunciar a su derrocamiento es otra de las preguntas sin respuesta consistente. Y si se considera que el de Assad ya no es un régimen sino uno de los bandos en una guerra civil, que el otro bando con creciente presencia de yihadistas sea el beneficiario de una acción de castigo norteamericana obliga a Obama a prever que entre los que hoy piden el castigo a Assad están muchos de los que, llegada la ocasión, recordarán escandalizados que fue Estados Unidos el que armó a Al-Qaeda en Siria, como ya ocurrió con la ayuda que se prestó a la resistencia afgana contra los soviéticos.
Pero no intervenir también tiene su precio. Las amenazas y los riesgos no desaparecen porque se quieran ignorar. Existen y nos afectan. Seguramente a Obama le gustaría que Estados Unidos fuera menos necesario de lo que es. A Europa, no digamos. Unos y otros están convencidos de que así, cultivando su ‘soft power’, viviría n más tranquilos. El problema de esta vocación de balneario es que fuera hay quienes siguen decididos a perturbar esa apacible ensoñación.
jueves, 29 de agosto de 2013
Lo mejor de nosotros
José María Romera
El Correo 4/8/2013
Al oír el estrépito del tren descarrilado, los vecinos de la localidad gallega de Angrois abandonaron los preparativos de la fiesta del patrón y se lanzaron a las vías para socorrer a las víctimas. No fueron solo unos pocos valientes. Antes de que llegaran los servicios de emergencia ya estaban como un solo hombre rompiendo las ventanillas de los vagones volcados para rescatar a los supervivientes, trasladando heridos en sus brazos, cubriendo piadosamente los cadáveres con mantas y ofreciendo consuelo a los afligidos sin pensar que sus propias vidas podían estar en riesgo. En medio de aquel panorama infernal de horror y muerte, pusieron uno de esos toques de hermosura que nos redimen del pesimismo cuando el mal irrumpe en la vida de forma tan implacable. Es como si nos vinieran a decir que no todo está perdido, y que dentro de nuestro cinismo narcisista los humanos conservamos un fondo de nobleza que sale a la superficie en las situaciones extremas.
¿Qué empuja a la gente a actuar así cuando podría hacer lo contrario, es decir, huir sin pensarlo del lugar del espanto? ¿Por qué el impulso altruista se impone sobre el instinto de conservación? Dentro del abanico de las emociones positivas hay una, la llamada 'elevación', ligada a los mecanismos de supervivencia, que nos inclina a hacer el bien por la sola satisfacción de hacerlo, sin esperar recompensa alguna, primando la generosidad sobre cualquier otra actitud. Aunque la elevación puede activarse en situaciones diversas, cuando irrumpe de manera más nítida y arrolladora es en las catástrofes colectivas, donde es frecuente encontrar a personas habitualmente miedosas transformadas en samaritanos llenos de coraje. Ayudar nos eleva unos palmos sobre el suelo, y también nos eleva ser testigos de cómo otros ayudan a los demás. Por eso tendemos a construir relatos embellecidos de los acontecimientos altruistas, tanto más edificantes cuantas mayores dosis de esfuerzo, valor o grandeza carguemos en la narración de la gesta.
Hay que admitir que estas historias nos fascinan no tanto por lo que dicen de sus protagonistas sino porque indirectamente nos dejan en buen lugar a nosotros mismos, como miembros de una misma especie. Y, en particular, como seres anónimos identificados con esos otros ciudadanos de a pie que, a diferencia de los políticos, se guían por los buenos sentimientos. En el recientemente publicado 'Manual del dictador. Por qué la mala conducta es casi siempre una buena política' (Siruela, 2013) los politólogos Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith han dejado cortas las impresiones de Maquiavelo acerca del poder y vienen a demostrar que las organizaciones políticas precisan de la maldad para tener éxito. Es una contribución académica al mito popular del gobernante odioso, contra el que emerge esta otra imagen del buen ciudadano capaz de comportarse con la máxima dignidad en los momentos difíciles. Si el espectáculo de la actualidad nos aturde con su continua exhibición de deformidades humanas, ¿cómo resistirse a la tentación de crear modelos opuestos sacándolos además de la vida cotidiana donde residimos la mayoría? Frente a villanos como Berlusconi o Bárcenas y monstruos como José Bretón o Ariel Castro, que muestran la parte más bellaca de la condición humana, ¿cómo no volver la mirada hacia estos seres ejemplares que nos recuerdan hasta qué punto seríamos capaces de darlo todo por los demás? Lo que ocurre es que, no contentos con valorar los hechos en su exacta dimensión ya de por sí honrosa, tendemos a magnificarlos rodeándolos de méritos añadidos. La corriente laudatoria del individuo común y corriente que de pronto alcanza la excelencia está llevando a presentar como modelos singulares de civismo y solidaridad a personas que se limitan a cumplir con deberes elementales como devolver una cartera extraviada a su dueño, sofocar las llamas de un incendio o pedir una ambulancia para el vecino accidentado. El uso indiscriminado y algo gratuito de la palabra 'héroe' ha elevado a la categoría de gesta cualquier acto de empatía espontánea. Tan necesitados debemos de estar de soplos de confianza en el ser humano que damos el mismo peso a una buena acción que a una gesta sobrehumana.
En cualquier caso, actuaciones colectivas e individuales como las del 24 de julio en Angrois animan a creer en las tesis de Pinker ('Los ángeles que llevamos dentro', Paidós, 2012) acerca del progreso moral de una humanidad que se aleja de la violencia y, con todos sus altibajos en el trayecto, va acercándose a la bondad. Que no es poca cosa. En otras catástrofes -sin ir más lejos, y en el mismo orden de desgracias, el accidente ferroviario en Brétigny diez días antes- hubo quienes, en vez de dejarse llevar por el impulso de ayuda, optaron por el pillaje. Ellos sí que no podrán decir como los héroes o simples buenas gentes de Angrois: «Hicimos lo que teníamos que hacer».
LA CITA Henry-Lotás Mencken «El altruismo descansa en la evidencia de que es muy engorroso tener gente desgraciada al lado de uno»
El Correo 4/8/2013
Al oír el estrépito del tren descarrilado, los vecinos de la localidad gallega de Angrois abandonaron los preparativos de la fiesta del patrón y se lanzaron a las vías para socorrer a las víctimas. No fueron solo unos pocos valientes. Antes de que llegaran los servicios de emergencia ya estaban como un solo hombre rompiendo las ventanillas de los vagones volcados para rescatar a los supervivientes, trasladando heridos en sus brazos, cubriendo piadosamente los cadáveres con mantas y ofreciendo consuelo a los afligidos sin pensar que sus propias vidas podían estar en riesgo. En medio de aquel panorama infernal de horror y muerte, pusieron uno de esos toques de hermosura que nos redimen del pesimismo cuando el mal irrumpe en la vida de forma tan implacable. Es como si nos vinieran a decir que no todo está perdido, y que dentro de nuestro cinismo narcisista los humanos conservamos un fondo de nobleza que sale a la superficie en las situaciones extremas.
¿Qué empuja a la gente a actuar así cuando podría hacer lo contrario, es decir, huir sin pensarlo del lugar del espanto? ¿Por qué el impulso altruista se impone sobre el instinto de conservación? Dentro del abanico de las emociones positivas hay una, la llamada 'elevación', ligada a los mecanismos de supervivencia, que nos inclina a hacer el bien por la sola satisfacción de hacerlo, sin esperar recompensa alguna, primando la generosidad sobre cualquier otra actitud. Aunque la elevación puede activarse en situaciones diversas, cuando irrumpe de manera más nítida y arrolladora es en las catástrofes colectivas, donde es frecuente encontrar a personas habitualmente miedosas transformadas en samaritanos llenos de coraje. Ayudar nos eleva unos palmos sobre el suelo, y también nos eleva ser testigos de cómo otros ayudan a los demás. Por eso tendemos a construir relatos embellecidos de los acontecimientos altruistas, tanto más edificantes cuantas mayores dosis de esfuerzo, valor o grandeza carguemos en la narración de la gesta.
Hay que admitir que estas historias nos fascinan no tanto por lo que dicen de sus protagonistas sino porque indirectamente nos dejan en buen lugar a nosotros mismos, como miembros de una misma especie. Y, en particular, como seres anónimos identificados con esos otros ciudadanos de a pie que, a diferencia de los políticos, se guían por los buenos sentimientos. En el recientemente publicado 'Manual del dictador. Por qué la mala conducta es casi siempre una buena política' (Siruela, 2013) los politólogos Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith han dejado cortas las impresiones de Maquiavelo acerca del poder y vienen a demostrar que las organizaciones políticas precisan de la maldad para tener éxito. Es una contribución académica al mito popular del gobernante odioso, contra el que emerge esta otra imagen del buen ciudadano capaz de comportarse con la máxima dignidad en los momentos difíciles. Si el espectáculo de la actualidad nos aturde con su continua exhibición de deformidades humanas, ¿cómo resistirse a la tentación de crear modelos opuestos sacándolos además de la vida cotidiana donde residimos la mayoría? Frente a villanos como Berlusconi o Bárcenas y monstruos como José Bretón o Ariel Castro, que muestran la parte más bellaca de la condición humana, ¿cómo no volver la mirada hacia estos seres ejemplares que nos recuerdan hasta qué punto seríamos capaces de darlo todo por los demás? Lo que ocurre es que, no contentos con valorar los hechos en su exacta dimensión ya de por sí honrosa, tendemos a magnificarlos rodeándolos de méritos añadidos. La corriente laudatoria del individuo común y corriente que de pronto alcanza la excelencia está llevando a presentar como modelos singulares de civismo y solidaridad a personas que se limitan a cumplir con deberes elementales como devolver una cartera extraviada a su dueño, sofocar las llamas de un incendio o pedir una ambulancia para el vecino accidentado. El uso indiscriminado y algo gratuito de la palabra 'héroe' ha elevado a la categoría de gesta cualquier acto de empatía espontánea. Tan necesitados debemos de estar de soplos de confianza en el ser humano que damos el mismo peso a una buena acción que a una gesta sobrehumana.
En cualquier caso, actuaciones colectivas e individuales como las del 24 de julio en Angrois animan a creer en las tesis de Pinker ('Los ángeles que llevamos dentro', Paidós, 2012) acerca del progreso moral de una humanidad que se aleja de la violencia y, con todos sus altibajos en el trayecto, va acercándose a la bondad. Que no es poca cosa. En otras catástrofes -sin ir más lejos, y en el mismo orden de desgracias, el accidente ferroviario en Brétigny diez días antes- hubo quienes, en vez de dejarse llevar por el impulso de ayuda, optaron por el pillaje. Ellos sí que no podrán decir como los héroes o simples buenas gentes de Angrois: «Hicimos lo que teníamos que hacer».
LA CITA Henry-Lotás Mencken «El altruismo descansa en la evidencia de que es muy engorroso tener gente desgraciada al lado de uno»
miércoles, 21 de agosto de 2013
La mala conciencia
ANDONI UNZALU GARAIGORDOBIL
EL CORREO 21/08/13
El sábado pasado la pregonera de la Aste Nagusia de Bilbao espetó desde el balcón: «Estoy harta. ¡Basta ya!». Una alusión que todo el mundo entendió (y muchos de los que estaban en la plaza aplaudieron). El delegado del Gobierno había intentado politizar las fiestas y eso no se podía consentir.
Y lo decía sin inmutarse desde el balcón. Sólo tenía que mirar hacia abajo. Y sí, los que siempre politizan las fiestas, los vampiros que quieren seguir chupando la sangre ajena, estaban allí con sus gritos y pancartas. Hace falta mucho tiempo, muchos miedos pasados, una enajenación colectiva de la conciencia para que una ceguera tan rotunda se instale en muchos de nuestros ciudadanos.
Y me acuerdo de la frase de Burke: «Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada». Si cada vez que quieren algo nos asustamos todos y nos ponemos como locos buscando una salida que les guste (que es exactamente lo que ha pasado en Bilbao), no vamos a terminar nunca con esta historia
Y en tantos años de dejación de la conciencia y miedo hemos creado un argumentario elemental para justificar nuestra propia cobardía. El que más me gusta es el de que «no es una política inteligente». Bueno, ¿y lo inteligente qué sería?
El lehendakari Patxi López dice a menudo que en Euskadi ha habido personas que mataban al que pensaba diferente, personas y grupos que les daban amparo y personas que cerraron los ojos de la conciencia para no ver lo que pasaba. Y tiene razón. En Euskadi ha habido mucha gente que decidió que mejor dejarlo pasar y no crearse problemas.
Durante demasiado tiempo, ETA y los grupos que la han apoyado han extendido un terror oculto. No sólo el miedo a un atentado, están también los comercios sojuzgados por la violencia al por menor ejercida por los militantes que se creían con el amparo de la ‘organización’. Pero ese miedo ha colonizado de forma especial, con lenguaje posmoderno y de pseudo izquierdas, a los grupos culturales y deportivos. Cuando mayoritariamente la sociedad vasca ha dimitido, sólo una minoría resuelta y, sobre todo, el derecho es lo que nos ha salvado.
A mí me duele en el alma tener que reconocer que fue un señor pequeño de bigote, con tics autoritarios, el que mandó parar, aunque es verdad que Zapatero tuvo los reflejos de sumarse. Y los lectores se acordarán de las cosas que se decían. Tampoco entonces «era inteligente ilegalizar Batasuna».
Y, sin embargo, cuando todo se oculta, cuando los responsables han dimitido, sólo la aplicación de la ley tiene el efecto pedagógico de volver a reivindicar los valores democráticos en la sociedad. Cuando actúa la justicia es consecuencia de un fracaso social y político. Lo fue entonces y lo es ahora. El delegado del Gobierno no debería tener que actuar.
Lo de la chupinera no debería haber pasado nunca, ni lo de los carteles, ni las manifestaciones que se incrustan en las fiestas, en el Azoka de Durango y un largo, etc. Debería haber sido la propia sociedad vasca la que debería haber impedido todo eso. Pero no, no ha pasado. Y ése es el problema que seguimos teniendo en Euskadi. No que un delegado que se cree un Quijote moderno ande todos los días yendo a los tribunales.
Cuando en una sociedad ha habido grupos significativos que han apoyado el terrorismo, grupos muy numerosos que han preferido no ver; cuando, por fin, el terrorismo ha sido derrotado la pregunta es: ¿y, ahora, qué hacemos? Nuestro problema no es el delegado, nuestro problema es qué hacer con nuestro pasado. Ahora ya no se puede utilizar como coartada el miedo, porque el terrorismo no tiene poder para seguir amenazando.
El miedo que tenemos es la desazón de cada uno por la mala conciencia del pasado. Es más sencillo dejar pasar el tiempo, esperar de nuevo que la fiera se vaya calmando y que todos nos olvidemos de lo que pasó. Pero la bestia se niega no ya a renegar de su pasado, sino que sigue, con arrogancia, reivindicándolo.
Y eso nos pone a la sociedad vasca en un nuevo dilema, porque el silencio nuevo, un silencio que busca el olvido discreto, no va a ser posible; los de Batasuna no lo están permitiendo.
Para exorcizar este pasado colectivo un mínimo de ‘lustratio’ es necesaria. No se trata de pedir que organicemos procesiones de penitentes flagelándose. Pero algo sí tendremos que hacer (por cierto, todos los que critican la Transición española por no haber hecho ‘lustratio’, por no haber metido en la cárcel unos miles de franquistas y expulsado unos miles más de funcionarios, son los que ahora con más ardor defienden el olvido en la sociedad vasca, justicia transicional lo llaman).
Y mientras no seamos capaces de construir una frontera ética frente a los que siguen reivindicando el pasado, no vamos a poder pagar la penitencia mínima de nuestras culpas.
Me acuerdo de que en los primeros noventa, más de una vez, cuando algún general de la dictadura argentina entraba en un restaurante, todos los comensales se levantaban y se iban. Hasta que no llegue ese día aquí, hasta que, cuando invadan un espacio compartido imponiendo su pasado, no seamos capaces de levantarnos y dejarles solos en su miseria, hasta entonces la mala conciencia de nuestro pasado seguirá impidiendo que tengamos libertad, y seguiremos pagando con vergüenza oculta nuestros miedos.
Y el impedir que la chupinera lanzara con arrogancia su chupín, no ha sido una cuestión política, ni judicial, era ante todo una cuestión de decencia.
EL CORREO 21/08/13
El sábado pasado la pregonera de la Aste Nagusia de Bilbao espetó desde el balcón: «Estoy harta. ¡Basta ya!». Una alusión que todo el mundo entendió (y muchos de los que estaban en la plaza aplaudieron). El delegado del Gobierno había intentado politizar las fiestas y eso no se podía consentir.
Y lo decía sin inmutarse desde el balcón. Sólo tenía que mirar hacia abajo. Y sí, los que siempre politizan las fiestas, los vampiros que quieren seguir chupando la sangre ajena, estaban allí con sus gritos y pancartas. Hace falta mucho tiempo, muchos miedos pasados, una enajenación colectiva de la conciencia para que una ceguera tan rotunda se instale en muchos de nuestros ciudadanos.
Y me acuerdo de la frase de Burke: «Para que triunfe el mal, sólo es necesario que los buenos no hagan nada». Si cada vez que quieren algo nos asustamos todos y nos ponemos como locos buscando una salida que les guste (que es exactamente lo que ha pasado en Bilbao), no vamos a terminar nunca con esta historia
Y en tantos años de dejación de la conciencia y miedo hemos creado un argumentario elemental para justificar nuestra propia cobardía. El que más me gusta es el de que «no es una política inteligente». Bueno, ¿y lo inteligente qué sería?
El lehendakari Patxi López dice a menudo que en Euskadi ha habido personas que mataban al que pensaba diferente, personas y grupos que les daban amparo y personas que cerraron los ojos de la conciencia para no ver lo que pasaba. Y tiene razón. En Euskadi ha habido mucha gente que decidió que mejor dejarlo pasar y no crearse problemas.
Durante demasiado tiempo, ETA y los grupos que la han apoyado han extendido un terror oculto. No sólo el miedo a un atentado, están también los comercios sojuzgados por la violencia al por menor ejercida por los militantes que se creían con el amparo de la ‘organización’. Pero ese miedo ha colonizado de forma especial, con lenguaje posmoderno y de pseudo izquierdas, a los grupos culturales y deportivos. Cuando mayoritariamente la sociedad vasca ha dimitido, sólo una minoría resuelta y, sobre todo, el derecho es lo que nos ha salvado.
A mí me duele en el alma tener que reconocer que fue un señor pequeño de bigote, con tics autoritarios, el que mandó parar, aunque es verdad que Zapatero tuvo los reflejos de sumarse. Y los lectores se acordarán de las cosas que se decían. Tampoco entonces «era inteligente ilegalizar Batasuna».
Y, sin embargo, cuando todo se oculta, cuando los responsables han dimitido, sólo la aplicación de la ley tiene el efecto pedagógico de volver a reivindicar los valores democráticos en la sociedad. Cuando actúa la justicia es consecuencia de un fracaso social y político. Lo fue entonces y lo es ahora. El delegado del Gobierno no debería tener que actuar.
Lo de la chupinera no debería haber pasado nunca, ni lo de los carteles, ni las manifestaciones que se incrustan en las fiestas, en el Azoka de Durango y un largo, etc. Debería haber sido la propia sociedad vasca la que debería haber impedido todo eso. Pero no, no ha pasado. Y ése es el problema que seguimos teniendo en Euskadi. No que un delegado que se cree un Quijote moderno ande todos los días yendo a los tribunales.
Cuando en una sociedad ha habido grupos significativos que han apoyado el terrorismo, grupos muy numerosos que han preferido no ver; cuando, por fin, el terrorismo ha sido derrotado la pregunta es: ¿y, ahora, qué hacemos? Nuestro problema no es el delegado, nuestro problema es qué hacer con nuestro pasado. Ahora ya no se puede utilizar como coartada el miedo, porque el terrorismo no tiene poder para seguir amenazando.
El miedo que tenemos es la desazón de cada uno por la mala conciencia del pasado. Es más sencillo dejar pasar el tiempo, esperar de nuevo que la fiera se vaya calmando y que todos nos olvidemos de lo que pasó. Pero la bestia se niega no ya a renegar de su pasado, sino que sigue, con arrogancia, reivindicándolo.
Y eso nos pone a la sociedad vasca en un nuevo dilema, porque el silencio nuevo, un silencio que busca el olvido discreto, no va a ser posible; los de Batasuna no lo están permitiendo.
Para exorcizar este pasado colectivo un mínimo de ‘lustratio’ es necesaria. No se trata de pedir que organicemos procesiones de penitentes flagelándose. Pero algo sí tendremos que hacer (por cierto, todos los que critican la Transición española por no haber hecho ‘lustratio’, por no haber metido en la cárcel unos miles de franquistas y expulsado unos miles más de funcionarios, son los que ahora con más ardor defienden el olvido en la sociedad vasca, justicia transicional lo llaman).
Y mientras no seamos capaces de construir una frontera ética frente a los que siguen reivindicando el pasado, no vamos a poder pagar la penitencia mínima de nuestras culpas.
Me acuerdo de que en los primeros noventa, más de una vez, cuando algún general de la dictadura argentina entraba en un restaurante, todos los comensales se levantaban y se iban. Hasta que no llegue ese día aquí, hasta que, cuando invadan un espacio compartido imponiendo su pasado, no seamos capaces de levantarnos y dejarles solos en su miseria, hasta entonces la mala conciencia de nuestro pasado seguirá impidiendo que tengamos libertad, y seguiremos pagando con vergüenza oculta nuestros miedos.
Y el impedir que la chupinera lanzara con arrogancia su chupín, no ha sido una cuestión política, ni judicial, era ante todo una cuestión de decencia.
jueves, 15 de agosto de 2013
Metafísica de la elección
MANFRED NOLTE
El Correo 15/8/2013
Todo individuo aspira al bien de forma inquebrantable, de tal manera que se aloja en su propia genética inconsciente la incapacidad de aceptar cualquier forma de mal para sí mismo. Hasta el desventurado suicida que se quita la vida, abrumado por un cúmulo de contrariedades, no busca en la muerte sino el bien que le alivie de los conflictos que lo inmovilizan hasta el limite y que en su desatino juzga irremediables. Esta búsqueda del bien se traslada en la práctica a Ios fines a los que orienta su conducta. Al ordenarse hacia estos fines múltiples, plurales y en ocasiones contradictorios, el individuo busca acallar ese impulso innato alineado con sus intereses. Este trazo íntimo y primario de egoísmo está grabado a fuego en el instinto de supervivencia de los mortales.
Sucede que los limitados medios disponibles para lograr la satisfacción de los fines perseguidos no permiten al ser humano alcanzar todo cuanto desea. El contentamiento de todas las necesidades sentidas resulta sencillamente imposible. Por ello, en su proceder diario, los individuos se ven obligados a elegir entre aquellos medios y fines que se les presentan, de tal forma que el resultado de su decisión sea el mejor posible, es decir, el más congruente para encarar sus necesidades con los restringidos recursos a su alcance. Esta jerarquización de fines y la selección de los medios correspondientes constituye el objeto especifico de la actividad económica.
Lo anterior nos lleva de su mano al 'homo oeconomicus', un concepto injustamente criticado por diversos sectores de la academia sobre todo por razones morales, pero también por otras de índole lógica e incluso empírica. El 'hombre económico' es una representación teórica atribuida a Wilfredo Pareto según la cual el individuo basa sus decisiones en su propia función de utilidad personal, comportándose de forma racional ante los estímulos económicos que se le presentan, procesando adecuadamente la información de la que dispone y actuando en consecuencia.Con menor formalismo pero mayor expresividad aludía Adam Smith a la motivación última del individuo, en este caso del comerciante: «No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas». Quienes descalifican este planteamiento pasan por alto que los atributos de ese egoísmo complejo y superviviente entroncan de forma natural con las últimas raíces aludidas de su condición humana, de las que por mucho que desee nunca logrará despojarse. Volviendo al comienzo, el profesor Lionell Robbins, pone marco a la actividad económica cuando la describe como «aquella actividad humana que expresa una relación entre fines jerarquizados y medios escasos susceptibles de usos alternativos». Esta definición sienta las bases de la comprensión no solo del hecho sino también de la dinámica económica. Ampliando el razonamiento cabe sintetizar que la actividad económica surge cuando se dan simultáneamente cuatro condiciones. Una serie de fines deseados por el individuo. Que estos fines admitan una jerarquización. Que los medios sean escasos. Y que no haya destino concreto de un medio para un solo fin, sino que por el contrario, los medios sean susceptibles de múltiples usos y sea el sujeto humano el que deba indicar cuál es el uso concreto más conveniente en cada momento, es decir, el individuo ha de elegir el uso alternativo a que va a dedicar el bien.
De los cuatro requisitos, es este último el que otorga una dimensión trascendente o metafísica -aquello que Kant calificó de «necesidad inevitable»- al quehacer económico. La posibilidad de utilizar los medios escasos para destinos múltiples y alternativos pone en juego la libertad de decisión, la persecución del bien y el trazado de la propia carrera. Porque al elegir una acción con unos medios concretos y unos fines específicos abandona simultáneamente todas las demás acciones posibles.
Tomar decisiones es tan complejo como necesario. De ello se deriva la noción del coste inherente a su ejercicio. Un coste que se mide no en sí mismo o en el precio en que quepa evaluarlo sino en algo mucho más esencial que anida en el corazón de la conducta humana. El coste de lo que emprende en términos de todas las alternativas a las que renuncia, el costo en el que se incurre al tomar una decisión y no otra, aquello que -como seña, Mankiw- «sacrificamos para conseguir una cosa», es lo que el economista austriaco Friedrich Von Wieser llama 'costo de oportunidad'. El coste de oportunidad representa el valor de la mejor opción no realizada, o bien el coste de la opción que más valor hayamos dado de las que hemos renunciado. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado.
Pero, ¿es cierto que el ejercicio libre de cualquier elección es siempre una decisión económica? Sin la menor duda. Y al ejercitarla en cualquier ámbito afirma sus designios en base a los costos sacrificados. Al elegir y renunciar, el hombre traza su misión. Detrás de la incontestable complejidad de la vida humana y de la existencia de necesidades diversas, la urgencia de establecer una coordinación entre ellas, la necesidad de soportarlas todas, y la obligatoriedad de establecer primacías, hacen del acto de elegir y descartar un magma que irradia al hombre todo y que lo catapulta a su senda inexorable. Queda patente que nada es igual a otra cosa ni tiene su misma importancia. «Estar en forma -explicaba Ortega- es que no nos de lo mismo una cosa que otra». El hombre advierte en todo momento que está obligado a elegir, tiene que descubrir cual es su auténtica necesidad, requiere acertar consigo mismo y resolverse a sus opciones. De ahí que la elección humana, siempre de espíritu económico, haga que solo el hombre -más allá de la satisfacción de sus necesidades- se granjee el rango de ser titular y acreedor de un destino, o sea, de su propio destino.
El Correo 15/8/2013
Todo individuo aspira al bien de forma inquebrantable, de tal manera que se aloja en su propia genética inconsciente la incapacidad de aceptar cualquier forma de mal para sí mismo. Hasta el desventurado suicida que se quita la vida, abrumado por un cúmulo de contrariedades, no busca en la muerte sino el bien que le alivie de los conflictos que lo inmovilizan hasta el limite y que en su desatino juzga irremediables. Esta búsqueda del bien se traslada en la práctica a Ios fines a los que orienta su conducta. Al ordenarse hacia estos fines múltiples, plurales y en ocasiones contradictorios, el individuo busca acallar ese impulso innato alineado con sus intereses. Este trazo íntimo y primario de egoísmo está grabado a fuego en el instinto de supervivencia de los mortales.
Sucede que los limitados medios disponibles para lograr la satisfacción de los fines perseguidos no permiten al ser humano alcanzar todo cuanto desea. El contentamiento de todas las necesidades sentidas resulta sencillamente imposible. Por ello, en su proceder diario, los individuos se ven obligados a elegir entre aquellos medios y fines que se les presentan, de tal forma que el resultado de su decisión sea el mejor posible, es decir, el más congruente para encarar sus necesidades con los restringidos recursos a su alcance. Esta jerarquización de fines y la selección de los medios correspondientes constituye el objeto especifico de la actividad económica.
Lo anterior nos lleva de su mano al 'homo oeconomicus', un concepto injustamente criticado por diversos sectores de la academia sobre todo por razones morales, pero también por otras de índole lógica e incluso empírica. El 'hombre económico' es una representación teórica atribuida a Wilfredo Pareto según la cual el individuo basa sus decisiones en su propia función de utilidad personal, comportándose de forma racional ante los estímulos económicos que se le presentan, procesando adecuadamente la información de la que dispone y actuando en consecuencia.Con menor formalismo pero mayor expresividad aludía Adam Smith a la motivación última del individuo, en este caso del comerciante: «No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas». Quienes descalifican este planteamiento pasan por alto que los atributos de ese egoísmo complejo y superviviente entroncan de forma natural con las últimas raíces aludidas de su condición humana, de las que por mucho que desee nunca logrará despojarse. Volviendo al comienzo, el profesor Lionell Robbins, pone marco a la actividad económica cuando la describe como «aquella actividad humana que expresa una relación entre fines jerarquizados y medios escasos susceptibles de usos alternativos». Esta definición sienta las bases de la comprensión no solo del hecho sino también de la dinámica económica. Ampliando el razonamiento cabe sintetizar que la actividad económica surge cuando se dan simultáneamente cuatro condiciones. Una serie de fines deseados por el individuo. Que estos fines admitan una jerarquización. Que los medios sean escasos. Y que no haya destino concreto de un medio para un solo fin, sino que por el contrario, los medios sean susceptibles de múltiples usos y sea el sujeto humano el que deba indicar cuál es el uso concreto más conveniente en cada momento, es decir, el individuo ha de elegir el uso alternativo a que va a dedicar el bien.
De los cuatro requisitos, es este último el que otorga una dimensión trascendente o metafísica -aquello que Kant calificó de «necesidad inevitable»- al quehacer económico. La posibilidad de utilizar los medios escasos para destinos múltiples y alternativos pone en juego la libertad de decisión, la persecución del bien y el trazado de la propia carrera. Porque al elegir una acción con unos medios concretos y unos fines específicos abandona simultáneamente todas las demás acciones posibles.
Tomar decisiones es tan complejo como necesario. De ello se deriva la noción del coste inherente a su ejercicio. Un coste que se mide no en sí mismo o en el precio en que quepa evaluarlo sino en algo mucho más esencial que anida en el corazón de la conducta humana. El coste de lo que emprende en términos de todas las alternativas a las que renuncia, el costo en el que se incurre al tomar una decisión y no otra, aquello que -como seña, Mankiw- «sacrificamos para conseguir una cosa», es lo que el economista austriaco Friedrich Von Wieser llama 'costo de oportunidad'. El coste de oportunidad representa el valor de la mejor opción no realizada, o bien el coste de la opción que más valor hayamos dado de las que hemos renunciado. Tomar un camino significa que se renuncia al beneficio que ofrece el camino descartado.
Pero, ¿es cierto que el ejercicio libre de cualquier elección es siempre una decisión económica? Sin la menor duda. Y al ejercitarla en cualquier ámbito afirma sus designios en base a los costos sacrificados. Al elegir y renunciar, el hombre traza su misión. Detrás de la incontestable complejidad de la vida humana y de la existencia de necesidades diversas, la urgencia de establecer una coordinación entre ellas, la necesidad de soportarlas todas, y la obligatoriedad de establecer primacías, hacen del acto de elegir y descartar un magma que irradia al hombre todo y que lo catapulta a su senda inexorable. Queda patente que nada es igual a otra cosa ni tiene su misma importancia. «Estar en forma -explicaba Ortega- es que no nos de lo mismo una cosa que otra». El hombre advierte en todo momento que está obligado a elegir, tiene que descubrir cual es su auténtica necesidad, requiere acertar consigo mismo y resolverse a sus opciones. De ahí que la elección humana, siempre de espíritu económico, haga que solo el hombre -más allá de la satisfacción de sus necesidades- se granjee el rango de ser titular y acreedor de un destino, o sea, de su propio destino.
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