Cuestión de Justicia

05.10.2007
MAITE PAGAZAURTUNDUA

El Correo

Caty Romero vino a vivir a Euskadi por amor. Después del asesinato de su marido, en la década de los 90, apareció una pintada que decía: 'Morcillo, jódete'. Años después, Caty fue una de las fundadoras del Colectivo Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite.

Nati Rodríguez tuvo que clamar para que borraran una pintada en el garaje donde guardaba su coche. Habían asesinado a su marido, en el año 2000, y nadie borraba aquel 'ETA mátalos'. Nati es presidenta de la Fundación Fernando Buesa Blanco.

Cristina Cuesta era una joven estudiante cuando asesinaron a su padre y al escolta de éste. Poco después se convirtió en una de las pioneras en la ruptura del silencio espeso contra las víctimas de ETA. Contra las víctimas de ETA es una forma precisa y objetiva de denominar el tratamiento a las víctimas del terrorismo etarra en la década de los 80. Un tratamiento como la pintada humorística que se podía leer en la Universidad sobre el asesinato de la familia Garrido -padre, madre e hijo-, perpetrado en el hermoso centro de la ciudad de San Sebastián. Además de a los Garrido, la banda mató en aquel atentado a otra ciudadana que pasaba por allí, si no me falla la memoria.

Cierro los ojos y veo a Caty, a Nati, a Cristina, a Ana María, a Teresa, a Javier, a Angel, a Silverio y a tantos otros que no se comportaron como esclavos ante el poder del miedo a ETA en la sociedad vasca. Y es que hay deberes que están por encima de las arbitrariedades políticas, de la lealtad de partido, del tacticismo político o del narcisismo que se ve -de forma creciente- en la opinión pública que nos circunda. Son los deberes con los seres queridos y los deberes ciudadanos en el sentido democrático más profundo para que la sangre no llame a más sangre sino a la Justicia.

El País Vasco es rico, es hermoso, se vive con una engañosa tranquilidad si se aparta la mirada de la impunidad ambiental y de la corrupción moral que ha traído el miedo a ETA. Algunas víctimas, algunos ciudadanos, nos han ido arrojando a la verdad como lo hicieron Fernando Buesa y Gregorio Ordóñez. A ambos los asesinaron siendo parlamentarios de la Cámara autonómica vasca. A Fernando lo asesinaron, entre otras cosas, por realizar el discurso más noble y mejor argumentado contra el derecho de autodeterminación. A Gregorio lo asesinaron por animar a los ciudadanos a plantarle cara a ETA y por declararse vasco y español sin complejos.

El 25 de junio de 2003, el Parlamento vasco aprobó una proposición no de ley con una serie de medidas que podían significar una agenda inequívoca de deslegitimación de la violencia, con hechos, desde el mismo corazón de la sociedad vasca. Unas medidas para acompañar a las víctimas y, además, unas propuestas para hacer frente en el sistema educativo vasco al adoctrinamiento y reclutamiento de niños que, con astucia, realiza el mundo que rodea a ETA dentro de nuestra sociedad.

Los acuerdos de hace cuatro años no se han desarrollado plenamente. Habrían necesitado voluntad política y un liderazgo inequívoco que encabezara la lucha contra la impunidad social del mundo de ETA. No entiendo por qué el lehendakari Ibarretxe no ha convertido esos acuerdos en una auténtica 'hoja de ruta' política contra ETA y por la libertad de los ciudadanos amenazados y perseguidos No entiendo por qué tiñe de desconfianza el trabajo de gente de su Gobierno y de sus filas políticas que desean estar con las víctimas y darle prioridad al combate contra la impunidad social de ETA, mediante la necesaria deslegitimación concreta de ese mundo.

Los acuerdos de 2003 pedían un claro liderazgo institucional que diera preferencia a esta cuestión. Las resoluciones que se aprueben a partir de ahora en el Parlamento vasco sólo podrán pasar de las palabras a los hechos si existe un liderazgo institucional que vuelque toda su energía en convertirlas en realidad. Es cuestión de Justicia, de Dignidad y de Memoria, pero también de respeto a las víctimas y de prioridades en la agenda política.

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20071005/opinion/cuestion-justicia-20071005.html