Las sugerencias de sirena en el referéndum catalán

JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL

EL CORREO 03/01/14

Es verdaderamente asombroso que para intensificar las relaciones con España se pida la independencia y, de paso, se vulnere clamorosamente la Constitución



Los últimos desarrollos de la crisis catalana resultan sumamente preocupantes, no solo porque consisten en propuestas difícilmente acogibles en la actual situación, sino porque denotan un extravío o ligereza realmente llamativos. Me refiero, en primer lugar, al acuerdo de celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña que han alcanzado diversas fuerzas soberanistas y que no disfruta de una mínima cobertura –estemos en el plano constitucional, contrario como es a los supuestos o previsiones de la Norma Fundamental, o legal–, pues la vigente, aunque recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC), Ley de consultas populares catalana no autoriza la celebración de un referéndum sobre materias que no son competencia de la comunidad autónoma, que evidentemente no puede disponer de atribuciones inconstitucionales, como sería en este caso la celebración de una consulta territorial sobre la secesión.

Para muchos, además, este referéndum no solo sería imposible desde el punto de vista del derecho sino que tendría muchos problemas para superar un simple test de democraticidad, que todos los instrumentos de participación política deben pasar. Aunque nuestra democracia sea esencialmente representativa, en la misma caben diversos tipos de referéndum a condición de que se lleven a cabo con determinadas condiciones que aseguren su limpieza, hablemos tanto de la libertad en la defensa de todas las opciones, como de la claridad en la formulación de la pregunta o la averiguación del resultado de la consulta. La libertad de defensa de todas las opciones posibles, de modo que quede garantizada la escrupulosa igualdad de oportunidades de todas ellas, excluye que los poderes públicos intervengan como tales en la campaña, gastando por ejemplo dinero del contribuyente en la defensa de alguna de las opciones. En segundo lugar, en un referéndum que merezca la consideración de democrático la pregunta debe excluir la manipulación, tanto respecto a la actitud de quien se pronuncia, como de la valoración de los resultados. Como todo el mundo comprende no es claro preguntar al votante por la conveniencia de un Estado, que puede entenderse de muchas formas, por ejemplo como un nuevo nombre de la comunidad autónoma. La pregunta asimismo debe formularse en términos neutrales que faciliten el comportamiento racional del ciudadano, sin inducir a una respuesta determinada. En ese sentido puede hablarse de un encabalgamiento entre la primera y la segunda pregunta («por tanto ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente?») como objetivo oculto manipulador de la consulta.

Finalmente, el referéndum debe ser planteado de manera que no haya duda sobre los resultados. ¿Sirve cualquier quórum de asistencia? ¿Y qué pasa si gana el Estado propio, en la primera pregunta, pero no sale el Estado independiente en la segunda contestación? ¿O si gana la independencia, pero sin Estado propio?

Por si no tuviésemos bastante con los despropósitos alcanzados en este acuerdo sobre la consulta, leemos en la prensa algunas ocurrencias realmente disparatadas del Consejo Nacional de Transición, que está dispuesto a diseñar un tipo de escenario post-independencia verdaderamente maravilloso, pues, se lee, el Estado independiente no tiene como finalidad romper las relaciones con España, sino, desde un plano de igualdad, «hacerlas más sólidas que las actuales». Es verdaderamente asombroso que para intensificar las relaciones con España se pida la independencia y, de paso, se vulnere clamorosamente la Constitución que, sin previa reforma, no puede admitir que sobre la configuración territorial del Estado común decida un sujeto que no sea el pueblo español en su conjunto.

Al Consejo Asesor para la Transición nacional, preocupado, según las noticias, por las oportunidades de competición liguera del Barcelona y del Español en la postindependencia, o por si en Cataluña se pudiese ver la televisión española –cuestión esta a resolver no según el principio de la libertad de expresión sino por el criterio de reciprocidad, a saber, si TV-3 se recibiese en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares–, no se le ha pasado por la cabeza que en esa situación de independencia algún peso ha de tener la opinión del Estado español. El Gobierno catalán, de atender las sugerencias de sirena que le hace el Consejo Asesor para la Transición, aplicaría la táctica del Gobierno escocés de desdramatizar la separación, presentándola en términos amables como la culminación lógica de la descentralización. No estaría mal que recordase la actitud del Gobierno británico en trance semejante, que insiste en la seriedad de la secesión y mantiene que, en términos legales y constitucionales, la independencia es algo aparte y distinto de la devolución. De otro lado, el Gobierno británico que, como no puede ser menos en la actualidad, se comporta institucionalmente defendiendo los intereses de todo el Reino Unido, ha advertido en el libro blanco que muchos echamos en falta en España, ‘Scotland analysis: devolution and the implications of Scottish independence’, que cambiará en el momento post-independentista de posición atendiendo exclusivamente la conveniencia de lo que siga siendo el Estado británico.