Maquiavelo en Cataluña

07.11.2006
ANTONIO ELORZA/CATEDRÁTICO DE PENSAMIENTO POLÍTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

El Correo

En las peticiones del fiscal contra los procesados por el atentado del 11-M es aceptada la tesis de que el detonador del mismo fue la política seguida por el Gobierno Aznar en la guerra de Irak. Es muy posible que la llamada que efectuó Bin Laden cinco meses antes desempeñara un papel decisivo en la puesta en marcha del atentado, pero al mismo tiempo no cabe olvidar que el mismo era presentado por esa vía como una acción de justicia, y no como una barbarie gratuita, y en tal sentido lo utilizaron los acusados en el curso de sus declaraciones. Dicho de otro modo, la vinculación con Irak constituía un enlace con las posiciones mayoritarias de la opinión pública española en contra de dicha guerra.

En un orden de cosas muy diferente, la actitud implícitamente adoptada por el presidente Zapatero respecto de la formación del Gobierno catalán responde a una estrategia análoga. No puede aparecer como responsable de una coalición que arroja a CiU a las tinieblas exteriores, ya que entonces eliminaría de un plumazo la posibilidad de que los conservadores catalanes le apoyasen en el Parlamento de Madrid, y por consiguiente tiene que filtrar a los medios de comunicación una impresión de disgusto, que además sería compartida por la mayoría de los afiliados al PSOE. Ahora bien, el líder socialista es respetuoso en Madrid, nuevo mensaje a través de los medios, de aquello que el PSC decide en Barcelona, (aun cuando la defenestración de Maragall vendría a probar lo contrario). Por ello se ve en la obligación de aceptar la acelerada actuación de José Montilla para rehacer el tripartito, en contra de su preferencia por la famosa alianza 'sociovergente' que convertiría en gestión para los próximos años la fórmula que a fin de cuentas hizo viable el Estatut. Sólo falta apelar a la comprensión de Artur Mas para que el coste de la operación sea mínimo. Si Carod vuelve a primera línea de la política catalana, Zapatero se lava las manos. A los ojos de su electorado, Cataluña tendrá ante todo 'un Gobierno de progreso'.

El argumento está bien construido y no ofrece demasiados puntos débiles de cara a eventuales críticas. En todo caso, sería significativa la no-convocatoria del Consejo Federal del PSOE después de las elecciones, pues en su seno hubieran aflorado sin duda críticas y demandas que harían difícil el otorgamiento del cheque en blanco a Montilla. La justificación resulta también inmediata: no había que interferir en el proceso de decisión de los compañeros catalanes.

El camino que lleva a la duda tiene su origen sobre todo en los tiempos, en ese escasísimo plazo que ha transcurrido entre la celebración de las elecciones y la formación del tripartito. No ha sido necesaria, o Zapatero ha juzgado innecesaria, toda reflexión sobre las causas del descalabro sufrido por su partido y sobre los posibles costes que en todos los órdenes, desde las expectativas electorales del futuro a los de la implementación del nuevo Estatuto, pueden derivarse de una presencia privilegiada de Esquerra. Algo difícilmente explicable en alguien tan apegado a aplicar la relación capital-producto a las decisiones políticas. En suma, nuestra interpretación del episodio a la vista de las prisas y del resultado es que su desenlace estaba fijado de antemano, siempre que los números, como ha ocurrido, hicieran posible un Gobierno Montilla con apoyo de ERC e IC.

La explicación tiene dos vertientes. Una es la escasa consideración que Zapatero presta a las consecuencias a medio y a largo plazo para las decisiones políticas. Del mismo modo que en la gestación del Estatut le preocupó únicamente dar con fórmulas legales que llevaran a su aprobación sin una inconstitucionalidad manifiesta, desentendiéndose de cual podía ser el precio a pagar por la acumulación de problemas para el funcionamiento del Estado español y para el respeto de los derechos individuales y del principio de solidaridad, ahora deja de lado la presión que esté en condiciones de ejercer Esquerra, un partido que, recordémoslo, no votó el Estatut al no responder a sus aspiraciones, durante el proceso de puesta en marcha de las nuevas relaciones institucionales. Prever para Zapatero, sin duda, no es de sabios. Y por lo mismo descuida el pequeño detalle de que en el nuevo Gobierno catalán las relaciones de poder van a ser mucho más desfavorables para los socialistas que antes del 1 de noviembre. El gris Montilla no es Maragall, a pesar de los defectos de éste, y de las elecciones ERC sale consolidada, resurge con todos los honores Carod y el PSC se convierte en un partido que gracias a los demás conserva la jefatura de Gobierno a pesar de su derrota. Tal vez IU, satisfecha con el curso de las cosas, colaborará, pero Esquerra tiene ante sí la obligación de mostrar ante la sociedad catalana que sólo con su presencia en el Gobierno se ha podido lograr la superación de los obstáculos hasta hoy pendientes en el Estatut, desde el tema del Prat a las selecciones deportivas. Tendremos, pues, una acción constante de Carod cuya meta será desarrollar a la máxima las previsiones estatutarias, con una dimensión finalista explícita que consiste en ir más allá de la autonomía. Con todos sus problemas de imagen, no es imaginable que Montilla pueda imponer fácilmente su liderazgo y su autonomismo.

La segunda explicación remite a la preferencia manifestada una y otra vez por Zapatero por el poder en sí mismo. Hasta ahora va teniendo suerte, a pesar de los errores acumulados. Entre los más recientes, el respaldo buscado en Europa, obtenido mediante una victoria pírrica, y la derrota convertida en victoria de las elecciones en Cataluña. El contenido es lo de menos, los costes del futuro no importan, interesa sólo mantener la posición de gobierno. Desde este punto de vista, Zapatero era el primer partidario de un Gobierno Montilla. La sustitución del político andaluz por Mas, a pesar de las garantías que ofreciera para un desarrollo armónico del Estatuto, iba en contra de la imagen de ganador que Zapatero busca en todo momento, y aquí sí de forma implacable contra sus oponentes. Véase el ejemplo del trato dado en todos los medios de influencia gubernamental a esa iniciativa inequívocamente democrática pero molesta para el Gobierno que es Ciutadans de Catalunya, primero ignorados y luego literalmente machacados por sus supuestos servicios prestados a la ultraderecha en nombre de un 'nacionalismo cutre español', tal y como ha podido leerse en artículo de una pluma otras veces respetable.

¿Enseñanzas para Euskadi? Nada nuevo. En todo caso, la desconfianza encuentra nuevas razones para poner en duda las declaraciones juradas de un principio en el sentido de que la paz no tendría precio político y de que la Constitución sería en todo caso respetada (tema el segundo últimamente olvidado). ETA puede robar armas, amenazar, mantener intactos los objetivos de autodeterminación y territorialidad que comparte con Batasuna, el Gobierno sigue confiado en que todo tendrá 'happy end'. A estas alturas de la historia, confiemos en la fortuna de ZP antes que en su capacidad de elección racional.


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